Por Rosendo Fraga.

La asunción de la Presidencia del Consejo de la Magistratura el día de hoy por el Presidente de la Suprema Corte, Horacio Rosatti, puede derivar en una crisis institucional. El 15 de abril venció el plazo de 120 días que el máximo tribunal determinó para que el órgano que propone los jueces e inicia los juicios políticos, vuelva a la composición vigente desde 1997 y que había sido reformada por Cristina Kirchner en 2008, reduciendo de 20 a 13 los miembros originales. El Congreso no cumplió el plazo establecido por la Corte, lo que plantea una situación de desobediencia institucional. Frente a esta situación, Rosatti podría cumplir de hecho el fallo de la Corte que él preside, asumiendo hoy la Presidencia del Consejo de la Magistratura de acuerdo a lo que determina su composición de 1997. Un juez federal de Paraná, alineado con los K, sancionó una “precautelar” que deja en suspenso la ejecución de la decisión de la Corte. Tanto en la ley original, como en el fallo del máximo tribunal, se establece que los nuevos consejeros que se eligen tienen que asumir simultáneamente. Pero los cuatro que designa el Congreso no han sido nominados. Esto quiere decir que el Poder Legislativo está incumpliendo el fallo de la Corte y eso están haciendo la Vicepresidenta Cristina Kirchner, y el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Es un conflicto en el que el Frente de Todos, hasta el momento, mantiene una posición unificada, alineando al Legislativo con el Ejecutivo frente a una decisión de la Corte. Pero mientras la Casa Rosada se mantiene en silencio, los voceros del kirchnerismo critican duramente al máximo tribunal. El senador Oscar Parrilli, vocero de la Presidenta en el Senado, ha calificado de “golpe institucional” a la actitud de la Corte, y el diputado Leopoldo Moreau ha pedido el juicio político al máximo tribunal, refiriéndose a Rosatti como un “Napoleón de pacotilla”.

Al mismo tiempo, las diferencias dentro del Ejecutivo muestran un nivel de intensidad sin precedentes en los 28 meses de gobierno transcurridos. La Vicepresidenta viene escalando la diferenciación del Presidente en términos de frecuencia e intensidad. El 2 de abril (aniversario del desembarco en Malvinas) hizo una crítica alusión al Presidente, al decirle que leyera un libro que ella le regaló, sobre el fracaso del ex Presidente Alfonsín, que terminó en la hiperinflación y un fracaso económico. Lo hizo pocos días antes de que el 13 de abril se conociera la tasa de inflación de marzo, que mostró un aumento de 6,7%. El primer trimestre cierra así con la peor inflación en tres décadas. El mismo día, la Vicepresidenta abrió con un encendido discurso la reunión anual de parlamentarios de la Unión Europea y de América Latina (Eurolat). No fue un acto menor, iniciándose con discursos por Zoom del Presidente del Parlamento de la Unión Europea y del encargado de Relaciones Exteriores y Seguridad de la UE. Cristina Kirchner impidió, con el apoyo de legisladores de Nicaragua, Bolivia y Uruguay, la declaración conjunta que iba a condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Atacó directamente a la OTAN -actor central de la guerra europea-, acusándola de haber instalado una base militar en Malvinas, a 16.000 kilómetros del Reino Unido. Lo hizo pocos días después de que Argentina votase a favor de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mientras que Brasil y México se abstenían. Las críticas de la Vicepresidenta se extendieron al Fondo Monetario Internacional y la influencia global que ejercen lo que ella llama “poderes fácticos”, caracterizando con esa denominación a los protagonistas de la economía mundial. Lo hizo días antes de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, viaje a Washington para renegociar las metas acordadas con el FMI, ya antes que se realice la primera revisión trimestral. 

Pero las diferencias que expresó Cristina Kirchner fueron críticas en sus alusiones al Presidente argentino. Dijo que “tener la banda y el bastón (en referencia a los símbolos de la autoridad presidencial) no significa tener el poder”. Lo dijo en un momento en que el Presidente es criticado por una actitud de indecisión frente a los problemas de gobierno y en la lucha interna que libra contra ella misma, quien reiteró sus críticas a la “Patria judicial”, acusando a los jueces de ser instrumentos para desestabilizar gobiernos populares. Criticó a los medios de comunicación y a los “poderes fácticos” de vaciar de contenido a los representantes elegidos por los votantes, aludiendo directamente a los legisladores presentes. El acto realizado en el Centro Cultural Kirchner contó con la presencia de centenares de militantes K, que corearon la consigna “vamos a volver” (como si no formaran parte de la coalición de Gobierno), y dieron a la reunión interparlamentaria carácter de campaña electoral argentina. El discurso tuvo un alto efecto político interno, dado que puso de manifiesto la intensidad del conflicto existente entre el Presidente y la Vicepresidenta. Lógicamente, los legisladores europeos del Bloque Popular -de centroderecha- consideraron un “bochorno” el discurso de apertura de la Vicepresidenta, al haberlo transformado en un “acto peronista”. Juntos por el Cambio se sumó textualmente a esta crítica.

Mientras tanto, el Presidente sigue sin definir qué actitud tomar frente al creciente desafío político de su Vicepresidenta. Un conflicto entre ambos adquiere carácter institucional, dado que han sido elegidos para ejercer el mandato por cuatro años y sólo pueden ser removidos por juicio político, para lo cual hacen falta dos tercios del Congreso. Tras analizar la posibilidad de cambios en el Gabinete, el Presidente parece haber decidido por ahora postergarlos, buscando quizás sobrevivir los 20 meses de gobierno restantes, evitando que se rompa la coalición oficialista, lo que podría llevar la actual situación a la ingobernabilidad. Por otro lado, las personas que integran su círculo inmediato proponen un cambio de Gabinete y funcionarios relevantes para quitar el poder al kirchnerismo y consolidar el del Presidente, tomando el riesgo de enfrentar una crisis de gobernabilidad. A lo mejor, en las próximas semanas Alberto Fernández opte por un cambio de Gabinete que en realidad no sea tal, sino un simple “reordenamiento” de funcionarios. Una alianza con la oposición que le permita mantener la gobernabilidad sin el kirchnerismo, no parece estar por ahora en el ánimo del Presidente, algunos de cuyos asesores muestran como manifestación de la independencia política respecto a la Vicepresidenta que el ministro Martín Guzmán no ha hecho caso a un memorándum presentado por el subsecretario de Energía (Federico Basualdo), un militante K. Pero se trata sólo de un hecho menor. Mientras tanto, la situación social se hace más tensa, incentivada por la inflación; en el ámbito empresario, y particularmente en el argo y la energía, crece la preocupación por la iniciativa del ministro de Economía de establecer un impuesto extraordinario a la “renta inesperada” generada por la guerra; extremistas K convocan a sus militantes a exigir en las calles la renuncia de la Corte; paro de transportistas de granos, bloqueos sindicales y crecientes presiones salariales completan un panorama político por demás complejo.

En conclusión: la controversia en torno a las diferencias entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial por la composición del Consejo de la Magistratura, puede derivar en una crisis institucional; el discurso de la Vicepresidenta en la reunión del Eurolat puso de manifiesto la escalada de su confrontación con el Presidente, en cuanto a frecuencia e intensidad; este discurso, que expuso la visión ideológica de Cristina Kirchner en el plano internacional, la lleva a estar más cerca de Rusia que de la Unión Europea en la guerra en Ucrania; mientras tanto, el Presidente sigue sin definir su actitud frente al creciente desafío político de su Vicepresidenta.