Por Rosendo Fraga.
La plaza convocada por el oficialismo el 10 de diciembre confirmó su alineamiento internacional con el centroizquierda regional. La convocatoria formal buscó tres objetivos: conmemorar los 38 años del restablecimiento de la democracia en la Argentina; también los dos años del Gobierno; y enfatizar la defensa de los derechos humanos. Pero esta movilización -la segunda que realiza el Gobierno en menos de un mes, tras la derrota electoral- tuvo como característica particular la presencia de dos líderes políticos de la región: los ex presidentes Lula de Brasil y Mujica de Uruguay. Lula habló, como también lo hicieron el Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El líder del PT es hoy el candidato a Presidente más votado para la elección presidencial brasileña que tendrá lugar en octubre, y de ganarla, será nuevamente el líder político que definirá la orientación política de la región, como lo fue en el pasado. Respecto a la Argentina, Lula apoyó la tesis del Gobierno de que el acuerdo con el FMI no debe realizarse a costa de un “ajuste social”. Alberto Fernández es el Presidente en ejercicio más relevante de América del Sur, de esta orientación política. Horas antes, el Presidente participó en la Cumbre virtual convocada por el Presidente Biden, de la que participaron la mitad de los gobiernos del mundo, que tienen sistemas democráticos de acuerdo a la calificación del gobierno estadounidense. El Presidente argentino aprovechó la oportunidad para reclamar a Estados Unidos y cuestionar a la OEA por su supuesto apoyo al “golpe” que destituyó al ex Presidente boliviano, Evo Morales.
Desde el punto de vista de la pugna por el poder en el Gobierno, que se desarrolla entre el Presidente y la Vicepresidenta, quedó claro que ésta continúa plenamente vigente. Cristina Kirchner puso condiciones para el acuerdo con el FMI y tomó distancia del mismo, reiterando la responsabilidad que le corresponde al Presidente. Este, por su parte, le respondió que sus reparos eran infundados. Pero la movilización del 10 de diciembre fue la contracara de la del 17 de noviembre, cuando en la misma Plaza de Mayo se conmemoró el Día del Militante Peronista. En aquella oportunidad, la plaza tuvo un significado de apoyo al Presidente y de manifestación política peronista. La CGT, que reúne a los gremios peronistas, ocupó la posición más visible en la Plaza y dominó cánticos y carteles. Los movimientos sociales peronistas y algunos intendentes del conurbano participaron de dicho acto. Ahora, en cambio, la movilización fue una manifestación política “kirchnerista”. La Cámpora que lidera el hijo de la Vicepresidenta, Máximo Kirchner, dominó los lugares más visibles de la plaza, acompañada de movimientos sociales aliados y de organizaciones de derechos humanos. En cuanto al sindicalismo, la CGT decidió no concurrir, ratificando así su apoyo al Presidente. Esto hizo que Lula y Mujica visitaran tras el acto a la CGT, reuniéndose con la cúpula del sindicalismo peronista, y también lo hicieron con las dos facciones de la CTA que expresan al sindicalismo combativo. Al día siguiente, el 11 de diciembre, las fuerzas de izquierda también realizaron una manifestación en Plaza de Mayo para repudiar el acuerdo con el FMI. Fue una concurrencia más reducida, con eje en el Partido Obrero de orientación trotskista.
Esta semana el Gobierno buscará avanzar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y dar los primeros pasos para aprobar el Presupuesto para 2022. La negociación con el organismo internacional se encuentra sin definiciones todavía y con menos avances que los esperados por el mercado la semana pasada. El Gobierno planteó que el acuerdo se cerraba en los últimos días de 2021, pero esto no será posible y las negociaciones continuarán durante los meses del verano. La aprobación del Presupuesto para 2022 es fundamental para que el Gobierno muestre que puede tener gobernabilidad con la nueva composición del Congreso, en la cual no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras. El lunes 13 de diciembre, el ministro de Economía, Martín Guzmán, expone los lineamientos del proyecto de Presupuesto para 2022, que contempla una inflación anual del 33%, la que para las consultoras económicas del ámbito privado sería cerca del doble. El oficialismo pretende un tratamiento “express” para que tenga media sanción la misma semana en Diputados, el jueves 16 de diciembre. Parece difícil que en el actual contexto político, la oposición apoye esta alternativa. Será la primera evidencia de la capacidad de gobernabilidad del Gobierno en un entorno crítico. En el Senado, la Vicepresidenta ya ha convocado al cuerpo para el 22 de diciembre, para dar sanción definitiva al proyecto de Presupuesto antes de fin de año. Para lograr este objetivo, deben eludir el despacho de Comisión, que normalmente requiere una semana. Pero hace falta un quórum especial de dos tercios para que el pleno en cualquiera de las dos Cámaras trate un proyecto en estas circunstancias.
La división de la oposición no favorece la pretendida urgencia del Gobierno en el Congreso. En el Senado, la UCR eludió la división que hizo crisis en Diputados. El senador mendocino, Alfredo Cornejo, presidirá el interbloque que reúne a los senadores del PRO, la UCR y aliados. En Diputados, la división del bloque radical ha creado una situación por la cual, el Presidente del interbloque opositor recién se definirá en marzo de 2022. Ello no hará fácil la negociación para el oficialismo. En el Senado, el oficialismo ya habría logrado un acuerdo con los senadores que responden a los gobernadores de Misiones y Río Negro para aprobar el Presupuesto, pero todavía le faltan dos más. En Diputados, en cambio, todavía no está claro de dónde provendrán los 11 legisladores que necesita el oficialismo para tener quórum propio. Pero estos números son los necesarios si el proyecto de Presupuesto tiene un tratamiento normal -no express- y el Gobierno acepta prorrogar las sesiones a los meses de verano. Mientras tanto, el conflicto interno dentro del radicalismo se profundiza y se manifiesta en torno a la elección del Presidente del partido, que se definiría el 17 de diciembre. El órgano que elige las nuevas autoridades del partido está integrado por 96 delegados. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con apoyo en el interior del país, tendría dos tercios de los votos para ser electo (se requiere la mitad más uno). El sector opositor que responde al dirigente Enrique Nosiglia, analiza si acepta la derrota -como hizo en el Senado, renunciando su candidato Martín Lousteau a competir con el senador Luis Naidenoff, quien fue reelecto- o si, por el contrario, acelera el camino de una fractura partidaria.
En conclusión: la movilización a la Plaza de Mayo el 10 de diciembre confirmó el alineamiento argentino con el “progresismo” latinoamericano; esta movilización expresó políticamente al kirchnerismo, con predominio de La Cámpora, a diferencia de la que tuvo lugar el 17 de noviembre en el mismo lugar, que expresó a los sindicatos y al peronismo; mientras el Gobierno negocia con dificultades con el Fondo Monetario Internacional, el tratamiento del Presupuesto 2022 en el Congreso puede dilatarse; por último, la división en la oposición se profundiza y la dilación de la elección del jefe del interbloque en Diputados a marzo del año próximo lo pone en evidencia.