La ofensiva del Gobierno contra la Suprema Corte

Por Rosendo Fraga.

El juicio político a los cuatro miembros de la Corte es la prioridad del Gobierno, en su enfrentamiento con la oposición. Los 44 testigos que ha pedido el oficialismo muestran claramente la orientación político-ideológica: 11 de ellos son los gobernadores que firmaron el pedido de juicio político presentado por el Presidente y 12 son organizaciones de derechos humanos de distinta relevancia, encabezadas por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Esto indica que el Gobierno hará de la supuesta vinculación de la Corte con los sectores de la derecha política el eje ideológico de su planteo. Entre las cuatro causas alegadas para el juicio político, además de los fallos vinculados al Consejo de la Magistratura, la coparticipación de la provincia de Buenos Aires y la obra social del Poder Judicial, se encuentra la acusación de que la Corte ha demorado los juicios de derechos humanos, con la intención de buscar la impunidad. El Gobierno ya ha logrado la firma de los dieciséis miembros del oficialismo que integran la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados -incluidos los tres que responden a Sergio Massa-, donde se inicia el trámite. Pero no tiene asegurado el quórum de la mitad más uno requerido para que las sesiones extraordinarias se inicien, generando el escenario necesario para el desarrollo de la primera etapa del juicio político. Eso llevó a que inicialmente se anunciara que las extraordinarias iban a comenzar el 16 de enero, luego se trasladó la fecha al 23 del mismo mes, y finalmente ha pasado al 1° de febrero. De ser así, la estrategia oficialista durante todo el próximo mes se centrará en el juicio a la Corte. 

El Poder Ejecutivo ha pedido también la citación de los cuatro miembros de la Corte acusados, pero ellos tienen la prerrogativa de contestar por escrito, pese a lo cual el Presidente ha dicho que deberían concurrir. Desde el punto de vista político, las tres figuras claves del oficialismo, que son el Presidente, la Vicepresidenta y el ministro de Economía, coinciden en este punto. Es decir, que además de tomar una iniciativa de confrontación con la oposición, el oficialismo la utiliza para cohesionarse y moderar sus conflictos internos. En el campo político-judicial, febrero es el mes en el cual termina la feria -receso de actividad- de la Justicia. Por esta razón, el juicio político coincidiría con la reanudación de las acciones judiciales contra la Vicepresidenta. De esta manera se produce una coincidencia entre su estrategia judicial y la del Ejecutivo contra la Corte. Pero también el oficialismo busca ubicar el pedido de juicio político en el marco de su estrategia en el contexto regional, donde hoy predominan los gobiernos “progresistas”. El 24 y 25 de enero (la semana próxima) se realiza en Buenos Aires la Cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), integrada por los 33 países de la región excepto Estados Unidos y Canadá. El Presidente argentino tendrá reuniones bilaterales con numerosos Presidentes, en su carácter de titular pro témpore de la entidad, al frente de la cual quiere ser reelecto. Con Lula buscará realizar una analogía con la acción judicial que en su país lo llevó a estar encarcelado durante más de un año y medio. La teoría del “lawfare” será desplegada para ello. 

Pero a poco más de nueve meses de la próxima elección, la candidatura presidencial subyace con intensidad dentro del oficialismo. Lula se ha  involucrado en la interna por este tema. El 1° de enero, cuando asumió la Presidencia, en una reunión bilateral con el Presidente argentino, le habría dicho que le gustaría verlo reelecto para que lo acompañe en paralelo en su gestión regional. En la reunión estaban presentes seis personas y dicha afirmación llegó a los oídos de la Vicepresidenta. Alberto Fernández ha ratificado públicamente en los últimos días su intención de ir por la reelección, y realiza actos de campaña en el Gran Buenos Aires y el interior, inaugurando obras menores. El ministro de Economía, por su parte, negó que fuera a ser candidato en 2023, expresando que su prioridad es la lucha contra la inflación. Sergio Massa, en paralelo, sigue atentamente las encuestas y pretende llegar al mes de abril con 4% de inflación mensual. En mayo deberán definirse las candidaturas que se oficializan en junio, para competir en las Primarias de agosto. No descarta ser candidato este año, aunque duda de hacerlo. Tanto en la Casa Rosada como en los gobernadores, existe la idea de que la Vicepresidenta se recluirá en la provincia de Buenos Aires, mediante la reelección de Axel Kicillof y su eventual candidatura a senadora. Pero nadie está seguro sobre lo que hará finalmente. Lo cierto es que su última señal fue confusa. La posibilidad de que se articule un tercer espacio por encima de la “grieta” alrededor del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se va diluyendo, más allá de su encuentro con su colega puntano, Alberto Rodríguez Saá. Pero es cierto que el juicio político a la Corte no ha sido acompañado por los gobernadores de dichas provincias, ni los de Santa Fe (Omar Perotti), Entre Ríos (Gustavo Bordet) y San Juan (Sergio Uñac). Aparecen así dos líneas en los gobernadores peronistas.

Dentro de la oposición, mientras se multiplican las luchas internas, el ex Presidente Mauricio Macri ha dado una señal de no descartar su candidatura, en la presentación de su último libro en Mar del Plata. Ante la pregunta de si va a ser candidato, respondió que él siempre iba a estar donde se lo necesitase. Pero fue el Presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, quien fue aún más explícito, al afirmar que si Macri competía en las PASO, nadie estaba en condiciones de enfrentarlo. Ambas definiciones analizadas en conjunto, generaron lógico malestar tanto en Horacio Rodríguez Larreta -quien ha iniciado su campaña con traspiés en Mar del Plata y Córdoba-, como en Patricia Bullrich, que ha hecho lo propio con una canción de reggaeton. María Eugenia Vidal anunció su decisión de competir también por la Presidencia. Pero en la oposición se considera que es una jugada bajo control del ex Presidente. El radicalismo, por su parte, enfrenta sus propios conflictos internos, pero parece haber abandonado la idea de competir con un candidato presidencial propio. Simultáneamente, se multiplican los conflictos a nivel de distrito. Las elecciones provinciales adelantadas son un problema para la oposición por dos razones: por un lado dan posibilidad a los gobernadores oficialistas de desligarse de la gestión nacional, pero sus eventuales victorias favorecen al oficialismo; por el otro, al no haber una candidatura presidencial unificadora, los conflictos internos se agudizan. Se han producido rupturas -la mayoría de ellas entre el PRO y la UCR- en tres provincias patagónicas (Neuquén, Río Negro y Chubut) y también en distritos importantes, como Cordoba, Mendoza y Tucumán. Disensiones de menor envergadura se registran en otras doce provincias.

En conclusión: el juicio político contra la Suprema Corte es el eje de la estrategia del Gobierno para confrontar con la oposición; cronológicamente, la primera etapa del juicio político tendría lugar en febrero con la citación de los testigos, siempre que se haya obtenido el quórum para iniciar las sesiones extraordinarias; el oficialismo aparece unificado (Presidente, Vice y ministro de Economía) en este punto, pero los gobernadores muestran diferencias; por último, en la oposición se multiplican las divisiones a nivel de distrito y Macri da una señal de que mantiene la posibilidad de su candidatura.

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