Por Rosendo Fraga.

En el marco del siglo XXI, América Latina se ha caracterizado por ser la región del mundo más afectada por el crimen organizado, la más desigual en términos sociales y la que ha crecido menos. Esta situación se ha agudizado todavía más a comienzos de la tercera década del siglo, al converger los efectos de la pandemia con los de la guerra en Ucrania y la incertidumbre económica global. Pero en lo político, el desafío es la gobernabilidad. Es decir, lograr que una región en la cual predominan democracias imperfectas -como se las suele denominar en ámbitos académicos de EEUU y Europa-, pueda administrarse correctamente y encauzar los conflictos que afloran y subyacen. Las protestas violentas en las calles que desde 2019 afectaron a Chile, Colombia, Ecuador y Perú, fueron un llamado de atención sobre la crisis de la representación política, que los triunfos electorales del “progresismo” ya muestran limitaciones para resolver. Chile fue el éxito económico de América Latina en los años noventa, como Perú lo ha sido en los comienzos del siglo XXI. Sin embargo, son también los países que han sufrido las crisis de gobernabilidad más dramáticas. El primero con las protestas callejeras que derivaron en una Constituyente dominada por los sectores más contestatarios, que redactó una Constitución, la que fue finalmente rechazada en un referéndum. El segundo por el fracaso del autogolpe del Presidente Pedro Castillo, que fue destituido a las tres horas de disolver el Congreso, intervenir el Poder Judicial y convocar una Constituyente, tras lo cual se precipitaron protestas violentas con decenas de muertos y cientos de heridos.

Los regímenes autoritarios como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, no se han democratizado. Frente a la crisis peruana han optado por revitalizar la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), fundada por Fidel Castro y Hugo Chávez en la primera década del siglo. Pero hay problemas que vienen de afuera. La derecha populista que ha crecido en las democracias desarrolladas, influye en la política regional: Trump precedió a Bolsonaro. Quienes perdieron las elecciones frente a los candidatos  “progresistas” no fueron candidatos de la centroderecha tradicional o conservadores moderados. Los candidatos en Perú, Colombia, Chile y Brasil son expresiones de la derecha populista y no del conservadurismo moderado.

En 2023 tendrán lugar tres elecciones presidenciales en América Latina: el 30 de abril en Paraguay, el 25 de junio en Guatemala y en octubre en Argentina. Los dos primeros son países tradicionalmente gobernados por fuerzas de centroderecha, mientras que la tercera es ideológicamente oscilante, más allá de la hegemonía peronista. En 2015 el triunfo de Macri inició un giro regional hacia la de centroderecha y en 2019 lo hizo hacia el progresismo tras la victoria de la fórmula Fernández-Fernández. El modelo de alternancia democrática entre centroderecha y centroizquierda que dominó la política occidental desde la posguerra, hoy se encuentra en crisis en los mismos países que lo originaron. En la propia España, cuna de los admirados “Pactos de la Moncloa”, un fallo del Tribunal Constitucional que paralizó una norma aprobada por el Congreso que modificaba el delito de sedición y favorecía a los separatistas catalanes, ha llevado a figuras del oficialismo a denunciar un “golpe blando” que, en palabras de la izquierda española, es un “golpe de estado” en el que convergerían jueces, empresarios, medios y la derecha política. En la política exterior, el aislacionismo de Bolsonaro generó un vacío de liderazgo regional que ha pasado a ocupar el Presidente mexicano Andrés López Obrador, considerado un “populista” por sus opositores. El exilio que brindó a Evo Morales y el que ofreció a Pedro Castillo lo confirman. En materia de relaciones internacionales, la pugna entre EEUU y China seguirá dominando la región y la guerra de Ucrania traerá más consecuencias económicas, pero no alineamientos estratégicos. 

Pero el 1° de enero inició su tercer mandato en Brasil Lula, arquetipo de “progresista moderado” que corona el giro electoral en esta dirección en la región. Es el país que por su dimensión puede ejercer el liderazgo, al que algunos adjudican el adjetivo de “benevolente” y otros lo consideran un “factor de equilibrio”. Su agenda inmediata tiene por delante la crisis del Mercosur, iniciada por la negociación de Uruguay con China para un Tratado de Libre Comercio y ampliada por una eventual con el Tratado Transpacífico. A ello se suma la oportunidad de concretar el acuerdo comercial con la Unión Europea que impulsa España para el segundo semestre, cuando ocupe la presidencia “pro tempore” de la UE. La posibilidad de revitalizar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), desactivada en la década pasada por los gobiernos de centroderecha, estará en la agenda. De los 12 gobiernos que la integraban, ahora sólo 3 se alinean con los EEUU. Pero tendrá que revitalizarla no sólo sobre la afinidad política, sino también sobre temas concretos, como sería un plan de infraestructura sudamericano. La CELAC -integrada por todos los países del continente americano menos EEUU y Canadá- será otro ámbito, ya que Lula volverá a poner a Brasil dentro de la entidad de la cual estuvo ausente durante la presidencia de Bolsonaro. Hasta 2022 había sido interlocutor regional de China, pero ahora ha comenzado a serlo de la Unión Europea. El presidente argentino aspira a ser reelecto como Presidente pro témpore, pero los países del ALBA han propuesto que sea uno de ellos, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas.

En conclusión: América Latina entra en 2023, con sus indicadores económicos y sociales deteriorándose y los problemas crónicos agudizándose; los regímenes autoritarios no se han democratizado, las economías modelo de décadas muestran fuerte disconformidad social y las elecciones presidenciales confirmaron el giro al “progresismo”; en 2015 el triunfo de Macri en Argentina inició un giro regional a la derecha, que el de la fórmula Fernández-Fernández en 2019 comenzó a hacerlo en la dirección contraria y que en 2023 vuelve a la situación de 8 años atrás; por último, será la asunción de Lula en Brasil el hecho político central en la región que puede permitir reorganizar el Mercosur, revitalizar Unasur y orientar la CELAC.