Por Rosendo Fraga.

La Cumbre de la Celac, que se realiza en Buenos Aires el 24 y 25 de enero, es la prioridad política del presidente Alberto Fernández. Él es el presidente de esta Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, integrada por los 33 países de esta región, de la que han sido excluidos sólo Estados Unidos y Canadá del continente americano. El presidente argentino es el titular pro tempore de la Celac y aspira a ser reelecto, para lo cual todavía no hay consenso suficiente. Los dos principales países de la región, México y Brasil, llegan con posiciones diferentes frente a la crisis de Perú. El primero apoya al ex presidente Pedro Castillo y el segundo, en cambio, a la presidenta Dina Boluarte, por representar al régimen constitucional. El presidente argentino, en las últimas semanas ha fluctuado entre ambas posiciones. Desde el punto de vista político, la invitación a los presidentes de Venezuela (Nicolás Maduro), Cuba (Miguel Díaz Canel) y Nicaragua (Daniel Ortega) ubican a Alberto Fernández como cercano a los dictadores de la región. La posibilidad de que el primero fuese detenido en Argentina a partir de un pedido del FBI, acusándolo de narcotráfico, mantuvo la incertidumbre hasta último momento. Pero tendrá un rol central el día previo a la realización de la conferencia, cuando se produzca el encuentro de los presidentes de Argentina y Brasil para firmar un acuerdo bilateral de características estratégicas. En el mismo tiene un rol central el proyecto de una moneda común sudamericana (que lleva el nombre de Sur). No se trata de una iniciativa nueva, pero ahora comienza a concretarse. Genera atención internacional en momentos en que la geopolítica se encamina hacia la integración a nivel de grandes grupos regionales, más que los acuerdos globales. Pero para el presidente argentino la proyección política que le dé este evento se relaciona también con su estrategia de mantener abierta la posibilidad de su candidatura presidencial.

En el ámbito interno, esta semana se inicia en la Cámara de Diputados el primer paso para iniciar el juicio político a la Suprema Corte. El gobierno estadounidense hizo pública su crítica por lo que ello implica para la estabilidad institucional del país. El gobierno argentino optó por no responder. Al mismo tiempo, ante el comité de derechos humanos de la ONU, Argentina denunció a la Justicia, los medios y la oposición, de utilizar causas manipuladas para proscribir la candidatura de la vicepresidenta Cristina Kirchner, argumentando con su teoría del lawfare. En forma coincidente, la Cumbre de los Pueblos, que reúne a dirigentes sociales, políticos e indigenistas liderados por el ex presidente boliviano Evo Morales, en paralelo a la Cumbre de la Celac, reclama que se “democratice” la Justicia para evitar que sea instrumento de las élites. Simultáneamente, el kirchnerismo y sus aliados han lanzado una campaña contra la proscripción de la vicepresidenta -en realidad no hay impedimento judicial a que Cristina sea candidata en 2023-. No sólo lo han reclamado el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el vocero de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, sino también el caudillo peronista de Lomas de Zamora y Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. Tras varias semanas de silencio, el kirchnerismo se reagrupa así, buscando recuperar la centralidad en el oficialismo.

Pero la marcha del gobierno enfrenta dificultades y la lucha interna dentro del oficialismo es una de ellas. La comisión de juicio político que contrala el kirchnerismo en la Cámara de Diputados, comenzará la citación de testigos, que tendrá su punto culminante en marzo, cuando serían citados los cuatro miembros de la Suprema Corte, quienes tienen la facultad de declarar por escrito. Pero no parece posible que el oficialismo alcance la mayoría necesaria para aprobar el dictamen de la comisión en la Cámara Baja. En el Senado, en cambio, la vicepresidenta tendría el quórum necesario para reunir la Cámara Alta en las sesiones extraordinarias, para las cuales está de regreso el presidente del bloque oficialista, José Mayans, que estuvo ausente varios meses por razones de salud. Pero la candidatura presidencial se mantiene como el conflicto subyacente más importante en el Frente de Todos. La eventual candidatura del ministro de Economía, Sergio Massa, se mantiene latente. Pero la inflación de los alimentos en el mes de enero y la controversia de la recompra de bonos con reservas, siguen postergando el anuncio de su candidatura. El presidente insiste con mantener abierta su posibilidad de competir en las PASO, mientras que su asesores difunden encuestas en las cuales competiría cabeza a cabeza con Sergio Massa. La reaparición de Cristina como eventual candidata, para lo que se utiliza la campaña contra su eventual proscripción, plantea que su rol no está terminado ni mucho menos. 

Mientras tanto, en la oposición, se intenta dar muestras de unidad, aunque la lucha interna por las candidaturas escala peligrosamente. La visita de Maduro y el juicio político a la Corte son temas en los cuales todos los sectores de Juntos por el Cambio (bien que con matices y énfasis distintos), se muestran unidos, e incluso Javier Milei coincide en ambas posiciones. Pero el enfrentamiento dentro del PRO se profundiza, con agresiones mutuas cada vez más fuertes entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y con el ex presidente Mauricio Macri dando señales de aproximación a esta última, como lo muestra la invitación que le hizo a ella y su marido a que pernocten en su residencia de Cumelén. Las diferencias ideológicas se van profundizando. Bullrich solicitó a Estados Unidos que pida la captura de Maduro en Argentina por las acusaciones de narcotráfico. A su vez, Larreta ha insistido en que Juntos por el Cambio debe ser una fuerza de centro, sin incluir a sectores de derecha como el que representa Javier Milei. Lo hace al mismo tiempo que Macri propone públicamente una alianza con el líder libertario para presentar un candidato común a la gobernación bonaerense, la que no tiene segunda vuelta. La lucha interna en los distritos que precipitan las elecciones adelantadas, agudizan las rivalidades entre el radicalismo y el PRO, y dentro de éste, en distritos importantes como Córdoba, Mendoza y Tucumán. Por su parte, el radicalismo tiene como objetivo principal la candidatura de Martín Lousteau como Jefe de Gobierno porteño, para lo cual parece tener el apoyo de Rodríguez Larreta, situación que exacerba a sus críticos dentro del PRO. 

En conclusión: la Cumbre de la Celac es la prioridad del Gobierno en la última semana de enero: por un lado acerca al gobierno argentino a los dictadores de la región, pero por el otro pone en marcha un acuerdo estratégico con Brasil; en el ámbito interno, la prioridad es la puesta en marcha del juicio político a la Suprema Corte, para lo cual el Gobierno busca apoyo tanto en la Celac como en Naciones Unidas, tras las críticas de Estados Unidos; la lucha interna dentro del oficialismo parece controlada, pero subyace con intensidad con miras a la elección presidencial, con Alberto Fernández, Massa y Cristina como protagonistas; por último, mientras la oposición busca puntos de unión, la lucha interna se acelera y endurece, con Macri sin abandonar una eventual candidatura y dando señales de proximidad con Patricia Bullrich.