Por Rosendo Fraga.

Brasil enfrenta una fuerte incertidumbre institucional con la posibilidad de un “autogolpe” del presidente Jair Bolsonaro. La convocatoria hecha a sus partidarios para movilizarse en las calles el 7 de septiembre, día de la Independencia Nacional, es un momento culminante. Sus divergencias con los otros dos poderes, la Corte y el Congreso, llevan a que los más radicalizados de sus partidarios reclamen el cierre de ambos y la instauración un régimen militar presidido por el actual presidente, ex capitán paracaidista y electo en segunda vuelta en noviembre de 2019. La convocatoria tendrá dos epicentros. En la mañana de ese día, el Presidente presidirá el tradicional desfile militar por el Día de la Independencia en Brasilia. Es el momento más complejo y riesgoso para el caso de que sus partidarios, que seguramente harán demostraciones ante la sede de los dos poderes cuestionados, intenten una agresión contra ellos, al estilo de las realizadas por los partidarios de Donald Trump al Congreso el 6 de enero de este año. El otro centro de la concentración estará en San Pablo, la ciudad más importante del país por su población. Por la tarde, el Presidente presidirá un acto partidario. Concentraciones y marchas similares se han convocado en 60 ciudades de Brasil. La idea del autogolpe no es nueva: se ha ido planteando a lo largo del año en movilizaciones menores del “bolsonarismo”. El modelo del intento de Trump de impedir la asunción de Biden también está presente. Pero también en la historia brasileña hay un antecedente importante: cuando en los años 30 del Siglo XX, el Presidente Getulio Vargas instaló mediante un autogolpe, el “Estado Novo”, un régimen neofascista que después abandonó, cuando Brasil entró en la Segunda Guerra Mundial junto a los Aliados.

La relación de fuerzas muestra partidarios y opositores a la marcha, pero también sectores que evitan una definición. Desde el punto de vista internacional, la izquierda difundió un manifiesto firmado por intelectuales de esta tendencia que integran la “Internacional Progresista” y políticos de centroizquierda -en su mayoría de Europa y América Latina-, advirtiendo sobre los riesgos de la democracia brasileña. Los políticos de centro y centroderecha evitaron firmarlo en el mundo occidental. En el país se ha pronunciado mayoritariamente en contra el sector industrial, pero el agro y las finanzas han mostrado divisiones. El sector evangélico -que ha dado fuerte apoyo electoral y político a Bolsonaro-, en su mayoría se mantiene con el Presidente. La Iglesia Católica está predominantemente en contra, pero no ha hecho oír su voz claramente. La mayoría de los medios de comunicación no acompañan la intención del Presidente, pero éste mantiene la iniciativa en las redes sociales, que sirven para mantener activo al tercio de la sociedad que sigue a Bolsonaro. Cinco ex presidentes que están en contra de cualquier cambio institucional -Sarney, Collor de Melho, Cardozo, Lula y Temer-, tomaron contacto con militares retirados para conocer la posición de las Fuerzas Armadas. Pero no han hecho un pronunciamiento en conjunto. Por su parte, 16 partidos políticos, incluidos los dos más importantes -el PT y el que responde al ex presidente Fernando Henrique Cardozo-, se pronunciaron dos días antes en contra de la marcha. En el Congreso, semanas atrás, el Presidente fracasó en la aprobación de su proyecto para modificar el sistema electoral para dejar la verificación electrónica del voto y retornar al papel, según él para evitar el riesgo de fraude. En cuanto a la opinión pública, dos tercios no aprueban al Presidente. Si hoy se votara, Lula se impondría sobre Bolsonaro en primera vuelta por cerca de 15 puntos. A ello hay que agregar que la fuerte recuperación económica se ha frenado en el segundo trimestre.

