Por Rosendo Fraga.

La aprobación del acuerdo con el FMI en Diputados se dio de acuerdo a lo esperado: un voto transversal, pero con un tercio de los legisladores oficialistas votando en contra del proyecto. Sobre los 257 diputados que componen la Cámara, de los 118 del bloque del Frente de Todos, 77 votaron a favor, es decir que algo más de un tercio de los legisladores oficialistas (41) no lo aprobaron. De estos, 28 acompañaron al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, que votó negativamente, y respecto a quien fracasaron las gestiones de la Casa Rosada para lograr que diera quórum y se abstuviera. Fueron 13 los legisladores que se abstuvieron, entre ellos sindicalistas cercanos a Cristina Kirchner y legisladores que responden a Axel Kicillof. En Juntos por el Cambio, los votos positivos fueron 111. Hubo 4 ausentes (todos del PRO que responden al sector denominado los “halcones”) y un solo voto negativo, el del ex ministro Ricardo López Murphy, quien argumentó que el acuerdo contenía aumento de impuestos, aunque no lo dijera explícitamente. En el resto de la Cámara se registraron 14 votos positivos -provenientes de peronistas disidentes y partidos provinciales-, 8 votos negativos -entre los que se destacó el de los “libertarios”- y dos legisladores de izquierda se abstuvieron. El Gobierno dio un paso en pos de la gobernabilidad, pero pagando un costo político en términos de cohesión para gobernar. Que el proyecto haya sido sancionado en la Cámara Baja por 111 votos positivos de la oposición y sólo 77 del oficialismo es un punto de preocupación para la Casa Rosada. 

En el Senado, el tratamiento del proyecto ofrece pocas dudas sobre si será o no aprobado, dado que se descuenta el voto positivo de los 30 senadores de la oposición. El total de la Cámara es de 72 legisladores y el oficialismo cuenta con 35. Los 7 restantes son independientes que negocian de acuerdo a las circunstancias. La Vicepresidenta, que preside el Senado, se ha mantenido en silencio y no lo romperá hasta después de la votación. Pero esta actitud, para quien ejerce el segundo cargo más importante del Ejecutivo, implica en los hechos desaprobación. Tras la votación en la Cámara de Diputados, diversas señales evidenciaron esta actitud: la reunión con su hijo Máximo avalando su posición en Diputados, la negativa a reunirse con el Presidente y las críticas del dirigente de La Cámpora, Andrés Larroque, al “silencio” del gobierno nacional frente a la falta de condena ante la agresión que sufrió el despacho de Cristina Kirchner por parte de los militantes de izquierda que manifestaban contra la aprobación del acuerdo, rechazadas por la vocera del Presidente, Gabriela Cerrutti. El titular del bloque oficialista en la Cámara Alta, el formoseño José Mayans, se ha limitado a escuchar a sus legisladores. Se estima que cerca de la mitad de ellos votaría en contra o se abstendría. La otra mitad haría un voto positivo, para el cual el Ejecutivo cuenta con el aval de los gobernadores, que fue menor de lo esperado porque cuando el Presidente los convocó antes de la votación en Diputados, concurrieron sólo 10 de los 24, más 2 vicegobernadores. Con esta relación de fuerzas, votando todo el bloque opositor y la mitad del oficialista a favor del acuerdo, el Ejecutivo tiene el quórum y los votos necesarios para la aprobación.

En la Casa Rosada preocupa la situación post-aprobación en el oficialismo, donde la división que se ha dado es la mayor en cantidad e impacto en los 27 meses de gobierno transcurridos. El Presidente prefiere no transformar la división en ruptura. En primer lugar, porque ello complicaría su proyecto de reelección, en el que pese a sus bajas posibilidades, él cree todavía. Segundo, porque con la ruptura, la gobernabilidad pasaría a depender de la oposición, que de mantenerse unida -que es lo probable- tendría más legisladores que la bancada oficialista que quedaría. Esto podría debilitar más al denominado “albertismo”. Desde el círculo próximo al Presidente se impulsa un cambio de Gabinete para después de la aprobación del acuerdo en el Senado, en la dirección de quitar al kirchnerismo posiciones en el Ejecutivo, y especialmente las que manejan recursos económicos como ANSES, PAMI y otros, hoy en manos de La Cámpora. Desde el kirchnerismo también se presiona para un cambio de Gabinete, pero con la dirección contraria: cubrir cargos con militantes políticos que debiliten a la Casa Rosada. Pero el Presidente sigue reacio a mantener un enfrentamiento abierto con la Vicepresidenta. Quienes presionan por una ruptura no parecen ser la mayoría entre los gobernadores, intendentes y legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Nación. Fuera del oficialismo preocupa ver repetirse una actitud del peronismo en el pasado, que es ser oficialismo y oposición al mismo tiempo.

En cuanto a Cristina Kirchner, deja abierta una ambigüedad respecto a cuál es su verdadera estrategia política frente al acuerdo con el FMI. Sólo dos dirigentes de su sector (Wado de Pedro y Axel Kicillof) han dicho públicamente que el acuerdo evita una “catástrofe”. Es posible que ella haya querido no ser políticamente responsable de los efectos de un default a consecuencia de la no aprobación del acuerdo, pero al mismo tiempo, habría buscado evitar el costo político de avalarlo. Es posible también que situaciones como la inflación, el aumento de tarifas y la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, que generarán malestar social en los próximos meses, lo pague así el gobierno nacional. El kirchnerismo, en ese escenario, buscará responsabilizar al Presidente por la situación de la economía, destacando que el kirchnerismo no ha sido responsable de esa situación. Pensando hacia el futuro, esta estrategia apunta a que en las PASO del peronismo en agosto de 2023, un enfrentamiento entre un candidato kirchnerista y uno no kirchnerista se defina a favor del primero. Es cierto que Cristina Kirchner hoy tiene la adhesión de sólo una cuarta parte de la opinión pública, algo que no es suficiente para ganar una elección, pero sí para imponerse en la interna del peronismo. Mientras tanto, el frente judicial de la Vicepresidenta tiende a complicarse y las protestas de los movimientos sociales opositores se intensifican.

En conclusión: la aprobación del acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados, es un paso importante de la Casa Rosada hacia la gobernabilidad, pero que evidencia una división relevante dentro del oficialismo; en el Senado, de repetirse el voto positivo de toda la oposición junto con la mitad o más de los senadores oficialistas, el proyecto tendría aprobación definitiva; la disputa interna dentro del oficialismo podría tener consecuencias en un próximo cambio de Gabinete, pero el Presidente no parece dispuesto a que la división se transforme en una ruptura; por último, el silencio de la Vicepresidenta puede ser una estrategia para no ser responsable de un eventual default, y al mismo tiempo tomar distancia de un acuerdo que no dé réditos políticos en los próximos meses.