Argentina en conflicto institucional

Por Rosendo Fraga.

El Presidente Alberto Fernández intenta recuperar poder y eventualmente reflotar su candidatura a la reelección, con el pedido de juicio político a la Corte Suprema. Se trata de una iniciativa que no es viable, porque requiere para concretarla el voto de los dos tercios de los legisladores presentes en ambas Cámaras del Congreso, y hoy el oficialismo alinea una ajustada mayoría en el Senado y le resulta difícil reunir el quórum (la mitad más uno) para poder sesionar en Diputados. Pero la Casa Rosada, por una leve mayoría de 16 a 15, controla la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja. Para lograr que diputados trate el tema se requiere un dictamen de la Comisión de mayoría simple y esto sí puede tener el Presidente, que tras algunas cavilaciones, decidió pedir el juicio político (la remoción de todos los integrantes del Máximo Tribunal). Aunque la iniciativa tiene como causa el fallo de la Corte sobre la coparticipación ante un pedido de la Ciudad de Buenos Aires, el apoyo obtenido de los gobernadores ha sido escaso, ya que lo han firmado 11 de 24, cuyas provincias representan la mitad de la población del país. El Poder Ejecutivo tiene previsto firmar la convocatoria a sesiones extraordinarias -que están vigentes hasta el 1° de marzo- para poner en marcha esa estrategia. En el proceso para obtener el dictamen, la Casa Rosada piensa citar a los miembros de la Suprema Corte, realizar allanamientos y convocar testigos. Los chats de la mano derecha del Presidente de la Corte con el ministro de Seguridad porteño -que comenzó sus dos meses de licencia para disminuir las complicaciones que ha generado al inicio de la campaña pre-presidencial de Horacio Rodríguez Larreta-, será un argumento central del oficialismo.

El Congreso pasaría así, en la segunda quincena de enero, a ser un ámbito político central por la mencionada investigación. La idea del Presidente es prolongar la investigación en Diputados durante la segunda quincena de enero y el mes de febrero. El kirchnerismo acompaña la iniciativa, pero con un silencio crítico hasta ahora. Si el Presidente pretende buscar su apoyo político, hasta ahora no lo está logrando. Un funcionario k, como es el ministro de Justicia Martín Soria, propuso modificar el Consejo de la Magistratura -la decisión del Senado de no acatar el fallo de la Corte respecto a su integración precipitó el conflicto institucional que hoy vive la Argentina-, pero el Presidente desechó la alternativa, que lo hubiera puesto en una posición muy débil en términos jurídicos e institucionales. La estrategia del oficialismo en Diputados tiene a la Presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, al Presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, y a la Presidenta de la Comisión de Juicio Político, Ana Gaillard, como operadores principales firmemente alineados, e incluso la última representa una provincia cuyo gobernador, Gustavo Bordet, no acompaña el pedido de juicio político. La Comisión legislativa que supervisa los servicios de inteligencia, presidida por el diputado ultra-k Leopoldo Moreau, juega también un rol en esta ofensiva contra el Máximo Tribunal. La intención del Presidente es que la convocatoria a extraordinarias incluya algunos proyectos del área económica requeridos por el ministro de Economía, Sergio Massa. Pero es difícil que estos sean aprobados en el contexto de confrontación política que se vivirá en el Congreso en las próximas semanas. Los legisladores que integran el Frente Renovador que lidera el ministro de Economía, se muestran hasta ahora alineados con la Casa Rosada en este pedido de juicio político. 

