Por Rosendo Fraga.

Los viajes del Presidente Alberto Fernández a Moscú y Beijing en la primera semana de febrero, son centrales para la política exterior y económica. La visita a Beijing estaba prevista desde el mes de noviembre. Tiene una causa formal, que son los 50 años del reconocimiento de la potencia asiática por parte del gobierno de facto del General Alejandro Lanusse. Pero el 4 de febrero se inauguran los Juegos Olímpicos en la capital china, lo que es un hecho político. Estados Unidos y sus aliados han convocado a los gobiernos democráticos del mundo a no asistir a la inauguración en rechazo a las políticas de endurecimiento respecto a minorías y opositores, mientras que China ha logrado la presencia de sus aliados. Participar de la inauguración es una actitud política que acerca al gobierno argentino al de China. En el tema inversiones, el 5 de febrero se firmarán acuerdos bilaterales que incluye la incorporación de Argentina al proyecto “La Nueva Ruta de la Seda”, eje de la estrategia geopolítica global china. Proyectos de alta tecnología que incluyen el tema nuclear, serán también materia del acuerdo. Dos días antes, el 3 de febrero, el Presidente argentino estará en Moscú para entrevistarse con Putin y también firmar acuerdos de inversiones. Esta es una visita que se resolvió en los primeros días de enero y fue iniciativa argentina. El encuentro tiene lugar cuando Moscú enfrenta un momento crítico de su conflicto con la OTAN y cuando no niega la intención de establecer una presencia militar en América Latina -presumiblemente en Cuba y Venezuela- para amenazar a Estados Unidos. Rusia también tiene una estación de observación satelital en Nicaragua. Por todo ello, la presencia de un Presidente latinoamericano en la capital rusa en los primeros días de febrero, tendrá significado político. También al gobierno de Putin le interesa incluir el tema nuclear en los acuerdos bilaterales. En el área económica del gobierno argentino se considera que teniendo las reservas rusas 630.000 millones de dólares, puede intentarse un acuerdo de garantías para la crítica situación financiera del país.

El 18 de enero, el canciller Santiago Cafiero se reunió en Washington con el Secretario de Estado Antony Blinken. Las dudas políticas sobre la Argentina se han acentuado en la Administración Biden por la delegación argentina que asistió al inicio del nuevo mandato del Presidente nicaragüense Daniel Ortega, la confusa actitud de la Administración Fernández ante la presencia iraní en dicho acto, encabezada por un prófugo del atentado a la AMIA, y la elección de Alberto Fernández como Presidente de la Celac, que fue presentada como parte de una política regional para neutralizar la influencia estadounidense. Pero las mencionadas visitas a Putin y Xi han exacerbado las prevenciones. Cafiero intentará explicar que pese a todos estos hechos, la Argentina no tiene una actitud contraria a Washington y que busca una posición equidistante que facilite el diálogo en los conflictos regionales. Esto es prioritario para el gobierno argentino, dado que el voto norteamericano en el FMI sobre la negociación del organismo financiero internacional con la Argentina, está sin resolverse. No será fácil para el funcionario argentino disipar las dudas y prevenciones generadas en la relación bilateral en las últimas semanas. Además, hay quienes en el kirchnerismo sostienen que una alianza explícita con Moscú y Beijing puede ser la alternativa a un fracaso en las gestiones con Estados Unidos. Por último, las declaraciones de un ex Jefe de Inteligencia de Chávez, suministrando información sobre las relaciones económicas del kirchnerismo con el chavismo, es concurrente a complicar la percepción estadounidense.

Mientras tanto, la reunión entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la oposición, para que el primero exponga sobre la propuesta argentina ante el FMI, se ha tornado incierta. Después de una serie de discrepancias y discusiones, se acordó que ese encuentro sea el 18 de enero. Pero la diferencias sobre el lugar -Guzmán exige que sea en el Ministerio de Economía y los diputados opositores de Juntos por el Cambio en el Congreso-, es el escollo inmediato, cuando el ministro de Economía parece optar por una reunión en Tucumán con gobernadores para el mismo día, y las divisiones dentro del principal bloque opositor se profundizan sobre avanzar en el diálogo o no. Hasta la semana pasada, la intención del Ejecutivo era convocar las sesiones extraordinarias del Congreso para el jueves 20 de enero, para que las Comisiones comenzaran a analizar los proyectos de Casa Rosada, que incluían temas como agroindustria, biocombustibles, hidrocarburos, entre otros del área económica, y el referido a la reforma del Consejo de la Magistratura. No se incluía lo más trascendente: el Presupuesto 2022, el Plan Plurianual y la Propuesta de Acuerdo Marco para acordar con el FMI. El inicio del tratamiento de estos proyectos se ha tornado también incierto. Las divisiones en los legisladores del oficialismo y la oposición se suman a los avances y retrocesos del Ejecutivo para complicar la gobernabilidad.

La convocatoria de una marcha para el 1° de febrero exigiendo las renuncias de los integrantes de la Suprema Corte, está reactivando al “kirchnerismo duro”. Ante la imposibilidad de alcanzar la mayorías necesarias para un juicio político, la exigencia de este sector del oficialismo es que los cuatro miembros del Máximo Tribunal renuncien. El Secretario de Justicia, Juan Martín Mena, apoyó la convocatoria. Pero fue el Presidente Alberto Fernández quien la justificó, al decir que existían “serios problemas de funcionamiento en la Corte”. Sectores más moderados del kirchnerismo impulsan el aumento de la cantidad de miembros de la Corte a nueve, para que así, designando cinco más, se pueda diluir la mayoría independiente que el oficialismo no controla. Ampliar la Corte requiere mayoría simple en las dos Cámaras, lo que el oficialismo podría alcanzar en el Senado, pero difícilmente en Diputados. Nombrar nuevos miembros en el Máximo Tribunal requiere dos tercios del Senado, lo que el oficialismo no puede alcanzar. Esta presión del kirchnerismo tiene lugar cuando la Corte tiene que resolver decenas de exhortos de la Vicepresidenta Cristina Kirchner y otros dirigentes del kirchnerismo, alcanzados por causas de corrupción. 

En conclusión: las reuniones del Presidente argentino con sus colegas de China y Rusia en la primera semana de febrero, son un movimiento peligroso cuando Argentina requiere el apoyo de Washington para el acuerdo con el FMI; el canciller argentino intentará explicar ante el Secretario de Estado de EEUU que no se trata de una actitud antinorteamericana, tarea que no le resultará fácil en el actual contexto global y regional; las conversaciones entre oficialismo y oposición en torno a la propuesta argentina ante el FMI, se dilatan en un escenario incierto, al igual que la convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso; por último, la marcha exigiendo la renuncia de los miembros de la Corte, tiene lugar cuando este Tribunal tiene que resolver decenas de exhortos en causas de corrupción que afectan al kirchnerismo.