El sistema institucional es el blanco del posible autogolpe, pero sus reacciones no son homogéneas. El proyecto de reforma electoral de Bolsonaro no fue aprobado porque no alcanzó la mayoría calificada necesaria de dos tercios, pero sí tuvo mayoría en la Cámara de Diputados, pese a que el Presidente ha mencionado la posibilidad de postergar la elección presidencial de 2022 si no se modifica el sistema electoral. Las decenas de juicios políticos pedidos contra el Presidente también están frenados en el Congreso por no alcanzar la mayoría calificada necesaria. Hay legisladores como el Presidente del Senado -un aliado circunstancial de Bolsonaro- que han advertido sobre los riesgos de una ruptura institucional, pero gran parte de los legisladores se mantiene en silencio. Cabe recordar que en el golpe de 1964, el Congreso no fue disuelto y que se mantuvo funcionando, aunque sólo con partidos con buena relación con el régimen militar. En cuanto a la Justicia, Bolsonaro ataca a un integrante del Supremo Tribunal Federal (Alexandre de Moraes), que investiga una causa por el uso de “fake news” por parte del oficialismo, en el cual está acusado uno de los hijos del Presidente y han sido detenidos decenas de partidarios de Bolsonaro. También pone como blanco a un integrante del Supremo Tribunal Electoral (Roberto Barroso), que se opone a la reforma para salir del voto electrónico que impulsa el Presidente. Cabe señalar que el Máximo Tribunal, que en el gobierno de Temer impidió que Lula se presentara como candidato presidencial por las causas de corrupción por las cuales se encontraba detenido, meses atrás lo liberó para que pueda presentarse como candidato en la próxima elección presidencial.

Pero el tema clave en la definición es la posición que asuman finalmente las Fuerzas Armadas. Éstas apoyaron la decisión del Supremo Tribunal que impidió a Lula presentarse a elecciones durante el gobierno anterior. Han sido un sostén político importante del Presidente. En el Gabinete de Bolsonaro, la mitad de los cargos están ocupados por el sector militar, ya sea en actividad, retirados o civiles que han trabajado en él. Algo similar ocurre en los demás niveles del Estado y en gobiernos estaduales. En la movilización que ha convocado Bolsonaro, la Policía Militar -todas las policías estaduales tienen régimen militar- se va a movilizar como partidaria del Presidente y posiblemente muchos de sus integrantes concurran armados y uniformados. Se trata de un sostén muy importante del Presidente. Un tercio de los gobernadores han anunciado medidas disciplinarias contra los policías que lo hagan. También se movilizarán las “milicias”, que son civiles que usarán vestimenta verde oliva y boinas. Pero la pregunta es cuál será la posición que asuman las Fuerzas Armadas. En abril, el Presidente designó un nuevo ministro de Defensa, el general Braga Netto. Este había sido designado un año antes Jefe de la Casa Civil del Presidente (una suerte de Jefe de Gabinete), como un intento de controlar a Bolsonaro. Pero durante el año siguiente se fue transformando en simpatizante del Presidente. Una de las primeras medidas del nuevo ministro fue reemplazar la cúpula militar, que se venía mostrando relativamente distante del Presidente para evitar compartir su costo político, sobre todo por la función como ministro de Salud durante la pandemia de un general en actividad (Palazuelos), también paracaidista al igual que el Presidente. Los nuevos mandos designados fueron el general Paulo Sergio Nogueira de Oliveira en Ejército, el almirante Garnier Santos en la Armada y el teniente brigadier Carlos de Almeida Baptista Junior en la Aeronáutica. El cambio se completó con la designación del almirante Laertes de Souza Santos en el Estado Mayor Conjunto en junio. Se trata de mandos más afines a Bolsonaro. Su actitud ha sido de silencio, lo que ha implicado en los hechos un dejar hacer al Presidente.

En conclusión: la posibilidad de un autogolpe de Bolsonaro con la movilización de sus partidarios el Día de la Independencia brasileña, ha llevado a Brasil a una fuerte tensión política; el país aparece dividido, con sectores que apoyan y cuestionan el eventual autogolpe, mientras otros eluden definiciones explícitas, pero preferirían que el Presidente no dé este arriesgado paso; los poderes Judicial y Legislativo son el blanco de Bolsonaro, porque ellos representan el límite a su poder, pero en ambos casos la mayoría de sus integrantes se mantienen en silencio; por último, en las policías predomina un apoyo militante hacia Bolsonaro, mientras que en las Fuerzas Armadas el apoyo es menor y los mandos se mantienen en silencio, a la espera de la evolución de los acontecimientos.