Por Rosendo Fraga.

La sanción definitiva de la ley que da vigencia al acuerdo con el FMI es un logro importante de Alberto Fernández en términos de gobernabilidad. Ahora sólo queda por delante la confirmación por parte del directorio del Fondo Monetario, la que tendrá lugar el viernes 25 de marzo. El hecho pone de manifiesto cómo la clase política argentina, pese a sus defectos, frente al “precipicio” toma la decisión política correcta. La argumentación tanto de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como la de Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior, de que sin el acuerdo se produciría una “catástrofe”, es una manifestación clara de esta actitud. La oposición, en su casi totalidad, votó positivamente, haciendo viable la aprobación del acuerdo. La realidad es que en Diputados, los votos favorables de Juntos por el Cambio fueron 111, y los del Frente de Todos solamente 77. En el Senado sucedió otro tanto: votaron favorablemente 30 senadores de la oposición y sólo 22 del oficialismo. Los votos a favor del acuerdo fueron contundentes: 188 en Diputados sobre 257, y 52 en el Senado, donde el total de legisladores es de 72. Más allá de la aprobación, el número de votos favorables da una idea del amplio apoyo alcanzado. Si el FMI requería una señal política clara, esta se dio. Pero la ley aprobada, en realidad si bien evita el default, no resuelve los problemas básicos de la economía argentina. Que simultáneamente se informara que en febrero la inflación mensual fue del 4,7% -la más alta de América Latina, incluida Venezuela- y que la canasta básica alimentaria -que define la situación de indigencia y pobreza extrema-, se incrementara 9% en el mes, muestran la magnitud del problema socioeconómico del país. El equipo económico estima que el promedio de marzo sería del 6%.

Pero en términos de gobernabilidad futura, la división del oficialismo genera dudas sobre su mantenimiento en el año y medio de gobierno que resta a Alberto Fernández. La votación mostró un oficialismo dividido como nunca desde que se inició el Gobierno el 10 de diciembre de 2019. El peronismo registra antecedentes de divisiones parlamentarias cuando es oficialismo, como los que tuvieron lugar en los años setenta, cuando gobernaba María Estela Martínez de Perón, y a fines de los ochenta, cuando Carlos Menem estaba en el poder. Pero en ambos casos, los “rebeldes” no llegaban al 10% de la bancada en Diputados. Durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017, el bloque de senadores justicialistas también se dividió. Dos tercios constituyeron el del “peronismo federal”, que negociaba con el Gobierno y permitió su gobernabilidad, y el tercio restante, que quedó bajo el liderazgo de la actual Vicepresidenta. Puesto en estos términos, la actual división del oficialismo es la más importante que ha tenido lugar en el peronismo siendo gobierno desde que irrumpió en la vida política argentina en 1945. Por esta razón, mientras en la Casa Rosada hay quienes ven la votación como una victoria, el Presidente percibe los riesgos de ingobernabilidad que surgen si la división se transforma en ruptura. Es decir, que los bloques se dividan en ambas Cámaras. En esa situación, un acuerdo de oficialismo y oposición podrá ser un recurso de emergencia, pero no un sistema para la gobernabilidad. Es que en Juntos por el Cambio predomina la posición de que crecen sus posibilidades de llegar al poder en 2023 y por esta razón no quieren compartir el costo político de las medidas de gobierno.

En lo inmediato, el Presidente Alberto Fernández parece decidido a evitar la ruptura, consciente que es el mejor camino posible para tener gobernabilidad en lo que resta de su mandato. En los últimos días, destacados funcionarios del oficialismo, como la vocera del Presidente, Gabriela Cerrutti, han reconocido la profundidad de la división. Esta constituye el momento político más difícil del Presidente en cuanto al conflicto dentro de su propia coalición, que en realidad es el enfrentamiento con la Vicepresidenta por el liderazgo del peronismo. Alberto Fernández ha rechazado la propuesta originada en su propio equipo de remover de sus cargos a los dirigentes de La Cámpora que están al frente de la ANSES, el PAMI y otras posiciones de poder económico con manejo de recursos. Pero el Presidente habría optado por mantener en lo inmediato el statu quo, impidiendo nuevos avances de poder de la agrupación que lidera Máximo Kirchner. Como es público, el diálogo entre el Presidente y la Vicepresidenta se encuentra interrumpido y no aparece por ahora el mediador que pueda restablecerlo. En el Congreso se vive una virtual parálisis. El proyecto de ley para implementar la modificación del Consejo de la Magistratura -que en el proyecto k impide que el Presidente de la Corte lo presida- tendría mayoría para ser aprobado en el Senado. La Vicepresidenta tiene la firme decisión de impedir que Horacio Rosatti presida el organismo. Pero en Diputados este proyecto no sería aprobado.

En este marco, el rol político de la oposición se incrementa, no sólo por su posibilidad de ganar en 2023, sino porque su actitud será fundamental para mantener la gobernabilidad. En el caso de que se produzca la ruptura en el oficialismo, la única alternativa del Presidente es llegar a una negociación con la oposición que repita la gestada para la aprobación del acuerdo con el FMI. Ello no es fácil. El voto de la oposición unida en el Congreso fue obtenido después de difíciles negociaciones, las cuales están inevitablemente influidas por la pugna de precandidaturas, con aproximadamente media docena de aspirantes para las presidenciales. Evitar compartir los costos políticos del Gobierno es ya una estrategia unificada. Por esta razón, se votó sólo la autorización al oficialismo para tomar crédito, pero no respecto a las medidas que se adoptarán en materia de política económica. La divergencia ideológica entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos es importante y se puso en evidencia al día siguiente de la aprobación del acuerdo en el Congreso, en temas relevantes como la “guerra contra la inflación” y el aumento de las retenciones. Las versiones sobre cambios en el Gabinete arrecian dentro del oficialismo. La situación del ministro de Economía, Martín Guzmán, es frágil y es cuestionado fuertemente desde el kirchnerismo (FMI, tarifas, inflación, etc). Ello es la causa por la cual el Presidente posterga su reemplazo, para evitar un hecho que muestre debilidad. Mientras tanto, desde las entidades del campo se advierte sobre la posibilidad de que la protesta de los productores vuelva a las rutas. Al mismo tiempo, los líderes de los movimientos sociales opositores advierten del riesgo de violencia en las protestas en las calles, por el acelerado deterioro de la situación social.

En conclusión: la aprobación del proyecto de ley que convalida el acuerdo con el FMI, es un logro importante de Alberto Fernández en materia de gobernabilidad, pero que no resuelve la crisis ni política ni económica; pero lo alcanzado en el Parlamento no resuelve la gobernabilidad futura, asediada por la división existente dentro de la coalición oficialista, que se ha hecho pública y evidente en el Congreso; en lo inmediato, el Presidente parece decidido a impedir la ruptura y por lo menos conseguir una tregua, sin descartar que un cambio de Gabinete ponga de manifiesto esta situación; por último, el rol de la oposición se incrementa electoralmente y en materia de gobernabilidad, pero predomina en ella la intención de evitar compartir los costos políticos que tiene y tendrá el oficialismo.