Por Rosendo Fraga.

La protesta de la oposición mexicana contra la reforma del control electoral de Manuel López Obrador se intensifica. En concreto, el presidente mexicano intenta retornar al llamado “dedazo”, el sistema de decisión político-electoral por el cual el primer magistrado -cuyo mandato en México dura seis años y no tiene reelección de por vida- imponía su sucesor dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó con este sistema durante más de medio siglo, hasta el advenimiento del siglo XXI. La firma del NAFTA (el acuerdo de libre comercio de Estados Unidos, Canadá y México) forzó la apertura de este sistema. La oposición de centroderecha ganó así su primera elección y volvió a hacerlo en el periodo subsiguiente, tras lo cual el PRI retornó al poder para ser elegido después el actual presidente por una fuerza populista escindida del tronco del PRI. El instrumento de la apertura fue el Instituto Nacional Electoral (INE), que viene supervisando desde hace dos décadas el funcionamiento del sistema electoral, sacándolo del control por parte del gobierno de turno. Andrés López Obrador logró que el Congreso apruebe una reforma que quita fondos y autonomía al INE. Hasta el momento, el presidente ha hecho saber su apoyo a la alcaldesa oficialista de la capital, Claudia Sheinbaum, quien se encuentra bien posicionada en los sondeos. La oposición, debilitada y dividida, parece haber encontrado en el cuestionamiento y la movilización contra la política de López Obrador para terminar con la autonomía del INE, un punto de unión. En Estados Unidos, en las filas del partido demócrata se han planteado críticas a esta iniciativa del presidente mexicano, pero sin que se alteren las relaciones bilaterales.

La posición de México frente a la guerra de Ucrania al cumplirse un año de la invasión rusa, refleja la de la región en su conjunto: condena a Rusia por su decisión militar, pero no se suma a las sanciones económicas. Es la posición que mantienen desde hace un año los países más importantes de América Latina que lideran a los restantes. El 23 de febrero se votó una resolución en la ONU presentada por 75 países para condenar a Rusia por la invasión y exigir el retiro de sus tropas de Ucrania. La resolución tuvo 141 votos a favor, 32 abstenciones y sólo 7 votos en contra. México, Brasil, Argentina y Colombia votaron a favor de la moción. En realidad, es lo mismo que sucedió un año atrás, cuando el 12 de marzo de 2022 se condenó a Rusia por la invasión y el 24 del mismo mes y año se exigió a Moscú que retire las tropas de Ucrania. En ambos casos, el apoyo a la moción tuvo 140 y 141 votos positivos respectivamente, y los votos de América Latina y el Caribe parecen casi calcados. Visto en esta perspectiva, nada parece haber cambiado. Pero sí Ucrania y sus aliados muestran una presión creciente para volcar la neutralidad de Latinoamérica por una actitud de mayor proximidad. Es que los esfuerzos para lograr que países de la región den alguna señal de apoyo militar a la causa ucraniana han fracasado. Pero el presidente Zelensky, a fines de febrero, planteó su intención de mejorar sus relaciones con América Latina, y en particular de entrevistarse con Lula. López Obrador sintetiza su posición en ofrecer su participación en una mediación para la paz, pero negarse -como lo hace también Lula- a enviar armamentos para continuar la guerra.

Otra iniciativa en la cual participa López Obrador es la de llevar adelante una cumbre contra la inflación en la región. México supera el 10% anual, Brasil el 6% y Argentina más del 100%. En el caso de Colombia, también está creciendo y es una de las causas de la pérdida de consenso que sufre Gustavo Petro a meses de cumplir un año en el gobierno. No parece fácil que esta cumbre derive en una decisión concreta u operativa. López Obrador ha invitado a Cuba, sumándola a la media docena de países que tendrán un lugar relevante. Es una iniciativa que Brasil parece acompañar, aunque no liderar, pero que permite a López Obrador mantener cierta imagen de líder regional que logró en los últimos años, frente al aislacionismo que asumió el Brasil de Jair Bolsonaro. La inflación, como siempre ha sucedido en el pasado, es la variable de la economía que más deteriora los salarios y aumenta la pobreza. Por eso afecta a los gobiernos, más allá de su ideología y posición política. En el último año, en los países de la región se ha asumido que el aumento de los precios de la energía y los alimentos generado por la guerra de Ucrania, es causa relevante del fenómeno inflacionario regional. Frente a ello, economistas y mercados ponen el énfasis en el descontrol del gasto público y la emisión como causas locales que acentúan y amplifican las consecuencias de la guerra de Ucrania. Aun países que en las primeras dos décadas del siglo XXI lograron estabilizarse con bajas tasas de inflación, hoy se encuentran afectados por el problema.

La crisis peruana sigue mostrando dos enfoques diferentes por parte de México y de Brasil. Se inició el 7 de diciembre con el autogolpe del presidente Pedro Castillo, que cerró el Congreso, intervino la Justicia y convocó a una constituyente, frente a lo cual fue destituido y detenido. Castillo tenía muy baja popularidad y sólo lo apoyaba uno de cada cuatro peruanos. Pero sus partidarios, mayoritarios en las regiones más pobres, llevaron adelante una serie de protestas contra su destitución, las que fueron reprimidas por la fuerza pública, con incidentes en los cuales murieron 60 personas. La presidenta Dina Boluarte -que era su vicepresidenta- intentó adelantar las elecciones como lo pedía la protesta callejera, pero el Congreso no se lo permitió. La tensión parece haber bajado en el marco de una frágil estabilidad. López Obrador, desde el inicio del conflicto, defendió la permanencia de Castillo, condenando su destitución y exigiendo su liberación (sigue detenido y ha sumado procesos por corrupción). La relación entre México y Perú se deteriora más y el gobierno del último decidió el retiro de su embajador en forma definitiva. Frente a ello, Brasil mantiene una posición más moderada: acepta que el gobierno peruano tiene como origen normas constitucionales y se centra en pedir el respeto de los derechos de Castillo. Cabe señalar que desde sus primeros días de gobierno, Lula ha enfrentado en Brasil el desafío de la derecha extrema en las calles, y eso lo hace asumir una posición más realista frente a la crisis peruana. Pero al mismo tiempo él ha sido un presidente “progresista”, detenido y condenado, y desde esta perspectiva surge cierta afinidad con la situación de Castillo.

En conclusión: la reforma del organismo que supervisa las elecciones en México, implica una estrategia de López Obrador que apunta a restablecer el “dedazo”, que en el pasado aseguraba el control de la sucesión; al cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania, México, al igual que la región, mantiene una actitud que se sintetiza en condenar la invasión, pero no sumarse a las sanciones económicas contra Moscú; la cumbre contra la inflación en la región, en cuya iniciativa López Obrador ha tenido un rol preponderante, es un hecho político pero sin posibilidades demasiado operativas; por último, frente a la crisis peruana, México y Brasil tienen posiciones diferenciadas y este último busca preservar los mecanismos constitucionales, mientras que el primero los subestima.