Por Rosendo Fraga.

El efecto político de la Cumbre de la Celac, la visita de Lula y la del Jefe de Gobierno alemán, fue rápidamente diluido por el recrudecimiento del conflicto interno dentro del oficialismo. El detonante de la disputa fue la afirmación del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro -la figura más leal a la vicepresidenta en el Gabinete- de que el presidente “no tiene códigos”. La reacción de la Casa Rosada, a través de sus voceros, fue inmediata. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dijo que De Pedro “tiene que decidir si está afuera o adentro del Gobierno”. A su vez, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que “tiene que irse”. Esta opinión predominó en el entorno presidencial. Pese a ello, el presidente, que reconoce en privado que hace dos meses no habla con Cristina Kirchner y que la convivencia entre ellos está rota, se inclina por gestar una tregua. Todos los sondeos del oficialismo siguen mostrando que la vicepresidenta es la figura que tiene más votos en unas PASO del Frente de Todos, y lo mismo sucede en la elección presidencial, aunque tendría que ir a una segunda vuelta difícil de ganar. En concreto, el presidente, que al presentar el juicio político a la Suprema Corte buscó coincidir con Cristina en un tema crucial, estaría dispuesto a hacerlo nuevamente, presentando una nueva ley de medios que tendría como base la impulsada por Lula contra las “fake news”. Es que Fernández teme que un conflicto abierto con el kirchnerismo quite viabilidad a su estrategia de mantener abierto su proyecto de reelección, por lo menos hasta mediados de 2023. En cuanto a Lula, su vocero ratificó que ve con buenos ojos una eventual reelección de Alberto Fernández.

La escalada en el conflicto interno del oficialismo y entre éste y la oposición, tiene paralizado el sistema institucional. Al mencionado enfrentamiento entre el presidente y la vicepresidenta y las divisiones en el Gabinete, se suma la inacción del Congreso. El oficialismo no ha logrado las mayorías necesarias para iniciar las sesiones extraordinarias que ha convocado y finalizan el 28 de febrero. Esto implica que tanto los proyectos que impulsa el ministro de Economía Sergio Masa, como los del kirchnerismo, no tienen posibilidades de avanzar. Pero hasta ahora el conflicto interno en el Frente de Todos no se traduce en divisiones dentro de sus bloques. Esto se ve ratificado en el juicio político a la Corte, cuyos testigos comienzan a declarar sin que ninguno de los dieciséis diputados oficialistas de la Comisión respectiva defeccione o se ausente. La intención del oficialismo es que los testimonios se prolonguen durante varios meses, haciendo que se transforme en un elemento de presión y desgaste contra los cuatro integrantes del Máximo Tribunal. Con el fin de la feria judicial el 1° de febrero, se reinician las causas que amenazan políticamente a Cristina Kirchner -pero no judicialmente en el corto plazo-, como la del memorándum con Irán y la de Hotesur y Los Sauces. La Corte, por su parte, resolverá sobre los efectos de su fallo que devuelve a la Ciudad de Buenos Aires los fondos que el Poder Ejecutivo le quitó en 2021. El kirchnerismo, las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales que le responden, realizan una movilización y marcha contra la Corte que llegará a Tribunales, reclamando también contra la “proscripción” de Cristina Kirchner. Todo el espectro sindical sin excepción, desde el peronismo dialoguista hasta la izquierda, públicamente ha apoyado el pedido de juicio político a la Corte.

Mientras tanto, la oposición sigue enfrascada en la lucha por las candidaturas, mientras se profundiza la división a nivel de distrito. Tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Mauricio Macri -aunque en menor medida-, se mueven como si estuvieran a treinta días de la elección presidencial, cuando en realidad faltan casi nueve meses. Giras, fotos y declaraciones que tratan de ser contundentes para llamar la atención caracterizan sus movimientos. Pero al mismo tiempo, las elecciones adelantadas en las provincias precipitan crisis y divisiones que la dirigencia nacional no logra controlar. En Neuquén, Chubut y Río Negro, Juntos por el Cambio ya está dividido y sectores del mismo han establecido alianzas con fuerzas ajenas al espacio. En Mendoza, Córdoba y Tucumán se presentan conflictos que ponen en riesgo la unidad. La conducción nacional ha intentado contenerlos con una regla: primero que se busque el consenso, después que se elija un candidato de acuerdo a las encuestas, y como tercera opción que se realice una interna antes de las PASO. A ello se ha sumado la directiva de no establecer alianzas con fuerzas que no pertenecen a Juntos. Esta regla no ha sido eficaz hasta ahora para contener las disputas. Fue violada por un distrito que no mostraba conflictos, como Santa Fe, provincia en la cual el PRO, la UCR y la Coalición Cívica formalizaron su alianza con el Socialismo, espacio ajeno a Juntos por el Cambio. A ello se agrega que Elisa Carrió, sorpresivamente, dijo que será candidata presidencial y mantendrá su pedido de juicio político a Ricardo Lorenzetti presentado meses atrás, lo que rompe la unidad en un tema crítico en el corto plazo.

Las visitas que realizaron entre el 23 y 29 de enero diversos Jefes de Gobierno extranjeros, no dejaron rédito político ni para el presidente ni la vicepresidenta. Al llegar Lula a la Argentina, ante una pregunta sobre si Alberto Fernández iba a ser reelecto como presidente pro témpore de la Celac, respondió: “Eso habrá que verse”. Pero fue electo el primer ministro de un pequeño país del Caribe, Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas, que tiene sólo 110.000 habitantes. Lleva gobernando el país más de veinte años, es admirador de Fidel Castro y fue uno de los fundadores del ALBA junto a Hugo Chávez y el líder cubano. Aunque el Jefe de Estado de este país es el rey Carlos III de Gran Bretaña, su elección implica un claro predominio de los sectores más adversos a Estados Unidos en esta entidad. La relación bilateral con Brasil mostró una sintonía común para los dos gobiernos, pero con pocos logros en el corto plazo. Pero el presidente brasileño dio señales favorables al presidente, respecto a su vicepresidenta, con la cual eludió reunirse. Sólo dos presidentes la visitaron en el Senado: los de Colombia y Honduras. Los apoyos a la teoría del “lawfare” que impulsa el kirchnerismo fueron tibios. En cuanto a la visita del Jefe de Gobierno alemán, Olaf Scholtz -que también va Brasil y Chile-, representa su tercer encuentro en ocho meses con Fernández, pero ello no influye en la política interna. 

En conclusión: las reuniones internacionales realizadas en Buenos Aires se vieron diluidas por el recrudecimiento del conflicto entre el kirchnerismo y la Casa Rosada; este conflicto, más la grieta existente con la oposición, tiene paralizado y en crisis el sistema institucional; mientras los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio están enfrascados en sus campañas electorales para las internas, la división avanza en el nivel de los distritos; por último, el reemplazo al frente de la Celac de Fernández por un Jefe de Gobierno del Caribe y la actitud de Lula de eludir el encuentro con Cristina, muestra que ninguno de los dos obtuvo réditos políticos internos.