Elecciones anticipadas e internas partidarias

Por Rosendo Fraga

El domingo 12 de febrero se inicia el proceso electoral 2023 con la interna de Juntos por el Cambio en La Pampa, en la cual pueden votar los afiliados y también quienes no lo están. El hecho ha adquirido proyección nacional porque es la primera disputa electoral abierta entre el PRO y la UCR. Dada la relevancia, el ex presidente Mauricio Macri se hizo presente para respaldar a sus candidatos, como lo había hecho días antes el presidente del radicalismo, Gerardo Morales. Es un distrito que gobierna el peronismo desde 1983. Pero la victoria de Juntos por el Cambio en las legislativas de 2021 ha alentado sus expectativas para la elección a gobernador de este año, que tendrá lugar el 14 de mayo. Pero más relevante ha sido la definición de listas para las dos primeras elecciones provinciales: Neuquén y Río Negro, que se realizan el 16 de abril. En ambos casos, Juntos por el Cambio concurre dividido con dos listas, una con eje en el PRO y otra en el radicalismo. Ello diluye la aspiración de la oposición nacional de ganar estas provincias, cuyos oficialismos locales no responden al Frente de Todos. La conducción nacional de Juntos por el Cambio intentó sin éxito implementar primarias -como las que tienen lugar en La Pampa- para lograr una lista única, quizás porque la dirigencia nacional está más enfrascada en la puja por las candidaturas que en el liderazgo de la fuerza política. Riesgo de ruptura enfrenta hoy la principal fuerza opositora en Mendoza, Córdoba, Tucumán, Chubut y Salta. Las elecciones adelantadas no anticipan el resultado nacional, pero sí crean un clima político favorable a quien las gana.

El Frente de Todos, por su parte, intenta dar un marco político que le permita resolver en forma menos conflictiva su dura puja interna. El kirchnerismo dio un primer paso al reunir en la localidad bonaerense de Merlo a Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Eduardo “Wado” de Pedro, expresiones de esta fuerza. Al encuentro también concurrió Sergio Massa y fue excluido deliberadamente el presidente Alberto Fernández, quien insiste con su reelección. Este ha reaccionado anunciando que convocará a un encuentro para definir una “mesa” que conduzca y contenga la campaña electoral. Cabe señalar que en la provincia de San Juan, que realiza su elección provincial el 14 de mayo, el ex gobernador José Luis Gioja anunció que competirá por fuera del peronismo contra el actual gobernador Sergio Uñac, que se presenta a un tercer mandato. En San Luis, que realiza la elección a gobernador el 11 de junio, el ex gobernador Adolfo Rodríguez Saá anunció que competirá contra su hermano, Alberto, que pretende ser reelecto. Dijo que si no le permiten competir con la Ley de Lemas, lo hará por fuera del peronismo. Pero el problema central gira en torno a la candidatura presidencial. El kirchnerismo, que hasta ahora ha rechazado la del presidente, comienza a contemplar la posibilidad de competir contra él en las PASO. Una alternativa es la de Sergio Massa -que teme una derrota por la compleja situación económica-, mientras que desde el kirchnerismo se postula al ministro del Interior Eduardo de Pedro, mientras que al mismo tiempo, la campaña por la supuesta “proscripción” de Cristina, plantea que su candidatura no es imposible.

Pero la Justicia sigue siendo el ámbito central de la puja política e institucional. Los últimos días de enero se presentaron ante la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, las catorce acusaciones contra la Corte. Una de ellas fue la presentada meses atrás por Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti. El 9 de febrero se votará la admisibilidad -aceptación- de las acusaciones. Es probable su aprobación con la ajustada mayoría por un solo diputado que tiene el oficialismo nacional en la comisión respectiva. Al mismo tiempo, comenzarán a tomar velocidad procesal las otras causas en las que está involucrada la vicepresidenta. El juicio político a la Corte es apoyado por todos los sectores sindicales, los movimientos sociales y la mayoría de los gobernadores. Es un tema en el cual el presidente y la vicepresidenta coinciden, más allá de sus diferencias en política y la gestión del gobierno. El 1° de febrero, el kirchnerismo “duro” realizó una manifestación contra la Corte frente a su sede. Tuvo escasa concurrencia y no participó La Cámpora. Mientras tanto, en el equipo presidencial se analiza otra iniciativa para coincidir con Cristina: la presentación de un proyecto de ley para regular la información pública, que toma como modelo el de Lula contra las fake news. Mientras tanto, en el oficialismo se habla de una tregua entre el presidente y la vicepresidenta y que la mesa convocada por el presidente sería una manifestación de ella. Pero lo menos que puede decirse es que, de ser así, es una tregua frágil y que en modo alguno da por superados los enfrentamientos y resentimientos entre las dos figuras.

Pero las tensiones sociales en lo sindical, los movimientos sociales y los llamados pueblos originarios, se exacerban. En lo primero, se ve afectada la situación del ministro de Economía, Sergio Massa, que ha intentado -hasta ahora sin éxito- que los gremios cierren salarios en torno al 60% para 2023. En cuanto a los movimientos sociales, la Unidad Piquetera que reúne a los que responden a la izquierda, realiza una nueva manifestación en la 9 de Julio la semana que se inicia, la que coincidirá con medio centenar de cortes de ruta en todo el país. Por su parte, los movimientos oficialistas parecen más concentrados en las pujas políticas por las candidaturas que en los reclamos sociales. El tema de los pueblos originarios escala. La detención del líder mapuche chileno Jones Huala, quien tras ser detenido en Argentina ratificó la existencia de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), se dio a partir de información proporcionada por los vecinos de Mascardi. Estos, a su vez, cuestionan al gobierno nacional por haber convocado a una mesa de diálogo a los mapuches sin invitarlos a ellos. La movilización de protesta realizada por el kirchnerismo contra la propiedad del empresario británico Joe Lewis en la localidad de Lago Escondido, contó con la participación de representantes de la etnia mapuche. Pero la decisión del gobierno nacional de otorgar 26.000 hectáreas a las comunidades mapuches en la provincia de Mendoza, en las cuales se encuentran los yacimientos mendocinos de Vaca Muerta, ha agudizado las tensiones entre esta provincia, gobernada por Juntos por el Cambio, y la Casa Rosada. En sectores del oficialismo se afirma que estas acciones apuntan a sumar apoyos electorales, sin advertir que en el interior del país se genera una reacción adversa. 

En conclusión: la interna de Juntos por el Cambio en La Pampa, que será el 12 de febrero, inicia un proceso que tiene como primeros hitos las elecciones provinciales de Río Negro y Neuquén el 16 de abril; las tensiones dentro del oficialismo se agudizan y la propuesta de una mesa política para encauzar la estrategia electoral del oficialismo hasta ahora se muestra frágil y controvertida; la Justicia sigue siendo un ámbito central del conflicto político-institucional y el oficialismo tiene unidad suficiente para mantener abierto el debate, aunque sin poder avanzar en la resolución; por último, la tensión social crece en lo sindical y los movimientos sociales, pero está escalando en el conflicto con los llamados pueblos originarios.

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