El rol militar en América Latina

Por Rosendo Fraga.

En Chile, Ecuador y Perú, en el último mes, las Fuerzas Armadas han sido desplegadas para cumplir diversas funciones vinculadas a la seguridad. Comenzando por el primer país, el despliegue se inició el 12 de octubre, cuando entró a regir el decreto pertinente. En sus fundamentos decía que la región de la Araucanía y Biobío han “sufrido gravemente los efectos de acciones de bandas del crimen organizado, terrorismo, nacrotráfico y robo de madera”. Fueron desplegados 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas en las regiones de Biobío (concretamente los departamentos de Biobío y Arauco) y Araucanía (departamentos de Malleco y Cautín). Los militares actúan en apoyo de las fuerzas de seguridad (Carabineros) y sólo están autorizados para entrar en operaciones a pedido de las fuerzas de seguridad y bajo supervisión gubernamental. En las dos primeras semanas se detuvo a 30 personas, sobre las cuales pesaban órdenes de captura, y se redujo a la mitad los atentados incendiarios y a un quinto las usurpaciones. Pero el 4 de noviembre el conflicto escaló. Efectivos de Carabineros fueron emboscados por mapuches armados. En el intercambio de disparos, uno de ellos fue muerto y otros tres heridos. Los Carabineros en este caso contaron con el apoyo de efectivos de Infantería de Marina. El hecho causó conmoción. Los líderes mapuches, incluyendo los 17 que son constituyentes, entre ellos la Presidenta de la Asamblea, condenaron el hecho y reclamaron el repliegue inmediato de las fuerzas de seguridad y militares de la región. A dos semanas de la elección presidencial, el hecho no deja de tener incidencia electoral. En la primera semana de noviembre, las imágenes de 30 mapuches encapuchados disparando fusiles juntos, aumentó la tensión.

El 18 de octubre, en Ecuador, el Presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción por un plazo de 60 días. Fue dictado para combatir a las bandas criminales vinculadas al narcotráfico que han generado un marcado incremento de los homicidios y las masacres carcelarias, que este año dejaron 2.000 muertos, una cifra récord en la región. El Gobierno desplegó a las Fuerzas Armadas en las calles para apoyar a los policías. Al mismo tiempo, las organizaciones indígenas (que “voltearon” dos gobiernos en la primera década de este siglo), llevaron adelante protestas, incluyendo cortes de ruta. Los hechos derivaron en enfrentamientos entre los indígenas y la policía. El Presidente llamó al diálogo y retrotrajo el aumento del precio de los combustibles, en un intento de que no escale el conflicto, del cual participan también los sindicatos. El anterior gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) buscó eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles, de acuerdo a lo exigido en el acuerdo firmado con el FMI. En 2019, las protestas contra esta medida arrojaron 11 muertos y obligaron a Moreno a retrotraer la decisión y convocar a las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confenaie), sostuvo además que “se exige la derogación de dos decretos por el tema petrolero y el tema minero, que duplican la frontera extractiva”. 

En Perú, el Presidente Pedro Castillo (que asumió el 28 de julio) dispuso que las Fuerzas Armadas se desplieguen en Lima y Callao, para apoyar a la policía frente al aumento de los homicidios del crimen organizado. Los militares apoyan a las fuerzas de seguridad y sólo abren fuego cuando ellas lo requieran y el Gobierno lo autorice. La medida, que fue solicitada por la policía, fue adoptada el 2 de noviembre y tendrá una duración de 30 días. La medida generó la alerta de organizaciones de Derechos Humanos que recordaron la represión a la guerrilla de Sendero Luminoso, que en los años 90 del siglo pasado generó 80.000 muertos entre las dos partes. El ministro del Interior que tuvo a su cargo esta operación militar-policial fue Luis Barranzuela, un controvertido ex policía con decenas de sanciones disciplinarias. Se vio obligado a renunciar dos días después, por haber realizado en su domicilio una fiesta por Halloween, violando las restricciones para evitar la propagación del Covid-19. Perú es el país que registra más muertes per cápita en el mundo por esta causa. Cabe señalar que el partido Perú Libre, que llevó al poder a Castillo, se encuentra dividido, con su líder Vladimir Cerrón cuestionando el giro hacia el centro del Presidente. El ministro que ha caído fue defensor de dicho líder político en acusaciones de corrupción. En Perú, las Fuerzas Armadas han jugado un rol de “moderadoras” del sistema político, que ha tenido sucesivas crisis, y en el último período presidencial (2016-2021), tres presidentes fueron destituidos por el Congreso. 

