Por Rosendo Fraga.

La carta de Cristina Kirchner centrada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, implicó tomar distancia del Gobierno y ocupar el centro de la escena política tras doce días de silencio desde la elección. No es un apoyo a la posición del Gobierno en la negociación, como algunos desearían. Ella señala claramente que la responsabilidad en el tema es del Presidente, quien según ella “tiene la lapicera”, y que el Congreso debe aprobar el acuerdo con el organismo internacional, asumiendo su rol. Esto fue impuesto por una ley del propio gobierno de Alberto Fernández, a pedido del FMI. Pero la carta tiene también límites para el Presidente, como cuando dice que no debe acordarse sin preservar “la inclusión social”. Es una actitud diferente a la de la carta post-PASO, en la cual responsabilizó al Gobierno de la derrota. Ahora toma distancia, pero no compromete su apoyo a la ardua negociación con el FMI. Mientras tanto, la pugna entre el peronismo (nueva identidad asumida por Alberto Fernández) y el kirchnerismo, se sigue desarrollando. Un ámbito es la economía. El secretario de Comercio, Roberto Feletti (kirchnerista), choca con el ministro de Producción, Matías Kulfas (peronista), en los controles de precios, pero coinciden en la cancelación de las operaciones en dólares para el turismo exterior. En la Cámara de Diputados, el bloque presidido por Máximo Kirchner (kirchnerista), privilegia sus propios proyectos, como la Ley de Envases y la de producción de cannabis, por sobre los proyectos que envía el Ejecutivo, que ahora se asume como peronista, de acuerdo a la posición expresada por el sindicalismo. Esto pone en duda la posibilidad de que sean sancionados antes del 31 de diciembre -cuando terminan las sesiones extraordinarias del Congreso-, temas como el Presupuesto 2022, el Plan de Gobierno Plurianual -requerido por el FMI y que todavía no ha entrado al Congreso-, y las cinco leyes -de las cuales el Ejecutivo ha enviado sólo dos- que complementan el acuerdo marco que se prevé con el Fondo. En el Senado, hay quienes piensan que el kirchnerismo impondrá un límite, al excluir de la aprobación algunos de los 116 DNU que aprobaría el oficialismo esta semana en la Cámara Alta.

Pero la carta que se conoció el 27 de noviembre, también dejó en un segundo plano el fallo por el cual Cristina Kirchner y sus hijos fueron beneficiados por la decisión de anular el juicio. Se trataba de la causa más difícil para la Vicepresidenta y sus hijos, acusados de lavado de dinero y otros delitos en esta causa. El tema plantea en dónde reside el poder para lograr un fallo de esta envergadura política, después de que el oficialismo perdiera la elección legislativa. Es posible que la oportunidad de esta decisión judicial haya sido determinada más por la influencia política de la Vicepresidenta, que por la del Presidente. En todo caso, no habría sido Alberto Fernández el que fijó la decisión y la oportunidad. El fiscal apelará el fallo, pero la causa irá a la sala de la Cámara de Casación que ya impidió seguir el juicio contra la Vicepresidenta en la causa por el dólar futuro. Al quedar sin efecto las dos causas mencionadas, más la del acuerdo con Irán, Cristina Kirchner va logrando alcanzar sus objetivos judiciales, aunque restan seis causas más de diversa envergadura judicial y política. Al mismo tiempo, el fallo muestra que aunque la Suprema Corte es ajena a la influencia política del oficialismo, en las instancias inferiores e intermedias el kirchnerismo mantiene influencia, aun después de la derrota electoral.

En la provincia de Buenos Aires, el avance político de los intendentes es notorio. Han sabido manejar con habilidad el haber logrado que la diferencia de 4 puntos que obtuvo la oposición en las PASO, se reduzca a 1,5 en la elección legislativa. De acuerdo a ello, han dado prioridad a obtener la anulación de la ley sancionada en la provincia durante el gobierno anterior, mediante un acuerdo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal con Sergio Massa, para permitir una sola reelección inmediata a partir de ese momento. Con esta norma, la mayoría de los intendentes del Gran Buenos Aires, no pueden presentarse a la reelección en 2023. La elección le ha permitido a Axel Kicillof tener un Senado provincial empatado, cuyas decisiones las define la vicegobernadora Verónica Magario. En la Cámara de Diputados provincial, el Frente de Todos tiene ventaja. En cuanto a los intendentes opositores, varios de ellos quieren la derogación de la norma para poder tener el tercer mandato consecutivo, aunque no lo manifiesten públicamente. Es probable que la ley sea derogada. Al mismo tiempo, se plantea la pugna kirchnerismo versus peronismo en el territorio bonaerense. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray -el único del conurbano que rechazó e impidió que Máximo Kirchner asumiera como presidente del PJ provincial-, se fotografió con dos integrantes del Gabinete nacional, Juan Manzur y Matías Kulfas, portando en sus manos serruchos, en una actitud que fue interpretada como una advertencia hacia La Cámpora. Gray, que hasta ahora enfrentaba al kirchnerismo en soledad, ha pasado a tener apoyo nacional. Además, su esposa es senadora provincial por el Frente de Todos, con lo cual este intendente pasa a tener la llave para definir la Cámara que está empatada. En este marco, el atentado contra el diario Clarín marca que emerge una intencionalidad política en el contexto de los hechos de violencia que se están produciendo en el país.

El acuerdo con el FMI, que requerirá una ley que lo convalide, da protagonismo a la oposición. Todavía no se conoce el texto del acuerdo que sería enviado al Congreso, y en consecuencia los diferentes sectores del espacio opositor no manifiestan su posición al respecto. Pero se presume que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantendrá una posición más dialoguista, mientras que Macri y Patricia Bullrich tendrán una actitud más reacia a avalar el acuerdo. La pugna entre los dos sectores se puso en evidencia en la elección del Presidente del bloque de Diputados nacionales del partido. Larreta logró mantener a Cristian Ritondo, aliado y ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, y se impuso al sector de Patricia Bullrich. Al mismo tiempo, hay un tercer sector que busca dar protagonismo al interior y está liderado por los ganadores en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos: Luis Juez, Carolina Losada y Rogelio Frigerio. Paralelamente, se desarrolla la lucha interna dentro del radicalismo. Por un lado, el sector de Enrique Nosiglia, encabezado por Martín Lousteau, que en la elección fue aliado de Larreta. Por el otro, el radicalismo más ortodoxo, con epicentro en la provincia de Buenos Aires, que impulsa la candidatura presidencial de Facundo Manes. Éste se encuentra alejado de los dos sectores del PRO. Ambas líneas pugnan por ocupar la Presidencia del bloque radical en la Cámara Baja. Elisa Carrió se ubica fuera de las pugnas, criticando a ambos sectores por sus actitudes en la lucha interna.

En conclusión: la carta de Cristina Kirchner sobre el acuerdo con el FMI, implica una toma de distancia respecto al Presidente, en quien deja toda la responsabilidad; el fallo judicial que deja sin efecto la Causa Hotesur, muestra que pese a la derrota del oficialismo, la Vicepresidenta mantiene influencia en distintos niveles de la Justicia; en el peronismo bonaerense, los intendentes se han movido con rapidez con la intención de que sea derogada la ley que les impide un tercer mandato consecutivo; por último, pese al claro triunfo electoral de la oposición, las diferencias internas impiden un liderazgo claro, y los enfrentamientos por las candidaturas lo dificultan aún más.