Por Rosendo Fraga.

El referéndum de Ecuador confirmó tanto la derrota de los oficialismos como del voto a favor del progresismo en la región. Desde que en Argentina se impusiera la fórmula Fernández-Fernández en las presidenciales que tuvieron lugar en octubre de 2019, los oficialismos fueron derrotados. Algunos adjudicaron el hecho a la pandemia y sus secuelas en la sociedad. Pero las protestas sociales también concurrieron a ello. Un ejemplo fueron los últimos comicios en América del Sur: Gabriel Boric ganó en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Lula en Brasil. Pero también se dio un retorno a los gobiernos de centroizquierda que gobernaron la región durante el comienzo del siglo XXI hasta promediar la segunda década del mismo. Hacia adelante, en 2023 se realizarán elecciones presidenciales en Paraguay y Argentina en América del Sur y en Guatemala en la región central del continente. La próxima elección argentina puede ser clave para ratificar estas tendencias, que resultan contradictorias: la derrota de los oficialismos y el voto favorable al centroizquierda. Al tratarse de un gobierno de centroizquierda, de ganar la oposición de centroderecha, quebraría la tendencia en dicha dirección. Cabe señalar que ello se ha generado también en un contexto de protestas sociales en las calles como las que tuvieron lugar en Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Las que tienen lugar en el último muestran que dicho fenómeno se mantiene.

La situación en Brasil, tras la toma de los tres poderes del Estado por parte de los simpatizantes de Jair Bolsonaro, plantea interrogantes hacia adelante. Respecto a la política, fueron elegidos los presidentes de ambas Cámaras del Congreso. Los resultados mostraron que el bolsonarismo mantiene un grado de representación alta en las fuerzas políticas. En el caso del Senado, fue reelecto el senador Pacheco, que fue durante los últimos cuatro años presidente de la Cámara Alta como miembro del “centrao”, el conjunto de legisladores de centro que negocian con los gobiernos de turno. Lo hizo por 46 votos imponiéndose al del Partido Liberal, el más fiel al ex presidente, quien conserva hoy un tercio de la Cámara, que obtuvo 32. En la de Diputados el actual presidente, Lira, también fue reelecto con cerca de 400 votos, lo que significa cuatro quintos de los integrantes de la Cámara. En este caso, la mayoría de los legisladores bolsonaristas votaron con los del “centrao”. Este puesto es clave para que avancen o no los pedidos de juicio político, y durante los cuatro años que gobernó Bolsonaro, Lira los frenó. Desde Miami, el ex presidente, en un acto de sus partidarios en suelo estadounidense, ratificó su decisión de continuar en política y puso en duda la estabilidad de Lula. Mientras tanto, la crítica del presidente a la suba de tasas del Banco Central para frenar la inflación, han generado incertidumbre en los mercados, que ven en riesgo el control de la inflación logrado por Bolsonaro. Respecto al problema militar generado por la toma de los tres poderes, tras una actitud muy firme del presidente, pasó a una política más conciliadora hacia las Fuerzas Armadas. 

Al cumplirse dos meses del inicio de la crisis peruana, ésta continúa abierta y sin resolución, con las protestas en las calles manteniendo su presión y el Congreso cohesionado para resistir. En las últimas semanas la presidente Dina Boluarte presentó varios proyectos destinados a adelantar la elección a 2023. Percibe la firmeza de la oposición y se plantea como objetivo mantenerse en el poder, para lo cual apoya la alternativa de la reducción de su mandato. El Congreso -que está muy desprestigiado- se resiste a ello. Los legisladores, entre los cuales predominan los de centroderecha y derecha, se ven amenazados en caso de que con la elección presidencial se realicen también de legisladores, como ha sucedido en el pasado reciente. Los muertos por la represión -que llegan a 60- han cesado, pero los partidarios de Castillo mantienen las protestas en las calles, tanto en Lima como en el interior del país. El gobierno, por su parte, mantiene el “estado de emergencia” que restringe las libertades ciudadanas que están en la constitución. Los grupos indígenas constituyen una parte importante de las protestas, que se extienden a los estudiantes. Hay una reacción conservadora en la sociedad contra las protestas, pero no se manifiesta en las calles. Si se realizara la elección anticipada, predomina la impresión de que ganaría la oposición. Hasta ahora esta situación genera preocupación pero no pánico entre empresarios e inversores. Es una eventual constituyente lo que inspira temor en este ámbito. Una de las claves para la continuidad económica es la autonomía y estabilidad del Banco Central, que es una disposición constitucional.

En Chile, las protestas en torno a la insurgencia indigenista de la etnia mapuche continúan y se extienden a la Argentina. En este país fue detenido el líder mapuche Jones Huala, que es requerido por la justicia trasandina. Este dirigente manifestó su pertenencia a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un movimiento que los sectores de izquierda han denunciado como articulado por los servicios de inteligencia para justificar la represión. El proceso para la extradición ya ha sido iniciado por la justicia chilena y el gobierno argentino parece dispuesto a acelerarlo. En Argentina la insurgencia mapuche es menor y limitada que en el caso chileno, pero está escalando. En los últimos días tuvo lugar una manifestación del ala izquierda del oficialismo y grupos indigenistas, en una propiedad perteneciente a un millonario británico vinculado a la oposición. El gobierno de Alberto Fernández convocó a una mesa de diálogo de la cual excluyó a los vecinos que sufren usurpaciones y agresiones de este grupo indígena insurgente. Pero el hecho que ha tenido más impacto ha sido la entrega a grupos indigenistas por parte del gobierno nacional de 26.000 hectáreas en la provincia de Mendoza. En ellas se encuentran media docena de yacimientos de la cadena denominada Vaca Muerta, el reservorio de petróleo y gas más importante del país. Cabe señalar que en Argentina la propiedad de los yacimientos de energía son provinciales y por eso se ha generado un conflicto entre el gobierno local, perteneciente a la oposición, y el nacional.

En conclusión: la derrota del gobierno en el referéndum de Ecuador confirma la tendencia en la región a la derrota del oficialismo y hacia los triunfos electorales del progresismo de centroizquierda; en Brasil, Bolsonaro mantiene significativa influencia en el sistema político, mientras Lula modera su actitud frente a las Fuerzas Armadas y tiene señales de incertidumbre en empresarios e inversores; las protestas continúan en Perú, tanto en Lima como en el interior, pero la presidenta no logra que el Congreso apruebe su proyecto de adelantar la elección presidencial a 2023; por último, en Chile, la insurgencia de la etnia indígena mapuche es un problema principal, que se extiende a la Argentina, como lo evidencia la detención del dirigente Jones Huala en territorio de este país.