Por Rosendo Fraga.

El acto convocado por el Gobierno para conmemorar los dos años de gestión, los 38 de democracia y los derechos humanos, es la segunda movilización oficialista en menos de un mes, tras la derrota electoral. Desde el punto de vista político e ideológico, asistirá el ex Presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, quien se ha convertido nuevamente en el líder del “progresismo” en la región. Hablará en un movilización-festival que se prevé multitudinario. También hablarán el Presidente y la Vicepresidenta, quien retoma su presencia pública tras su carta sobre la negociación con el Fondo que se conoció el 27 de noviembre. Este acto mostrará un perfil político-ideológico diferente al del Día del Militante, que se conmemoró el 17 de noviembre, en el cual Alberto Fernández apareció con el apoyo de la CGT y reivindicando el peronismo frente al kirchnerismo. Desde el oficialismo se tratará de mostrar al Presidente y la Vice hablando en un mismo acto y como únicos dirigentes de la fuerza gobernante, como un símbolo de unidad. Será un acto donde el kirchnerismo, y en particular su ala izquierda, tendrá un rol protagónico. La Cámpora, que liderada por Máximo Kirchner fue renuente en el acto del 17 de noviembre, ahora se prepara para tener una presencia relevante el 10 de diciembre. También habrá una presencia importante de las organizaciones de derechos humanos. En 2013, tras la derrota del kirchnerismo en la elección de medio mandato, también el 10 de diciembre el entonces oficialismo realizó una movilización y un movilización-festival para conmemorar los 30 años de democracia. En menos de un mes, el Gobierno, tras perder la elección, habrá realizado dos grandes movilizaciones que parecen más bien cierres de campaña. Pero la cuestión es que el Gobierno va a generar una manifestación política que complicará la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Al mismo tiempo, el oficialismo pone en marcha un importante refuerzo en los planes y subsidios sociales, para evitar protestas y saqueos sobre el fin de año. Se cumplen este mes 20 años de la crisis de 2001, considerada la peor de la historia argentina en términos económicos y sociales. Este dramático episodio arroja experiencias, conclusiones y enseñanzas que no deben ser olvidadas, en momentos de dificultades políticas, sociales y económicas. La primera experiencia para los políticos es que quien pierde el control de la calle, pierde el poder. Esto es lo que explica el refuerzo del gasto social antes de cumplirse un mes de la elección y no antes de ella, cuando también se registró un importante gasto social, con fines preelectorales. En los primeros días de diciembre, se destinaron 100.000 millones de pesos extra a los movimientos sociales aliados del Gobierno y La Cámpora. Van destinados al plan Alimentar, que controla la agrupación que lidera Máximo Kirchner, y al plan Potenciar Trabajo, que administra el Movimiento Evita, aliado del Gobierno. Estos dos planes representan el 90% de los recursos del Ministerio de Desarrollo Social, y este año han aumentado más del 100%, el doble que la inflación. Tras una negativa inicial, el Gobierno decidió ampliar este plan de emergencia. Se agregó un bono de fin de año para los jubilados, otro para los beneficiarios de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo, una canasta de Navidad de Precios Cuidados, se reabren paritarias para el sector privado y se exime del pago del impuesto a las ganancias al medio aguinaldo que cobran los trabajadores formales. Este conjunto de medidas apunta a evitar “estallidos sociales”, como tuvieron lugar en diciembre de 2001.

En cuanto al Congreso, que debería aprobar el eventual acuerdo con el FMI en diciembre, no parece estar en condiciones de hacerlo. El 9 de diciembre el Senado realizará la última sesión con sus actuales integrantes. El tema más importante a tratar es la aprobación de los 116 DNU del Ejecutivo. No serían aprobados todos, y ello mostraría las diferencias que subsisten entre la Vicepresidencia y la Casa Rosada. Al día siguiente se incorporan los nuevos legisladores y pierden estado parlamentario varios proyectos importantes que no fueron llevados al recinto, como los de reforma de la Justicia enviados por el kirchnerismo. Las sesiones ordinarias terminan el 31 de diciembre. En las tres semanas en que el Congreso funcionará con su nueva composición, no podrán ser tratados los proyectos pendientes del Ejecutivo, como los de reforma de la industria automotriz y la agroindustria, los que impulsa La Cámpora, como la ley de cannabis y la de envases, y el de Sergio Massa, que modifica la ley de alquileres. Pero el Presupuesto 2022, el Plan Plurianual -requerido por el FMI- y el acuerdo marco con el Fondo, tendrán prioridad, aunque no será fácil la aprobación de estas iniciativas. El Plan Plurianual recién sería presentado al Congreso el 15 de diciembre y el acuerdo marco con el Fondo Monetario tiene fecha incierta. El Presidente Biden ha convocado para el 9 y 10 de diciembre una conferencia virtual con 110 Jefes de Gobierno de los países democráticos, para constituir un bloque alternativo a los gobiernos autoritarios. La cancillería argentina analiza no participar, para no deteriorar las relaciones con China y Rusia en el ámbito global, y con Venezuela, Cuba y Nicaragua en el regional. Esta actitud no sería coherente con el apoyo requerido por argentina a la Administración estadounidense para el éxito en la negociación con el FMI. 

Por su parte, la oposición muestra una pugna por el liderazgo y una competencia prematura de precandidaturas, que complican el eventual respaldo al acuerdo con el FMI. La presidencia de los bloques opositores -que aumentan su gravitación en el nuevo Congreso- han profundizado divisiones, en especial en la UCR. En el Senado, la presidencia del bloque de 31 legisladores está en discusión, entre el presidente del partido radical, Alfredo Cornejo, y Luis Naidenoff, quien hasta ahora reúne la presidencia del bloque de la UCR y el interbloque de Juntos por el Cambio. En Diputados, el bloque radical tiene 50 bancas. Su presidente, Mario Negri, fue reelecto para el cargo, pero el sector que responde a Enrique Nosiglia, representado por Martín Lousteau, decidió romper el bloque. En el PRO son las tres precandidaturas que comienzan a plantearse en función de Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, las que generan diferentes posiciones respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y pugnan en la distribución de cargos en el bloque de la Cámara Baja. Elisa Carrió, por su parte, asume una postura crítica tanto respecto al PRO, como a la UCR. El Presidente Alberto Fernández intenta una línea de diálogo con la oposición a través de Horacio Rodríguez Larreta, que al día de hoy no parece suficiente para resolver el necesario aval de Juntos por el Cambio al acuerdo con el Fondo, ni para resolver la críticas y reparos que plantea el kirchnerismo dentro del oficialismo.

En conclusión: la movilización-festival convocada por el oficialismo para el 10 de diciembre, en la que hablarán Lula, el Presidente y la Vicepresidenta, implica un giro político que no favorece la negociación con el FMI; el refuerzo de los planes sociales, subsidios y jubilaciones apunta a evitar estallidos sociales sobre el fin de año, como tuvieron lugar 20 años atrás; difícilmente el Congreso pueda aprobar en diciembre el Plan Plurianual del Gobierno y el acuerdo con el Fondo; a lo sumo tendrá tiempo para el Presupuesto 2022; por último, las divisiones en la oposición, tanto en liderazgos, precandidaturas y en los bloques parlamentarios, no facilitan la aprobación en el Congreso del acuerdo con el FMI.