Por Rosendo Fraga.

El discurso de la Vicepresidenta en Calafate del viernes 8 y el del Presidente en Tucumán el sábado 9, muestran la existencia de una “tregua” entre ambos, aunque no definitiva ni sólida. Aunque la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, en el pasado reciente haya estado más cerca de la segunda que del primero, Cristina Kirchner no estuvo presente en su juramento ni le dio un apoyo explícito en su último discurso. Eludió las críticas directas al Presidente, a diferencia de lo que hizo en los seis discursos que pronunció desde abril, pero no avaló su gestión. El Presidente, por su parte, llamó a la unidad a la población, pero al mismo tiempo acusó a los “grupos concentrados” -oposición, empresarios y medios- de promover la “desestabilización”, coincidiendo así con la visión de la Vicepresidenta. Los rumores que durante la semana se difundieron sobre un intento de renuncia del Presidente a raíz de la dimisión del ministro de Economía Martín Guzmán, llevó al principal “operador” político del Presidente, Fernando “Chino” Navarro -Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete-, y a la vocera del Presidente, Gabriela Cerruti, a negar que ello haya sucedido o fuera a suceder. El domingo 10 de julio, los comentarios políticos de los diarios La Nación y Clarín dieron cuenta de que el Presidente, en el peor momento de la crisis, dijo a su círculo íntimo que “si me siguen jodiendo, renuncio”. Esta información la transmitió a dichos diarios una de las personas más cercanas a él, que estuvo presente.

Pero esta tregua necesariamente es “frágil” porque no hay un acuerdo político de fondo entre las principales figuras del poder y además la dinámica de la situación política y económica es incierta, pero veloz. Durante los primeros diez días de julio, ha ido tomando forma el “triunvirato” del poder oficialista: Presidente, Vicepresidenta y Presidente de la Cámara de Diputados. El poder de cada uno de ellos es diferente. Las áreas del Estado que están bajo el control de la Vicepresidenta alcanzan al 79% del gasto público; las que responden al Presidente representan el 15%, y las que controla Sergio Massa el 6% restante. Es una evidencia del distinto grado de poder. El Presidente decidió no hacer más cambios en el Gobierno por ahora, como pedía Massa, porque teme que ello abra nuevas discusiones que desgasten más su imagen política. Tampoco implementa una “mesa de discusión política” con los principales dirigentes del oficialismo, porque ello puede generar un estado deliberativo que complique más las cosas. Hasta ahora, la situación política ha generado incertidumbre en la economía. Pero de ahora en más, será ella la que le pondrá los tiempos a la política. La inflación de julio pasa así a ser una variable clave para la subsistencia de la “tregua frágil” dentro del oficialismo, tras la renuncia de Guzmán y la designación de Batakis. En las crisis político-económicas, la “velocidad” es clave y el riesgo de aceleración está planteado.

Si las medidas de Batakis resultan eficaces para contener la escalada de los mercados, el Presidente habrá ganado tiempo, pero el país comienza a vivir una situación de crisis que ha conocido en el pasado. Dominar la reacción del mercado es la prioridad política del Gobierno, pero aunque lo logre en lo inmediato, se está dando una dinámica de crisis simultánea en lo político, económico y social. La versión de que el Presidente dijo a su círculo íntimo que podría renunciar, es el eje de la crisis política. Si no recompone su poder, para lo cual es imprescindible la cooperación de la Vicepresidente, le será muy difícil estabilizar la situación. Hasta ahora ella ha suspendido sus críticas públicas, pero ha evitado comprometerse con la gestión presidencial. El congreso del Movimiento Evita del sábado 9 mostró la existencia de la “tregua frágil” en el oficialismo. Pero el jueves 7 de julio, Máximo Kirchner, Presidente del PJ bonaerense, había embestido duramente contra Alberto Fernández. La Vicepresidenta también ha sentido los límites a su poder. En el Senado, la semana pasada no logró la media sanción del proyecto que eleva los miembros de la Corte a 25. En la que se inicia, comienzan los alegatos en la causa en la cual está acusada de asociación ilícita con Lázaro Báez, que recién hacia fin de año podría tener resolución de primera instancia. En lo económico, los números de inflación, dólar y riesgo país muestran el nivel de la crisis, y la situación social, expresada en términos de nivel de pobreza e indigencia, señala los riesgos de los posibles efectos sociales de esta crisis. La Argentina no vive una crisis institucional, pero sí una crisis política en un contexto de incertidumbre económica y tensión social.

Es en esta última área donde las señales de malestar extendido se ponen en evidencia en distintos sectores y el sábado 9 de julio fue una evidencia de ello. El Bloque Piquetero, que encuadra a los movimientos sociales opositores de izquierda, se movilizó con la disciplina que han logrado en los últimos dos meses, a la Plaza de Mayo cuestionando la política económica, reclamando más planes y atacando al FMI. Los sectores opositores (sin participación política abierta) se autoconvocaron por redes sociales, reuniéndose en el Obelisco y Plaza de Mayo en forma inorgánica. Grupos que no eran exactamente los mismos, quisieron forzar la reja que rodea la Casa de Gobierno. Este mismo movimiento opositor, también en forma espontánea, se manifestó frente a la residencia presidencial de Olivos y en varias de las ciudades más importantes del interior. El oficialismo reunió al mismo tiempo a 2.500 militantes del Movimiento Evita en el Gran Buenos Aires y el grupo de intelectuales del “albertismo” leyó una proclama desde el Cabildo, ambas manifestaciones en apoyo del Gobierno. El campo, por su parte, ratificó su protesta para el 13 de julio, motivada en reclamos económicos, pero también en un sentimiento opositor. Son manifestaciones un tanto anárquicas y contradictorias, pero que expresan como conjunto un estado de malestar en la sociedad. Al mismo tiempo, las encuestas de opinión muestran en forma coincidente que el oficialismo se encuentra en su peor momento, el Presidente en su mínimo nivel de aprobación y el pesimismo sobre el futuro está en su máximo nivel en los 31 meses de gobierno transcurridos. Cabe recordar que restan 13 meses para las PASO, 15 para la elección presidencial y 17 para la finalización del mandato.

En conclusión: los discursos del Presidente en Tucumán y de la Vicepresidenta en Calafate, mostraron la existencia de una “tregua” entre ambos; pero esta situación es “frágil” y Cristina Kirchner no estuvo presente en el juramento de la nueva ministra de Economía y evitó apoyarla abiertamente; la Argentina atraviesa un momento que ya ha vivido, en el cual las crisis se interaccionan simultáneamente en los planos político, económico y social; por último, es en este último campo donde se percibe un estado de creciente malestar y protesta, que puede agravarse si la nueva gestión económica no tiene éxito en calmar los mercados.