Por Rosendo Fraga.

La gobernabilidad empieza a ponerse en riesgo por la debilidad del Gobierno frente a las protestas, movilizaciones, tomas y usurpaciones. La prolongación del conflicto del gremio del neumático, controlado por los trotskistas del Partido Obrero (PO), ha terminado con un triunfo sindical, al lograr 100% de aumento salarial, más un bono. Esto impulsa pedidos semejantes en sectores del gremio docente y otras organizaciones donde el PO tiene influencia. Pero también precipita reclamos similares en el sindicalismo peronista. Pablo Moyano dijo que buscará superar el aumento logrado por el sindicato del neumático. Su gremio (camioneros) viene intensificando los bloqueos a empresas cada vez con más frecuencia y violencia. Los gremios peronistas moderados se ven obligados a reclamos similares, para no quedar descolocados. El Bloque Piquetero que reúne a los movimientos sociales combativos, liderados también por el PO, realizaron su mayor acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, anunciando que extenderán esta modalidad durante la primera semana de octubre. El Partido Obrero intensifica sus protestas en la calle, tanto en el campo sindical como en los movimientos sociales, buscando crear una candidatura presidencial antisistema de izquierda para 2023. El conflicto mapuche escala en la provincia de Río Negro y se extiende siguiendo el modelo chileno, mientras el gobierno nacional demora el envío de fuerzas federales y los vecinos se movilizan para enfrentar las usurpaciones, que también son cada vez más violentas. La toma de colegios en la Ciudad de Buenos Aires muestra una convergencia de La Cámpora con el PO que también se da en el campo sindical. La investigación sobre el atentado contra la Vicepresidenta, que tuvo lugar el 1° de septiembre, arroja interrogantes y pone en evidencia la existencia de nuevos protagonistas en el campo de la violencia política.

Al mismo tiempo, se ha roto la armonía en el trío que conduce el Ejecutivo: el Presidente, la Vicepresidenta y el ministro de Economía. Entre ellos funcionó una tregua para acompañar el intento de controlar la crisis económica, que se evidenció en julio. Pero este acuerdo no ha llegado a durar dos meses. El lunes 26 de septiembre, Alberto Fernández se reunió con la conducción de la CGT, solicitando el apoyo para realizar el acto conmemorativo del 17 de octubre en Tucumán, para evitar que fuera en el Gran Buenos Aires y diera centralidad a Cristina Kirchner. Ella, por su parte, respondió reclamando públicamente por un bono para el sector indigente, que se incrementó en el primer semestre. También exigió mayores controles sobre los precios de los alimentos. Ambas cosas las hizo públicamente, afectando al Presidente, pero más a Sergio Massa. Pero fue Máximo Kirchner en sus declaraciones realizadas en un acto en Morón el 1° de octubre, quien expresó de forma más abierta las diferencias dentro del oficialismo. Dijo que “el Estado fue extorsionado y puesto de rodillas por las cerealeras” al referirse al éxito de Massa con el llamado “dólar soja”. Respecto al atentado, dijo “lo que queremos saber es quién está detrás de Sabag Montiel y de Brenda Uliarte”, afirmando que se trata de “sectores de la política”. Agregó que el problema de la inflación se registra por “una apropiación desmedida de sectores concentrados vinculados al sector de alimentos”. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, ha decidido renunciar por su falta de respuesta ante el creciente reclamo piquetero. Para reemplazarlo, el Presidente impulsa a Victoria Tolosa Paz, la Vicepresidenta a Andrés Larroque y el ministro de Economía a Ariel Sujarchuk, confirmando la puja política dentro del oficialismo.

El Congreso y la aprobación del Presupuesto constituyen el principal desafío político de Massa en octubre, como lo es la inflación en lo económico. El ministro de Economía expuso el proyecto el 29 de septiembre ante la Cámara Baja. Aspira a lograr su aprobación en la tercera semana de octubre para de allí, pasarlo al Senado donde no tendría problemas, siempre que mantenga el apoyo de la Vicepresidenta. La oposición votaría el proyecto, pero se evidencian diferencias dentro de ella. Elisa Carrió sostuvo que el Presupuesto está “dibujado” y Martín Lousteau, que preside el Bloque Evolución dentro del radicalismo, anticipó que lo votará. Ambos tomaron posición sin esperar a que lo haga Juntos por el Cambio. Por su parte, la Cámara Alta intentará en los próximos días votar la prórroga de impuestos y el proyecto para facilitar la realización de consultas populares no vinculantes. Respecto a la suspensión o derogación de las PASO, no hay cohesión dentro del oficialismo. Varios gobernadores las están derogando a nivel provincial, algo que también querría hacer el gobernador Axel Kicillof. La mayoría de los mandatarios provinciales se inclinan también por derogarla. Pero la Casa Rosada está en la postura contraria. La oposición, a su vez, prefiere que se mantengan porque ellas le permitirían resolver mejor la puja interna por las candidaturas que se acentúa. Cabe señalar que las PASO no resuelven el problema de las candidaturas, porque el PRO tendrá que llegar con un solo candidato a ellas, dado que, en caso contrario, un candidato radical podría ganarlas. Pero la inflación es el problema más difícil que enfrenta Massa, el que incentiva los reclamos y protestas y pone a prueba la decisión del Gobierno en términos de gobernabilidad.

La elección brasileña no ha tenido un resultado satisfactorio para el oficialismo argentino. El Presidente felicitó a Lula por “su triunfo en primera vuelta”. Paradojalmente, el jueves 29, el último día de la campaña, el candidato del PT fue muy duro con él, acusándolo de haber traicionado a sus votantes al acordar con el FMI, asemejándose al discurso de Máximo Kirchner. La Vicepresidenta, por su parte, como también La Cámpora, optaron por el silencio. Es que la apuesta de Cristina al triunfo de Lula es una estrategia central para desarrollar su candidatura a partir de una narrativa precisa: ser la expresión del giro al progresismo que tiene lugar en la región con los triunfos de Boric, Petro y Lula, y ser “víctima” del lawfare a través de las acciones judiciales que enfrenta, como le sucedió al ex Presidente brasileño cuatro años atrás. Un triunfo de Bolsonaro sería una derrota política fuerte para el gobierno argentino, y en particular para la estrategia electoral del kirchnerismo, que apunta a impulsar la de Cristina para que ella mantenga la centralidad y definir en mayo si continúa adelante u opta por la senaduría bonaerense. La segunda vuelta en Brasil se realiza el 30 de octubre. Muchas cosas pueden pasar hasta entonces en ese país. Pero es claro que pese a la diferencia de cinco puntos en contra de Bolsonaro, no hay que descartar su triunfo.

En conclusión: la armonía entre el Presidente, la Vicepresidenta y el ministro de Economía, que tuvo lugar en agosto y septiembre, se desarticuló antes de comenzar octubre; la conjunción de protestas en sindicatos, movimientos sociales y los mapuches, junto con la toma de escuelas y los interrogantes que abre el atentado contra la Vicepresidenta, ponen a prueba la gobernabilidad; la aprobación del Presupuesto es el desafío político de Massa en octubre  y la inflación lo es en lo económico; por último, el decepcionante triunfo de Lula en Brasil ha llevado al Presidente a felicitarlo sin demasiado entusiasmo y a la Vicepresidenta y el kirchnerismo a mantener silencio.