El Poder Judicial, y en particular la Corte, son ámbitos centrales del conflicto político-institucional, aunque transcurre el mes de feria judicial y los cuatro integrantes de la Corte se encuentran de vacaciones. Para el Presidente, pedir el juicio político a la Corte implica retomar la iniciativa e intentar recuperar liderazgo en el oficialismo, alineando al kirchnerismo con su posición, que en los hechos es favorable a la Vicepresidenta, para quien atacar al Máximo Tribunal resulta funcional a su estrategia para deslegitimar el tratamiento de las causas de corrupción en las cuales está acusada. Hasta ahora, los cuatro integrantes de la Corte se muestran cohesionados y unidos frente al pedido de juicio político. Toda la oposición, integrada por los distintos sectores del Juntos por el Cambio, e incluso el sector liderado por Javier Milei, coinciden en apoyar a la Corte frente a la ofensiva oficialista. La cohesión política del Máximo Tribunal es diferente en los niveles inferiores de la estructura judicial, la que a nivel de camaristas, jueces de primera instancia y fiscales, se mantiene la influencia k. En torno a la Justicia se ha generado una lucha política que tiene a los servicios de inteligencia como ámbito central. Filtraciones de chats de directivos de medios, integrantes de la Justicia y miembros de la oposición -que tuvieron como respuesta la denuncia de la oposición la existencia de una supuesta “mesa militar” en el ámbito de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), desde la cual se investigaría a la oposición-, desataron a partir de octubre el conflicto institucional que vive la Argentina. Como ha sucedido otras veces en este tipo de conflictos, las denuncias ocupan un lugar central inicial y la resolución judicial al respecto se demora meses y hasta años, pasando a tener un rol secundario.

Mientras la oposición se muestra unida en rechazar el pedido de juicio político a la Corte, en el oficialismo aparecen disidencias tanto abiertas como encubiertas. La más importante es la que ha tenido en el ámbito de los gobernadores. Inicialmente, 14 de ellos apoyaron con su firma la decisión del Presidente de desacatar el fallo de la Corte respecto a la coparticipación en el conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y el interior. A ellos se sumaron 4 más, que sin firmar apoyaron la decisión. Al iniciarse el año, el 2 de enero el Presidente contaba con el apoyo de 18 gobernadores, pero una semana después le han quedado sólo 11 de ellos. Este es el punto más vulnerable de la estrategia oficialista. De los gobernadores que firmaron con el Presidente el desacatamiento del fallo, 3 no acompañaron el juicio político: Entre Ríos (Bordet), San Juan (Uñac) y San Luis (Rodríguez Saá). Los 4 que acompañaron el rechazo y no firmaron la posición inicial del Presidente son Salta (Sáenz), Misiones (Ahuad), Río Negro (Carreras) y Neuquén (Gutiérrez). Los 4 opositores, Ciudad de Buenos Aires (Rodríguez Larreta), Mendoza (Suárez), Corrientes (Valdéz) y Jujuy (Morales) no cuestionaron el fallo de la Corte, mientras que los dos de origen peronista que tampoco lo hicieron, Córdoba (Schiaretti) y Santa Fe (Perotti), son relevantes por la importancia de sus distritos. La división de los gobernadores tiene entidad política. El kirchnerismo es decisivo entre quienes acompañan al Presidente, dada la posición asumida en su respaldo de la provincia de Buenos Aires (Kicillof). En quienes no acompañan a la Casa Rosada, es evidente una tendencia anti-k, que hasta ahora no se refleja en sus diputados. Pero políticamente lo más relevante en esta crisis es que ha cobrado fuerza la posibilidad de que el peronismo, que es el eje del Frente de Todos, realice un giro al centro frente a la elección con una candidatura como la de Sergio Massa o Daniel Scioli -que se ha mostrado activo en reuniones al respecto-. Si esto se concretase, el peronismo rompería 20 años de sometimiento al kirchnerismo y se produciría un cambio importante en cuanto a las perspectivas electorales.

En conclusión: al promover el juicio a la Corte, el Presidente impulsa una estrategia que aunque no cuenta con los votos en el Congreso, le permite aparecer al frente de una iniciativa en un tema crítico como es el de la Justicia; aunque Casa Rosada no tenga posibilidad de destituirla, sí puede poner en marcha una investigación en la Comisión de Juicio Político en Diputados que mantenga abierto el tema en las próximas semanas; la Corte se muestra cohesionada frente a la ofensiva del Ejecutivo y es apoyada por la oposición política y empresaria, pero la influencia k subsiste en niveles intermedios de la Justicia; por último, el limitado apoyo de los gobernadores es el punto más débil del Presidente en su ofensiva, cuando comienza a manifestarse la posibilidad de un giro al centro del peronismo frente a la elección de 2023.

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