Por Rosendo Fraga.

La Justicia es el ámbito central de la puja política al finalizar el mes de septiembre. La defensa que realizó la Vicepresidenta en el llamado Juicio de Vialidad la mostró aprovechando la circunstancia para un gran despliegue político. Acusó a la Justicia de haber creado el “clima político” que llevó al atentado contra su vida. A su vez, pidió que la Justicia no se limite a investigar a las cuatro personas implicadas hasta ahora, sino que reclamó se investigue a los instigadores y autores intelectuales. La teoría del lawfare se desarrolló a pleno, incluyendo las menciones a los medios de comunicación. Lo jurídico ocupó un papel secundario y se centró en cuestionar la figura de jefa de una asociación ilícita con la cual se la está acusando. Pero al mismo tiempo, la media sanción por parte del Senado al proyecto que eleva de 5 a 15 la cantidad de miembros de la Suprema Corte, implica que Cristina Kirchner no solamente mantiene la iniciativa, sino que incluso ensaya un contraataque. La oposición descarta que este proyecto no tendrá mayoría en Diputados para obtener sanción definitiva y es probable que sea así. En cuanto a la designación de eventuales nuevos integrantes de la Corte -de aprobarse el proyecto se nombrarían 11 más-, operadores del oficialismo piensan que el número permitirá negociar con sectores de la oposición. El oficialismo en las últimas semanas demostró capacidad para armar la mayoría en la Cámara Baja. Lo hizo con la prórroga de impuestos -votada por diputados que responden a gobernadores radicales- y con el anticipo del sector de la UCR que lidera Martín Lousteau de que votará el Presupuesto antes que el interbloque de Juntos por el Cambio defina su posición. En cuanto al proyecto para suspender las PASO, el Frente de Todos estaría a sólo un diputado de alcanzar la mayoría. En este tipo de situaciones, dar quórum y abstenerse puede definir un resultado. La renovación del Consejo de la Magistratura también muestra al kirchnerismo luchando por un lugar más, aunque ello no cambie sustancialmente la relación de fuerzas en este ámbito.

La discusión sobre la suspensión de las PASO no es un tema relevante, aunque en los últimos días pareció serlo tanto para el oficialismo como para la oposición. En ningún país rige este tipo de sistema, que en realidad obliga a hacer dos elecciones con concurrencia obligatoria para elegir los candidatos con dos meses de diferencia. Esta ley se implementó por primera vez en 2011, tras el triunfo de Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires dos años antes, que afectó al kirchnerismo. Antes de morir, Néstor Kirchner había decidido poner en vigencia esta norma para debilitar a los intendentes del conurbano. Es claro que en la década transcurrida, las PASO no mejoraron la calidad de la política. Lo que es negativo es el cambio de reglas electorales sobre la elección, es decir, el cambio debería hacerse a partir de 2025 para no alterar las reglas de juego de los próximos comicios. La oposición cree que las PASO la ayudarán a resolver mejor la pugna por las candidaturas que se ha desatado dentro de ella. Pero eso puede o no ser así. Para los gobernadores, las PASO son una complicación que los obliga a dos elecciones cuando ellos quieren separar la votación local de la nacional. Aproximadamente la mitad no tiene PASO para elegir los candidatos provinciales. Pero en el corto plazo, el tema ha adquirido relevancia política. Hasta ahora, la intención es suspender las PASO, no derogarlas. El debate, a 13 meses de la elección presidencial, sigue concentrando las energías de la política en sus propios mecanismos, y no en los problemas de la gente, como la inflación. Es decir, que aleja más a la dirigencia de los votantes. 

La tensión social que escala en las calles preocupa al Gobierno, que no tiene herramientas para contener la inflación, la primera demanda de la sociedad y en particular de los sectores populares. El porcentaje de población bajo el nivel de pobreza en el segundo semestre volvería a alcanzar el 40%, como en el peor momento de la pandemia. Una inflación que en septiembre sería de aproximadamente el 7% y que en la canasta básica alimentaria podría alcanzar el 8%, es la causa principal de esta situación, que alcanza a asalariados -formales e informales-, cuentapropistas, jubilados y beneficiarios de planes sociales. Aunque hay gremios que están cerrando acuerdos salariales que implican más del 100% anual de incremento, los conflictos se extienden con protestas relevantes, como en el caso de neumáticos, camioneros, marítimos y otros. En cuanto a los planes sociales, los movimientos sociales opositores -que al igual que el sindicato del neumático son liderados por el PO, de ideología trotskista-, vuelven a amenazar con acampes en la 9 de Julio. El Gobierno analiza nuevos bonos salariales excepcionales que no impliquen cargas presupuestarias permanentes y eviten la indexación mensual que retroalimenta la inflación. El impacto que generó el atentado contra la Vicepresidenta sigue mostrando que el malestar social tiene diversos canales para derivar en la violencia, más allá de sindicatos y movimientos sociales.

Frente a la inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, no parece tener por ahora plan o programa, sino más bien buscar la reducción del déficit mediante el llamado “impuesto inflacionario”. Tampoco el Fondo Monetario ha planteado la baja de la inflación con la misma prioridad que exige la del déficit. En lo político, Massa toma distancia de la coyuntura y sólo insinúa que podría competir en 2027. Tiene clara la necesidad de evitar cualquier tipo de suspicacia con el liderazgo de Cristina Kirchner. El Presidente, por su parte, acaba de realizar una visita a los Estados Unidos para participar en la Asamblea anual de las Naciones Unidas. Apareció desdibujado, repitiendo casi la misma agenda que su ministro de Economía y sin haber logrado una nueva fecha para su demorado encuentro con Joe Biden. Alberto Fernández parece haber aceptado por ahora el rol secundario al cual lo relegan tanto Massa como la Vicepresidenta. Esta, a su vez, sigue con atención la elección brasileña, cuya primera vuelta tiene lugar el domingo 2 de octubre. Un triunfo de Lula en primera vuelta le daría argumentos tanto para desarrollar una narrativa sobre el lawfare, como para mostrarse como la versión argentina del “retorno del progresismo latinoamericano”. En política exterior, mientras Massa busca profundizar el apoyo de Estados Unidos y la Vicepresidenta alinearse con el progresismo, el Presidente parece intentar equilibrios, como los que realiza con sus contradicciones en temas como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En cuanto al diálogo político, ha quedado relegado e inviable por lo menos en el corto plazo.

En conclusión: la Justicia es el campo de batalla de la lucha política, con el alegato de la Vicepresidenta como contraataque político y la media sanción del incremento de miembros de la Corte como amenaza de poder; la discusión respecto a la suspensión de las PASO no es un tema relevante, pero entra en la puja oficialismo-oposición, intensificándola; las protestas se incrementan tanto en los sindicatos por razones salariales, como en los movimientos sociales, pero la autoría del atentado contra la Vicepresidenta muestra que surgen otros canales de malestar; por último, la inflación es la prioridad social, pero el ministro de Economía no le da relevancia a 13 meses de la elección, aunque la pobreza en el segundo semestre retornará al 40%.