Por Rosendo Fraga.

El principio de territorialidad, es el intento del oficialismo de dar coherencia a la estrategia para lograr revertir la derrota electoral que significaron las PASO. La elección de Juan Manzur como nuevo Jefe de Gabinete, implica elegir para el cargo al gobernador del Frente de Todos de la mayor provincia en términos electorales, donde ganó el oficialismo. Tucumán fue uno de los únicos siete distritos sobre veinticuatro en los cuales ganó el oficialismo nacional. Al mismo tiempo, la elección de Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora -el segundo electorado provincial después de La Matanza-, como Jefe de Gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, implica la aplicación del mismo principio. La idea es cambiar el discurso que fue derrotado, para centrar el manejo de la campaña en los gobernadores y los intendentes. Los candidatos ahora quedan subordinados a ellos, como también la canalización de recursos para apoyar la campaña oficialista. La “política territorial” que había sido subestimada tanto por La Cámpora, como por el círculo del “albertismo”, se ha revitalizado. Se reconoce que el lineamiento “progresista” de la campaña peronista ha fracasado y ha sido contraproducente. Ha quedado claro que el giro a la izquierda del peronismo, en el cual coincidían el Presidente y La Cámpora en lo político, no está funcionando electoralmente para el peronismo. La idea de que la marihuana legal y las políticas de género eran claves en lo electoral, no se constató. La prioridad en lo territorial coincide con el diagnóstico de que la clave de la derrota ha sido que parte de la base peronista no concurrió a votar. En el Gabinete, la campaña electoral se concentra en tres ministros: Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), Juan Zabaleta (Desarrollo Social) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas). Los dos últimos vienen de ser intendentes justicialistas del Conurbano, ratificando el principio de la territorialidad.

Pero la unificación detrás del principio de la territorialidad no esconde, y mucho menos anula, el conflicto de poder dentro del oficialismo. Pese al esfuerzo del equipo del Presidente por mostrar que el cambio de Gabinete ha sido favorable a él, en los hechos no ha sido así. Por un lado, la Vicepresidenta logró imponer la política que viene planteando desde diciembre de 2020, de que es necesario gastar más y postergar el ajuste que requerirá el acuerdo con el Fondo Monetario, para después de la elección legislativa de noviembre. El nuevo Gabinete está alineado con esta postura. En segundo término, la inclusión de Aníbal Fernández como nuevo ministro de Seguridad, terminó siendo una decisión de la Vicepresidenta para bloquear la llegada a ese cargo del ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, que impulsaba el Presidente. Pero quizás lo más relevante sea que, si bien Alberto Fernández pudo haber pensado en Juan Manzur para Jefe de Gabinete, Cristina reclamó públicamente su designación antes de que lo hubiera hecho el Presidente. El nuevo Jefe de Gabinete se ha movido con peligrosa rapidez. No oculta que su proyecto es ganar la elección del 14 de noviembre y proyectarse como candidato presidencial para 2023. Sus primeras 48 horas en el cargo lo mostraron citando al Gabinete para las 7:30 de la mañana al día siguiente, tras haberlo anunciado públicamente. Se reunirá cada dos semanas con los ministros, a quienes pedirá rendición de cuentas. Ello contrasta claramente con un Presidente que nunca, en casi dos años de gobierno, reunió al Gabinete, y sólo una vez lo hizo para un saludo formal. Antes de cumplir una semana en el cargo, Manzur mostró que va a construir su imagen y su poder, a costa del Presidente. 

La territorialidad y la lucha por el poder ratifican que la situación política se encuentra en una “tregua frágil”. No se ha logrado un acuerdo, sólo un “cese de hostilidades” hasta la elección. Después, de acuerdo al resultado, se definirá la nueva situación. Sigue sin haber un “mediador” respetado por ambas partes (el Presidente y la Vice), con capacidad de gestar acuerdos y garantizar su cumplimiento. Han existido dos negociadores, el actual canciller Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Wado de Pedro, que resolvieron con eficacia su propia situación, pero al mismo tiempo no acercaron a sus mandantes. El ministro de Economía, Martín Guzmán, contestó públicamente las críticas de la carta de Cristina respecto al rol de la economía en la derrota. Pero en los hechos, lo hizo la misma semana que le fue impuesto un cambio en sus políticas. El ministro de Trabajo (Claudio Moroni), alineado con el Presidente, criticó al ministro del Interior por haber hecho pública su renuncia antes de habérsela informado al Presidente. Sobre esta división es que Manzur intentará construir su tercera línea y proyectarse a 2023. Su riesgo es que ha anticipado demasiado pronto sus intenciones. La designación de las nuevas autoridades de la Corte, con Horacio Rosatti como presidente y Carlos Rosenkratnz como vice, es considerado un hecho negativo por el oficialismo. En su visión, los dos cargos más relevantes han quedado en manos de los dos integrantes de la Corte que fueron propuestos por Mauricio Macri. Cuestionaron esta elección el jurista Raúl Zaffaroni -vocero de Cristina en estos temas-, Ricardo Lorenzetti -aliado circunstancial del oficialismo porque aspiraba a la Presidencia de la Corte-, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien aprovechó para reactualizar una iniciativa del kirchnerismo: ampliar la cantidad de miembros del Máximo Tribunal.

En las dos semanas posteriores a las PASO la oposición perdió protagonismo, pero se benefició de las luchas internas y los errores del Gobierno. Quien se movió con mayor rapidez fue el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta: realizó un rápido viaje “de pre-campaña” a los Estados Unidos, reuniéndose con el delegado para el Medio Ambiente de Biden, John Kerry, y con el ex Presidente Bill Clinton. La campaña presidencial de Larreta en esta etapa se centra en tres ejes: juventud, género y medio ambiente. Se trata de avanzar en un giro “progresista” que ya genera tensiones ideológicas dentro de la oposición, y especialmente en el seno del mismo PRO, donde tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich cuestionan este giro, y el hecho de quitar prioridad a la inseguridad como eje. La propuesta de Javier Milei de una fórmula conjunta con Patricia Bullrich para 2023, es una manifestación de esta tensión. El radicalismo, por su parte, busca en base al resultado de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, una mayor participación en la campaña, en función de lograr en 2023 posiciones como la Vicepresidencia o la Jefatura de Gobierno porteña. Disminuir el crecimiento del voto a la derecha de Juntos por el Cambio es prioridad, a partir de la “alerta” generada por el voto a Javier Milei. El retorno de Rodríguez Larreta de Estados Unidos marcará la vuelta de la oposición hacia la campaña electoral sistemática que lo caracteriza.

En conclusión: la reorganización del Gobierno tras la derrota muestra que su eje ha sido el principio de la territorialidad, haciendo que gobernadores e intendentes recuperen poder y protagonismo; pero ello no resuelve la lucha de poder entre el Presidente y la Vice, siendo claro que esta última ha ganado posiciones no sólo en el Gabinete, sino en la definición de las políticas para intentar revertir la elección; queda así una tregua frágil, cuyas tensiones y manifestaciones ya se han hecho evidentes en la primera semana del nuevo Gabinete, en la cual la elección de Rossatti como Presidente de la Corte la acentuó; por último, en la oposición, Rodríguez Larreta se movió con rapidez, realizando una breve gira pre-presidencial a Estados Unidos, mientras muestra diferencias ideológicas con Macri y Bullrich dentro de su espacio.