Por Rosendo Fraga.

La suspensión del tratamiento del Presupuesto en el Congreso puede ser la derrota política más importante del Gobierno en sus dos años de gestión. El oficialismo tiene 118 diputados y el quórum es 127, es decir que está 9 bancas por debajo de dicha cifra. A su vez, Juntos por el Cambio cuenta con 116, 11 menos de los necesarios para el quórum propio. Pero al momento de votarse el Presupuesto, la oposición reunió 132 votos y el oficialismo 121. La diferencia a favor del oficialismo de sólo 2 bancas, se transformó a la hora de votar en 11 bancas a favor de la oposición. Juntos por el Cambio logró arrastrar así 16 bancas más que las propias, sumando a la mayoría de los independientes. Votaron junto a la principal bancada opositora 8 diputados del bloque federal (3 peronistas bonaerenses, 2 socialistas santafesinos y 3 justicialistas de Schiaretti); también 3 del bloque provincias unidas, integrado por legisladores de Misiones, Río Negro y Neuquén; los 4 “libertarios” y un riojano independiente. En el inicio de la sesión la oposición se mostraba dividida, incluso dentro de los mismos diputados del PRO. Estas divisiones se habían visto acentuadas por negociaciones específicas que el oficialismo había llevado adelante con algunas provincias y legisladores en particular. Estas gestiones habían sido conducidas por el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el Presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Pero fue su discurso en la Cámara, y en particular el uso que hizo de la frase “aprendan a escuchar”, repetida ocho veces, lo que desencadenó el vuelco opositor. Cabe señalar que Juntos por el Cambio todavía no ha podido designar al Presidente de su interbloque y que de hecho fue el Presidente del bloque del PRO (el más importante de Juntos por el Cambio con 45 bancas) el que lideró el cambio de posición del conjunto.

La posición del oficialismo no fue intentar una nueva negociación que permitiera la aprobación del Presupuesto el 29 o 30 de diciembre, sino que optó por postergar la resolución del tema a marzo de 2022. La Casa Rosada impuso su estrategia de postergar todo para marzo: Presupuesto, Plan Plurianual y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En esto último, que era la prioridad del Gobierno, es donde ha pagado el costo mayor. El oficialismo esperaba poder retomar conversaciones con el organismo financiero internacional el 10 de enero, con el Presupuesto aprobado, lo que se ha hecho inviable. Ahora, las eventuales conversaciones entre oficialismo y oposición pasarán para el primer bimestre de 2022. El pago de la deuda con el FMI que vence a fin de diciembre deja a las reservas vulnerables y aumenta la incertidumbre. Un sector del Gobierno piensa que hay un saldo favorable: la falta de Presupuesto permite prorrogar por decreto el de 2021 hasta que sea aprobado uno nuevo. Esta situación da al Gobierno mayor margen de maniobra para asignar partidas con discrecionalidad. La realidad es que la Casa Rosada echa la culpa a Máximo Kirchner por el fracaso en Diputados, pero el sábado 18 de diciembre, contra lo que se había informado durante la semana, el Presidente acompañó a Máximo Kirchner en su controvertida asunción como Presidente del PJ bonaerense, pese al fallo de la Cámara Electoral que dispuso que la impugnación realizada por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pase a resolución de la Suprema Corte. Presidente y Vicepresidenta, frente al traspié, decidieron cerrar filas.

Al cumplirse 20 años de la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, el hecho lleva a reflexionar sobre algunas constantes en las crisis de la Argentina, por lo menos desde mediados de siglo XX hasta hoy. El FMI, tanto entonces como hoy, es el centro de la crisis económica argentina. Los préstamos del organismo financiero internacional para evitar crisis argentinas, se terminan transformando en el origen de las mismas. En aquel entonces, el FMI suspendió sus giros a la Argentina y precipitó la crisis. Ahora, son los pagos que la Argentina debe hacerle lo que aparece como riesgo de una nueva crisis. El oficialismo, con razón, plantea que el crédito que origina los pagos fue tomado por el gobierno predecesor, a cargo de Mauricio Macri. Pero hay una continuidad jurídica del Estado que no diferencia en ello. En lo político, el estallido de la crisis de 2001 llevó a un cuestionamiento generalizado a la política, que se expresó en la consigna de “que se vayan todos”. La derrota oficialista en la elección legislativa de octubre de 2001 fue el desencadenante político de la crisis. Ahora, también ha tenido lugar una derrota oficialista en la elección legislativa y hay señales del descontento respecto a la clase política, como el fuerte descenso de la concurrencia a votar entre 2017 y 2021. De agravarse la crisis económica, el sentimiento “anti política” se intensificará, posiblemente generando actitudes más radicalizadas.

Pero el oficialismo cree que la derrota parlamentaria combinada con el fallo adverso de la Suprema Corte en la causa del Consejo de la Magistratura, forman parte de una acción “destituyente”. Suman a esta interpretación la hostilidad de medios de comunicación privados, la actitud de algunos sectores económicos y supuestas gestiones realizadas por dirigentes de la oposición ante el FMI, destacando las dificultades del país para cumplir con el pago de sus deudas. La tesis del “golpe blando” -la destitución de un Gobierno sin la participación militar- irá ganando terreno en el relato oficialista, si las cosas se siguen complicando. Pero el oficialismo no advierte que la justificación que está dando de la caída de De la Rúa conspira contra sí mismo, en la medida que la situación económico-social se complique más. La Suprema Corte, con el fallo mencionado, apunta a disminuir la influencia de la política en el Consejo de la Magistratura -baja la participación de este sector de la mitad a un tercio, como era antes de la reforma del kirchnerismo en 2006-, y reestablece que el Presidente de la Corte es simultáneamente el titular del Consejo. Al mismo tiempo, el fallo que absuelve a dos empresarios próximos al kirchnerismo (Cristóbal López y Fabián de Souza) confirma que el oficialismo mantiene influencia en la primera y segunda instancia judicial, y la condena al ex titular de la AFIP (Ricardo Echegaray), muestra la existencia de luchas internas dentro del propio oficialismo.

En conclusión: el fracaso del tratamiento del Presupuesto en Diputados, posiblemente sea la derrota política más importante del Gobierno en sus dos años de gestión, y evidencia la realidad de la derrota electoral; el Gobierno desechó un último intento de negociación y optó por postergar para marzo el Presupuesto 2022, el Plan Purianual y el acuerdo con el FMI; al cumplirse 20 años de la caída de De la Rúa, el Fondo Monetario sigue siendo el eje de la crisis económica, el cuestionamiento a la política crece y sólo parece haberse tomado consciencia de la necesidad de contener lo social; por último, el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, reduciendo el peso de la política en él, es interpretado por el oficialismo como un paso hacia un intento de “golpe blando”, en combinación con el Congreso.