Por Rosendo Fraga.

El acuerdo de Argentina con el FMI evita el “peor escenario”, pero al mismo tiempo es el inicio de un proceso políticamente complejo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, argumentó que “evita una catástrofe”. El ministro de Economía, Martín Guzmán, manifestó que no haber logrado este acuerdo, era entrar “en un camino desconocido”. Pero el silencio de la Vicepresidenta Cristina Kirchner ha evidenciado que la cohesión del oficialismo es débil en este punto, o que por lo menos, como reconoció el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis -muy próximo al Presidente-, hay matices y diferencias. Voceros del kirchnerismo criticaron el acuerdo antes de su firma (Moreau, Vallejos, etc.) y también lo hicieron después del anuncio (Lozano, Alicia Castro, Grabois, etc.). En líneas generales, gobernadores, CGT e incluso movimientos sociales han respaldado la gestión del Ejecutivo con el FMI. Pero la estrategia del Gobierno de presentar este acuerdo -o más bien principio de acuerdo- como el “no ajuste”, ya es una fuente no de matices, sino de discrepancias. Vale como ejemplo el sinceramiento de las tarifas: algunas fuentes sostienen que lo acordado con el Fondo obliga a un aumento del 180%; en cambio, en el kirchnerismo se afirma que la actualización no puede superar el 20%. La firma del memorándum de entendimiento entre Argentina y el FMI ya comienza a mostrar las diferencias dentro del oficialismo. Posiblemente, Cristina no quiso ser responsable del impacto en los mercados de un no acuerdo. Pero al mismo tiempo, quiere evitar compartir con la Casa Rosada el costo político que tendrá el mismo. Esta estrategia ya ha comenzado a evidenciarse. Las declaraciones del Presidente del Banco Central, Miguel Pesce, de que ahora Alberto Fernández puede aspirar nuevamente a la reelección, avivan las tensiones políticas en el oficialismo, en lugar de atenuarlas. La renuncia de Máximo Kirchner a la Presidencia del bloque de diputados del oficialismo, es una primera evidencia de la complejidad que tendrá, entre febrero y marzo, el proceso para que el acuerdo con el Fondo llegue a buen puerto.

El Congreso es el ámbito donde ahora se pueden poner de manifiesto o resolverse, las diferencias que se registran en el oficialismo respecto al acuerdo. El Poder Ejecutivo se ha comprometido a aprobar por ley el acuerdo. El Presidente tiene plenas atribuciones para firmar el compromiso con el Fondo Monetario sin la aprobación del Poder Legislativo. Pero los sucesivos incumplimientos de Argentina han llevado a que esta vez, el organismo financiero internacional plantee esta exigencia, compartida por el Gobierno, que busca asumir los costos y compromisos del acuerdo con la oposición. El 1° de febrero se inician las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo. No hay fecha para el tratamiento del acuerdo con el Fondo, que además todavía no ha sido redactado. En general, predomina en el Congreso la idea de que es un tema que pasará para marzo. Mientras tanto, proyectos como el consenso fiscal y las reformas del Consejo de la Magistratura -prioritarios entre los proyectos extraordinarios enviados por la Casa Rosada- no tienen fecha de tratamiento, ni se han logrado los acuerdos para sesionar en un Congreso sin mayorías, sobre todo en Diputados. El camino parlamentario del acuerdo pasa ante todo por la Vicepresidenta. Ella controla un bloque de 35 senadores, que acordando con sólo un legislador más, tiene el quórum para sesionar, y es la Vicepresidenta quien dispone la convocatoria.

El conflicto político en torno a la Justicia se vincula en este contexto con las diferencias respecto al FMI. El 1° de febrero es la marcha de la militancia kirchnerista para exigir la renuncia de los miembros de la Suprema Corte y el 8 de febrero declara el Presidente Alberto Fernández -por escrito- en una causa de corrupción que involucra a la Vicepresidenta. El Presidente, consciente de la sorda opinión negativa de Cristina sobre el acuerdo, busca coincidir con ella en el tema judicial. La marcha kirchnerista exigiendo la renuncia de la Corte es un típico “procedimiento populista” para quebrar las instituciones. Fue originada en los sectores “ultra K”, pero el Presidente la justificó con sus críticas al máximo tribunal, y varios ministros han convocado a concurrir. El Presidente declara ante la Justicia en la causa contra su Vicepresidenta a pedido de los defensores de ella, que han solicitado citar a todos sus ex Jefes de Gabinete: el actual Presidente; el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el ex senador Juan Manuel Abal Medina; y el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, además del ex Secretario General de la Presidencia y actual Procurador General del Tesoro, Carlos Zanini. Así como el FMI acentúa divergencias ideológicas en el Frente de Todos, la cuestión judicial hoy tiende a unificarlas. Políticamente, fuera del oficialismo, se ve al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y al Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como “ganadores políticos” por haber promovido públicamente el acuerdo con el FMI. Pero la lucha interna por los espacios de poder probablemente va por otros carriles. En el oficialismo no se descarta que alguien como Aníbal Fernández o Agustín Rossi ocupe en las próximas semanas la Jefatura de Gabinete. 

La política exterior será central en los próximos días por los encuentros del Presidente argentino con Putin y XI. La visita que realiza a Moscú el 3 de febrero es relevante no sólo por lo que significa dicho país, sino por el momento en que tiene lugar: máxima tensión en el conflicto entre la OTAN y Rusia. Es claro que el Presidente argentino buscará avanzar en proyectos e inversiones, pero el tema es cómo utiliza el líder ruso el encuentro en estas circunstancias globales. Dos días después, el Presidente se entrevistará con su par chino en Beijing, tras asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos que se realizan en China. En este caso, la Argentina se incorporará al proyecto geopolítico chino de la “Nueva Ruta de la Seda” y pueden firmarse instrumentos en el área de tecnología nuclear que generan preocupación en Washington. En la Casa Rosada sostienen que el apoyo de Estados Unidos al acuerdo con el FMI ha encauzado la relación con la Administración Biden y por ello las visitas no serán interpretadas como actos hostiles hacia la Casa Blanca. El 7 de febrero Alberto Fernández estará en el Caribe. Visita Barbados y se reuniría allí con otros Presidentes de las “islas-estado” de dicha región, como consecuencia de los votos obtenidos por Argentina para la elección de la Presidencia “pro-témpore” de la Celac. Al mismo tiempo, de los cuatro millones de vacunas que ha donado la Argentina en las últimas semanas, un tercio de los países beneficiados han sido del Caribe. El acuerdo con el FMI fue respaldado por 10 ex Presidentes progresistas de la región, encabezados por Lula da Silva, Fernando Lugo, Evo Morales y otros, y por el Grupo de Puebla, creado por dirigentes progresistas de la región, y que integra el Presidente argentino. Durante su presencia en Tegucigalpa para asistir a la asunción de Xiomara Castro, la Vicepresidenta argentina, en una conferencia que dio horas antes del acuerdo, se manifestó críticamente hacia el FMI.

En conclusión: el acuerdo con el Fondo Monetario no es el final de un proceso, sino el principio de otro que requerirá superar las diferencias existentes dentro del oficialismo, y la renuncia de Máximo Kirchner a la Presidencia del bloque así lo confirma; el Congreso será el ámbito político en el cual se discutirá el acuerdo, entre febrero y marzo; al mismo tiempo, el Frente de Todos intenta mostrarse unido en el cuestionamiento a la Corte y en el apoyo a la Vicepresidenta en sus causas judiciales; por último, los encuentros del Presidente argentino con Putin y XI son una oportunidad no carente de riesgos, por las circunstancias internacionales en las cuales tienen lugar.