Por Rosendo Fraga.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA al gobierno nicaragüense por la elección presidencial realizada, no parecen efectivas para torcer la voluntad del gobierno de Daniel Ortega. Desalentando posibilidades de tomar medidas de flexibilización, el Presidente reelecto criticó duramente a los opositores detenidos en el periodo preelectoral, disipando las versiones de que podría liberar algunos, y generando preocupación en los familiares que temen represalias sobre los presos. Las medidas comienzan por congelar bienes en el exterior de personalidades del régimen y vinculadas al mismo. Pero la experiencia muestra que estos mecanismos suelen no ser efectivos para torcer la voluntad de los regímenes autoritarios. Es el tipo de políticas utilizadas contra Vladimir Putin en 2014, cuando anexó Crimea y no tuvieron resultado. En la región, se aplicaron contra funcionarios del régimen venezolano ya desde la época de Hugo Chávez, también sin resultados (en el caso de Irán, tampoco fueron efectivas). El bloqueo que ha mantenido Estados Unidos sobre Cuba durante seis décadas nunca quebró la voluntad política del régimen cubano. Lo mismo ha sucedido con el gobierno venezolano, al que incautaron las reservas que tenía en bancos occidentales y se sancionó a empresas que comerciaban petróleo con Venezuela, sin obtener el objetivo pretendido: la liberalización del régimen. Pero en el caso de Nicaragua, Estados Unidos tiene un instrumento de presión particular. Es que pese a su posición ideológica, Ortega no ha sacado a su país del Acuerdo de Libre Comercio que tiene Centroamérica con Estados Unidos. Excluirlo supondría una nueva amenaza para el régimen nicaragüense.

El domingo 21 de noviembre tienen lugar elecciones regionales y comunales en Venezuela. Las negociaciones, gestionadas por el Reino de Noruega y realizadas en México entre el gobierno de Maduro y la oposición, no llegaron a nada concreto. Venezuela convocó como “país amigo” a Rusia y la oposición al Reino de Holanda. En esa situación, los veedores europeos que iban a concurrir decidieron no hacerlo. En estas condiciones, y pese a su desgaste e impopularidad, el escenario probable es que el régimen de Maduro mantenga el control gubernamental en la mayoría de las regiones. No se lograron acordar en México medidas que garanticen la transparencia electoral. En este caso, Estados Unidos utilizó como arma de presión la extradición de figuras del régimen de Maduro. El caso más relevante es el de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro. Tras un año de arresto en Cabo Verde, fue extraditado el 16 de octubre a Estados Unidos, acusado de lavado de dinero e irregularidades con el Plan Alimentario CLAP, a través del cual el empresario habría obtenido ganancias ilegales según el Departamento del Tesoro. Paralelamente, España aceptó el pedido de extradición de Washington del ex General Hugo Carvajal, ex Jefe del Servicio de Inteligencia venezolano, quien tendría información comprometedora para el chavismo. Caravajal está imputado por presunto delito de narcotráfico. La justicia estadounidense también ha pedido la extradición de la ex Tesorera de Venezuela, Claudia Díaz, y su esposo, Adrián Velázquez, ex guardaespaldas de Chávez. Ambos están acusados de blanqueo de capitales para favorecer al empresario venezolano Raúl Garrín, en una trama de cambio de moneda.

Simultáneamente, la oposición cubana intentó una nueva manifestación en las calles y pidió por la democratización del régimen. La impopularidad del régimen cubano es creciente y la crítica situación económico-social, que combina suba de precios y desabastecimiento de alimentos, genera un malestar que va en aumento. Pero el régimen totalitario está dispuesto a mantenerse en el poder. La convocatoria opositora había sido realizada varias semanas antes, para el lunes 15 de noviembre. Eso le permitió al Gobierno tomar medidas anticipadas para impedir la ocupación de las calles por parte de los opositores. Una organización que se denomina “Archipiélago”, fue la protagonista principal de la convocatoria. Su líder, el dramaturgo Yunior García, había anticipado que el domingo 14 iba a caminar solo por La Habana, como actitud de preparación de la movilización. Su casa fue rodeada por agentes de seguridad ese día, que le impusieron una suerte de arresto domiciliario. García representa una nueva generación de disidentes que se maneja por las redes sociales y se muestra como independiente del exilio cubano en Miami. El despliegue de la policía y las Fuerzas Armadas en las calles impidió que la protesta fuera masiva, pese a lo cual banderas y sábanas en las ventanas se transformaron en símbolo de una resistencia pasiva. Como sucede con Nicaragua y Venezuela, la dictadura cubana muestra resiliencia a las sanciones y presiones de Estados Unidos, la mayoría de las cuales ha mantenido la Administración Biden.

En este marco, el domingo 21 también tiene lugar la primera vuelta de la elección presidencial chilena, en la cual podría pasar a la segunda un candidato de ultraderecha. Es José Antonio Kast, que en sólo dos meses logró transformarse en uno de los dos candidatos con mayor intención de voto. Las últimas encuestas le dan paridad o leve ventaja sobre Gabriel Boric, el candidato apoyado por el Partido Comunista y que representa el ala moderada de las protestas callejeras que irrumpieron en 2019. En alguna medida, la emergencia de Kast se da en el contexto de una Constituyente muy radicalizada, que eligió como Presidenta a una lingüista de origen mapuche, y la creciente violencia de esta etnia en la región de Araucanía, donde han sido desplegadas las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía. Pero al mismo tiempo, el Gobierno de Sebastián Piñera, expresión de la centroderecha chilena, ha sufrido un gran desgaste en las últimas semanas, pese a que la economía se recupera. La aprobación del juicio político contra el Presidente realizado por la Cámara de Diputados -que no sería ratificado por el Senado- por su vinculación con operaciones financieras vía paraísos fiscales, es la causa de esta situación. Kast -que prefiere que lo llamen el “candidato del sentido común”- se ha moderado al acercarse la elección, pero sin ocultar nunca su apoyo en el pasado al régimen de Pinochet. Las encuestas que ya han medido la hipotética segunda vuelta que tendría lugar el 19 de diciembre  entre Boric y Kast, muestran paridad.

En conclusión: frente a la reelección de Ortega, Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA promueven la aplicación de más sanciones, las que centradas en el patrimonio de las figuras del régimen, difícilmente tengan éxito; respecto a las elecciones regionales y comunales venezolanas del 21 de noviembre, Estados Unidos ha promovido la extradición de figuras oficialistas, una medida que probablemente Maduro resistirá con éxito; la protesta de la oposición cubana realizada el 15 de noviembre fue neutralizada por el gobierno de Díaz Canel, aunque confirmó el creciente malestar social; por último, la primera vuelta de la elección presidencial chilena que se realiza el 21 de noviembre, muestra que pasarían a la segunda vuelta un candidato ultraconservador (Kast) y uno de la nueva izquierda (Boric).