Por Rosendo Fraga.

La posibilidad de cambio de régimen en Cuba, Venezuela y Nicaragua, como apoya Washington, se va diluyendo. En Cuba, el oficialismo ha vuelto a ganar la calle. La manifestación de jóvenes comunistas en repudio por la protesta que conmovió al régimen en los años noventa, es una muestra de ello. El Gobierno ha flexibilizado las condiciones en que desarrollan su actividad las pequeñas empresas, que es un reclamo de la emergente clase media. Pero al mismo tiempo, ha endurecido la represión y siguen produciéndose sospechosas muertes de generales en retiro y actividad. La oposición no logró de Estados Unidos el apoyo para acceder a internet -que fue bloqueada por el régimen- y eso fue debilitando su capacidad de movilización. En Venezuela, el partido oficialista “PSUV” realizó el 8 de agosto sus elecciones primarias para elegir los candidatos para las legislativas que se realizan el 21 de noviembre. Los candidatos que responden al presidente Nicolás Maduro se impusieron a los de Diosdado Cabello. El 13 de agosto se realiza en México el diálogo de Maduro con la oposición (incluyendo a Juan Guaidó), del cual participan Rusia, Estados Unidos, Francia, Holanda y gobiernos de la región. Difícilmente se logre un acuerdo para una elección legislativa transparente. En Nicaragua, ha sido prohibido el partido opositor más importante, lo que junto con la detención de 7 candidatos presidenciales y más de 30 líderes opositores, hacen prever la reelección de Daniel Ortega para su quinto mandato el 7 de noviembre.

El funcionamiento de la Constituyente chilena y los primeros pasos del gobierno de Pedro Castillo en Perú, muestran que la reforma constitucional es la clave de los gobiernos populistas en la región. La Constituyente chilena hace semanas que está sesionando, con un temario dominado por las fuerzas de izquierda y el indigenismo mapuche, que tiene la presidencia de la Asamblea. Aunque las elecciones presidenciales se han tornado imprevisibles, el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, parece el probable ganador. Su línea política es más moderada que la que parece predominar en la Constituyente. El candidato de la derecha, Joaquín Lavin, hasta ahora no parece tener una perspectiva ganadora. La elección tendrá lugar el 21 de noviembre, en un centenar de días. La Constituyente recién presentaría la constitución en 2022, cuando ya esté en funciones el nuevo gobierno. Los primeros días del nuevo presidente peruano evidencian una creciente inestabilidad. El nuevo primer ministro peruano, Guido Bellido -del ala dura del oficialismo-, ha ratificado la intención de reformar la constitución. Desde la oposición, se sostiene que el partido oficialista “Perú Libre”, controlado por Vladimir Cerrón, apostaría a dos rechazos sucesivos del Gabinete por parte del Parlamento que debe aprobarlo. Si fuera así, se disuelve el Congreso y se convoca a una nueva elección legislativa, que daría la oportunidad al oficialismo de aumentar su cantidad de legisladores -tiene sólo 37 de 130- y así avanzar hacia la reforma constitucional. Los partidarios de Castillo denuncian la existencia de una conspiración de la derecha, bajo el argumento de la figura de “incapacidad moral” del presidente. Para ello se requieren dos tercios del Parlamento, que hoy no tienen, pero el partido populista de derecha “Renovación Popular” aspira a alcanzarlo.

Pero la perspectiva electoral de 2022 es otro factor de incertidumbre que proyecta inestabilidad. El año próximo tendrán lugar elecciones presidenciales  en el primer electorado de América Latina, que es Brasil, y en el tercero, que es Colombia. En este país, las protestas sociales violentas se han acallado por ahora. Como contrapartida, la violencia en torno al ELN y la disidencia de las FARC, principalmente en la frontera colombiano-venezolana, se ha incrementado. El malestar social se traduce en que los sondeos para la elección presidencial que tendrá lugar en mayo del año próximo, el candidato de izquierda, el ex guerrillero del M-19, Gustavo Petro, aparece como posible ganador. Cabe recordar que en la última elección presidencial de hace cuatro años, fue derrotado, aunque fue competitivo. Tras décadas de gobiernos de centroderecha, sería un cambio político importante para Colombia y trascendente geopolíticamente para la región. En Brasil, los sondeos siguen dando ganador al ex presidente Lula en primera vuelta por amplio margen, pero faltan 14 meses para la elección y muchas cosas pueden cambiar. El presidente Bolsonaro, que sigue siendo el candidato anti-PT más importante para esta elección -los esfuerzos para crear un candidato opositor moderado hasta ahora no han tenido éxito-, promueve y exige el cambio del sistema de voto electrónico a su certificación mediante el papel, argumentando la posibilidad de fraude (pareciera inspirarse en la frustrada estrategia de Donald Trump). El PT denuncia un intento de autogolpe detrás de esta estrategia del presidente. Se ha creado así la sombra de una crisis institucional. Bolsonaro, por su parte, cuestionó duramente a la Justicia, donde algunas opiniones se han pronunciado contra el proyecto de cambio en el sistema electoral y busca mostrarse cerca de las Fuerzas Armadas.

En este complejo contexto, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Biden, Jake Sullivan, visitó Brasil y Argentina. Es un funcionario que tiene un poder equivalente al del Jefe del Pentágono o al Secretario de Estado. Es una evidencia de que la situación descripta ha instalado para la Administración Biden, el tema de América Latina como más relevante que lo que esperaba el nuevo gobierno estadounidense después de cumplir su primer semestre. En Brasil, el funcionario estadounidense dejó el mensaje de evitar la crisis institucional cuya sombra aparece en el horizonte. Una situación de este tipo en el país más grande de la región, cuyo rumbo incide decisivamente en América del Sur, puede desestabilizarla en un momento de marcada inestabilidad. No preocupa en Washington la política económica de Bolsonaro, alineada en líneas generales con la que impulsa Estados Unidos, ni tampoco por ahora los movimientos internacionales del presidente tendientes a liderar la extrema derecha occidental. Sullivan confirmó que sigue adelante el proceso para hacer de Brasil “socio global” de la OTAN, condición que ya tiene Colombia y que ha sido ofrecida también a México. En Argentina, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca buscó moderar la postura regional del país, en las últimas semanas, próxima a la de los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero el gobierno argentino no habría logrado el apoyo de Washington todavía para que respalde su postura en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ni el encuentro con Biden que pretende el presidente argentino para antes del 14 de noviembre, cuando se realiza la elección legislativa del país.

En conclusión: los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua parecen afianzarse políticamente, pese a las protestas y reclamos que enfrentan por su autoritarismo; la Constituyente chilena y los primeros pasos del gobierno peruano, confirman el giro hacia la izquierda de ambos países, proyectando regímenes con inestabilidad institucional; las elecciones presidenciales que en 2022 tendrán lugar en Colombia y Brasil muestran la posibilidad del triunfo de la izquierda, que de concretarse consolidará un giro regional en esa dirección; por último, la prioridad relativa de América Latina, que la Administración Biden preveía centrada en la migración, adquiere hoy también importancia geopolítica.