Por Rosendo Fraga.

La Argentina vive ya claramente la crisis política, social y económica más grave desde 2001. Comenzando por la economía, en la última semana desde la FED, el FMI, el Banco JP Morgan, las agencias de noticias Bloomberg y Asociated Press y las consultoras de riesgo, han ubicado a la Argentina como el país de América Latina con más posibilidad de enfrentar una grave crisis. Esto se da en un contexto en el que convergen tanto factores internacionales como internos. Al mismo tiempo, los indicadores locales con los que comúnmente se mide la tensión económica, como la tasa de inflación, el precio del dólar y el riesgo país, han aumentado en las últimas dos semanas en forma significativa, desde la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. A su vez, la nueva ministra, Silvina Batakis, pese a su ratificación de que se cumplirá lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, no logra generar confianza en los mercados. Hasta el momento, sólo el Presidente se ha manifestado públicamente en su apoyo, pero lo ha hecho en forma imprecisa y poco entusiasta. Alberto Fernández y la ministra han fracasado en lograr el apoyo explícito de Cristina Kirchner a las medidas anunciadas. El Presidente espera que en la reunión que tendría en Washington con su colega estadounidense el 26 de julio, pueda empezar a recomponer su figura pública. Lo acompañará Batakis, buscando que se vea así reforzada políticamente. Pero en realidad se buscará del gobierno de Estados Unidos un nuevo apoyo para “flexibilizar” las metas acordadas con el FMI.

Al mismo tiempo, la protesta social y sus diversas manifestaciones se acelera e incrementa. Se está generando rápidamente una acelerada convergencia de movimientos sociales oficialistas y opositores. Los últimos, reunidos en “Unidad Piquetera” y con eje en el Partido Obrero de ideología trotskista, han aumentado sus protestas en las calles, cada vez con mayor organización y disciplina. Al mismo tiempo, los oficialistas en sus diversas versiones, como la CTEP, el Movimiento de Trabajadores Excluidos de origen peronista, la Corriente Clasista Combativa (CCC) de origen maoista y el Movimiento Libres del Sur proveniente de la izquierda, están convergiendo con los más combativos. Sólo el Movimiento Evita, el más próximo al Gobierno, mantiene una actitud dubitativa frente a la protesta. El miércoles 20 de julio se reunirán los dos sectores para organizar una protesta nacional en conjunto, la que tendría lugar en la última semana de julio. En esta decisión convergen la crítica situación social, que se agrava día a día, con el rechazo a los 23 allanamientos a la CCC, donde la Justicia, a partir de una denuncia del macrismo en 2019, encontró 50.000 dólares, varios millones de pesos y yerba, café y leche en polvo. Suman al reclamo el rechazo a las acciones judiciales contra partidarios de Milagro Sala en Jujuy. Al mismo tiempo, la CGT organiza una manifestación de protesta contra la inflación, que tendría lugar el 17 de agosto. En ella convergen los gremios peronistas dialoguistas -hasta ahora con buena relación con la Casa Rosada-, el sector contestatario de Hugo Moyano y los dos sectores de la CTA, expresión de la izquierda kirchnerista. Cabe señalar que la semana pasada, los líderes más moderados del sindicalismo peronista, como Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez, se reunieron reservadamente con la Vicepresidenta, lo que hace años que no sucedía. Ya hay contactos entre sectores sindicales y de los movimientos sociales para coordinar acciones.

En el plano político, la debilidad del Presidente crece y su vocera, Gabriela Cerruti, volvió a negar las versiones de renuncia. Adjudicó su origen a actores de la “city”, es decir, a los grupos que habrían lucrado con el movimiento de los mercados. En los hechos, se ha articulado un “triunvirato” en el oficialismo, integrado por el Presidente, la Vicepresidenta y el titular de la Cámara de Diputados. Pero no se logra entre ellos una coordinación efectiva. Alberto Fernández intenta y no logra el apoyo explícito de los otros dos a las medidas económicas. Cristina Kirchner intenta un delicado equilibrio, buscando no pagar el costo político de respaldar las medidas económicas y, al mismo tiempo, eludir un compromiso abierto con los movimientos sociales. A su vez, Sergio Massa continúa su presión para ser el reemplazante de Juan Mansur en la Jefatura de Gabinete. Los tres sólo coinciden hoy con Batakis en responsabilizar a Guzmán por la crítica situación económica que habría dejado. El Presidente vuelve así a criticar a su ministro preferido hasta la renuncia, como hiciera también el mes pasado con Matías Kulfas. Sin poder lograr el apoyo de la Vicepresidenta, Massa y la CGT, Alberto Fernández ya sólo intenta el respaldo de los gobernadores. Pero frente a la convocatoria para que hoy lunes expresen personalmente su apoyo a Batakis, el objetivo no se cumpliría. Algunos gobernadores no concurrirán, otros estarán por Zoom y las presencias no serán suficientes para el hecho político que se pretende. Los mandatarios provinciales plantean sus requerimientos en materia de tarifas y de fondos discrecionales, lo que choca con la pretensión de la ministra. Además, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el de Chaco, Jorge Capitanich, presionan por un apoyo político expreso a la Vicepresidenta, que por ahora no consigue. Es que la mayoría de los mandatarios provinciales prefieren tomar distancia de la pugna política que se desarrolla entre Presidente y Vice.

En este marco, hay una clara interacción entre lo económico, lo social y lo político en la crisis que se desarrolla en Argentina. Una crítica política como un cuestionamiento abierto de Cristina Kirchner a Alberto Fernández, puede generar una crisis que ponga en riesgo la estabilidad presidencial y lleve a la Vicepresidenta a asumir el poder. En este caso, la crisis económica puede desatarse y allí pasar al plano social. Pero también puede suceder que el descontrol de los mercados precipite un estallido de protestas sociales en la calle y esto genere la crisis política. Cabe la posibilidad de que el deterioro económico agudice y extienda las protestas sociales, y esto tensione la economía y la política. En este contexto, la oposición tiene capacidad de ganar la calle, ya sea a través de sectores del campo, como los que se movilizaron el 13 de julio en todo el país, o sectores de clase media que se manifestaron con “banderazos” el 9 de julio. Pero lo que no tiene es unidad de liderazgo en una crisis. El sector representado por Patricia Bullrich mantiene una actitud dura frente al Gobierno, buscando no perder la representación de la protesta opositora. Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta prefiere mantener abiertos los canales de diálogo con el oficialismo. El ex Presidente Mauricio Macri -recientemente absuelto en la causa en que estaba acusado por espionaje a los familiares de los muertos en el submarino ARA San Juan-, prefiere mantenerse expectante frente a la crisis.

En conclusión: la Argentina vive una grave crisis económica, cuando el Presidente intenta reconstruir su imagen al reunirse con el Presidente Biden; al mismo tiempo, la protesta social en la calle se incrementa, articula y extiende, como no se veía desde 2002; Alberto Fernández no logra el apoyo de la Vicepresidenta ni de Massa a las medidas económicas de Batakis, mientras los gobernadores eluden compromisos; por último, tiene lugar una interacción de las crisis que se desarrollan simultáneamente en lo político, lo económico y lo social, y situaciones extremas en cada una de ellas pueden influir sobre las otras.