Pero al mismo tiempo, en Bolivia, la fiscalía imputó el 28 de octubre a los ex miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas por la crisis de 2019. El argumento de la acusación es que sin su “participación y cooperación” no se podría haber llevado a cabo la “ilegal concreción de la investidura” de Jeanine Áñez. La fiscalía sostuvo que los imputados “no permitieron la continuidad legítima” del titular de la Presidencia en el país, que en su criterio debía haber sido Evo Morales, como vencedor de las elecciones presidenciales, cuyos resultados eran desconocidos por la oposición y la OEA. Los altos mandos de ese momento, de acuerdo a la imputación, habrían realizado “hechos delictivos en clara usurpación de la soberanía popular”. De ese modo, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Flavio Gustavo Arce, el ex Comandante del Ejército, Pastor Mendieta, el ex Comandante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros, y el ex Comandante de la Armada, Palmiro Jarjury, pasan a estar acusados en la causa conocida como “Golpe de estado II”, aunque ya están detenidos por la causa “Golpe de estado I”. El abogado defensor de los acusados, Eusebio Vera, señaló que la acción por la que se los acusa se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lugar en el que “en ningún momento se constituyeron los comandantes”. La acusación incluye también haber ordenado retirar la medalla y la banda presidencial del Banco Central para entregársela a Áñez en noviembre de 2019. En las dos causas por el golpe de estado, la acusación central es el Decreto Supremo 4.078, aprobado el 15 de noviembre de 2019 que eximió de responsabilidad penal a Fuerzas Armadas y policías ante los conflictos y que desencadenó 37 muertos, 800 heridos, 1.500 detenidos, 100 exiliados y decenas de procesados. En la causa “Golpe de Estado I”, el 27 de julio de 2021 fue detenido el ex Comandante de las Fuerzas Armadas bolivianas, general Williams Kaliman, quien había sugerido el 10 de noviembre de 2019 a Evo Morales la conveniencia de dejar el poder.

La elección ganada por Daniel Ortega en Nicaragua (con 80% de ausentismo), será su quinto mandato y el cuarto consecutivo, y tiene a las Fuerzas Armadas como un pilar fundamental de su régimen. Están “asociadas” al poder con el modelo vigente en Cuba y Venezuela. Ortega derogó la separación de los poderes civiles y militares vigente en la Constitución anterior e incorporó a militares en actividad y retiro a los organismos del Estado. Esta “asociación” no sólo es política, sino también económica, como ocurre en Cuba y Venezuela. La lealtad militar será fundamental para que el Presidente mantenga la gobernabilidad, dado el bajo apoyo popular que mantiene, aunque ello no impidió la elección -en los hechos de partido único- que se acaba de realizar. Las Fuerzas Armadas tienen supermercados, comercios y ferreterías. Su brazo financiero es el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que cotiza en la bolsa de Nueva York y según una investigación de la Revista Confidencial, tiene invertidos en bonos estadounidenses al menos 35% de sus fondos, estimados en 100 millones de dólares.

En conclusión: en Chile, las Fuerzas Armadas han sido desplegadas en apoyo de los Carabineros en el conflicto contra el extremismo mapuche, que aumenta con acciones violentas en la Araucanía; en Ecuador, el Presidente convocó a las Fuerzas Armadas a que participen en apoyo de la policía en la represión del narcotráfico, la delincuencia común y las protestas sociales; en Perú, el Poder Ejecutivo a cargo de Pedro Castillo, desplegó Fuerzas Armadas en apoyo de la policía en Lima y El Callao, frente al auge de la delincuencia; en Bolivia, por el contrario, los mandos militares que estaban al frente de las Fuerzas Armadas cuando se produjo el desplazamiento de Evo Morales, han sido detenidos por su rol en dicha crisis; por último, la reelección de Ortega en Nicaragua tiene a las Fuerzas Armadas como un sostén importante del Gobierno, asociadas política y económicamente al régimen, siendo un factor clave para la futura gobernabilidad.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s