La importancia estratégica de la Amazonia

Por Rosendo Fraga.

La destrucción de los bosques de la Amazonia es una creciente preocupación a nivel global y un cuestionamiento a las políticas para el agro del Presidente Jair Bolsonaro. Cerca del 40% del bosque originario podría perderse y los niveles de alta deforestación han provocado que actualmente emita más dióxido de carbono del que absorbe, según una nota de Carolina Andrade Quevedo, del Instituto Iarapé. La Amazonia tiene el doble de superficie que la India y alcanza a aproximadamente el 40% del territorio de América del Sur. Está habitada por más de 400 pueblos y etnias indígenas que hablan 300 lenguas en peligro de desaparición. Brasil, Bolivia y Perú -con gobiernos ideológicamente diferentes- concentran los mayores niveles de deforestación. Las actividades agropecuarias, en parte violando normas, serían responsables de la pérdida del 80% del bosque primario tropical. Colombia, Ecuador, Venezuela, Surinam y la Guyana Francesa también integran la Amazonia. Se ha ido creando un ecosistema de “crimen ambiental” en torno a esta región. Acciones como la tala ilegal de madera, la minería ilegal de oro, cobalto y coltán, así como también cultivos ilícitos de coca -de menor relevancia económica-, conectan con delitos como el tráfico de drogas, armas y la explotación laboral. Cabe señalar que desde hace más de medio siglo, tanto en Itamaratí -la cancillería de Brasil- como en las Fuerzas Armadas de este país, se anticipó el riesgo para la soberanía en esta región, que representaba una eventual intervención internacional para regular su explotación, dado su valor y extensión.

Hoy es un problema de seguridad que comienza a afectar a los ocho países que integran la región. En la intersección de las fronteras de Brasil, Colombia y Perú, se talan árboles para abrir paso a la siembra de coca, a los laboratorios de su procesamiento y a las pistas de aterrizaje clandestinas. Organizaciones como las disidencias de la ex FARC de origen colombiano y el Comando Vermelho con base de operaciones en Río de Janeiro, brindan “seguridad” a estas actividades. Los ríos de la cuenca amazónica se han convertido en una suerte de “autopista fluvial” para el transporte de madera ilegal, y esta actividad se desarrolla en Ecuador, Perú y Colombia, además de Brasil. La madera balsa se transporta por el río Pastaza hacia el puerto peruano de Iquitos, donde se embarca hacia mercados como China y Estados Unidos. Entre 2019 y 2020 el precio de esta madera se multiplicó por 9. Un estudio del Instituto Iarapé analizó 300 operaciones de la Policía Federal de Brasil entre 2016 y 2021, reconociendo que el crimen ambiental alcanza a 24 de los 27 estados de Brasil y a 254 ciudades. La operación “Ouro perdido”, realizada en 2019 y que involucró en Brasil a la Policía Federal, la Agencia Tributaria, el Ministerio Público, el Ejército y la Fuerza Aérea, mostró las ramificaciones que alcanzan a la triple frontera entre Guyana Francesa, Surinam y Brasil. La minería ilegal, por su parte, se está realizando intensamente en Venezuela y Guyana, así como también en las fronteras de Colombia y Perú. Es así como el crimen ambiental coexiste con la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad en el Amazonia.

En Brasil, frente a la proximidad de la elección presidencial del 3 de octubre, la oposición ha cuestionado la política de Bolsonaro en la Amazonía, a la que consideran está acelerando la deforestación. Se critica el proyecto del Presidente del “Ferroagro”, el tren que transportará soja -de la cual Brasil es el primer productor mundial- y que en un tramo de 933 kilómetros recorrerá la selva amazónica. Conectará el norte del estado de Matto Grosso con el puerto Miritituba, en el estado de Pará, y de ahí al Atlántico, a un costo menor que el transporte por camión. Ésta, más otras obras de infraestructura que se conectan a ella, requieren capitales y el rol activo del Estado. Según una nota de Gustavo Veiga, es con el llamado “dorado transgénico” donde más ganan las grandes corporaciones que comercializan granos a nivel internacional, como las estadounidenses Cargill, Bunge -originariamente argentina- y la brasileña Amaggi. Un informe de la Internacional Progresista publicado el 1° de septiembre menciona como financistas de estos proyectos al JP Morgan, el Bank of America y el Fondo BlackRock. La Internacional Progresista, que integran entre otros Gustavo Petro, Noam Chomsky, Rafael Correa y Celso Amorim, acusa al “Ferroagro” de llevar la deforestación al extremo. El sector agropecuario es, junto a las Fuerzas de Seguridad y los evangélicos, un integrante importante de la coalición política que promueve la reelección de Bolsonaro. Organizaciones como el Movimiento de los Sin Tierra (MST), que apoya a Lula desde su primera candidatura, han denunciado estas actividades.

Por su parte, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que ordenará a la fuerza pública (policías y militares) capturar a los “grandes depredadores” de la selva amazónica. Dijo que tanto el Ejército como la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía debían “salvar la selva amazónica. Es un asunto de seguridad nacional y de seguridad humana”, según manifestó en la localidad de Leticia del Departamento del Amazonas. Solicitó a la fuerza pública la captura de los grandes depredadores de la selva amazónica y utilizar los instrumentos que el gobierno incorporará para que cualquier fuego que prenda en la selva sea apagado inmediatamente. Para Petro es necesario crear programas sociales de Economía Forestal, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades territoriales. Explicó que si 100.000 familias amazónicas pueden recibir un ingreso mensual durante dos décadas para dejar nacer la selva en zonas donde se haya quemado, o cuidarla donde es vulnerable, se podrían rescatar 21 millones de hectáreas. Según el mandatario, se trata de la constitución de un fondo financiero de aproximadamente 500 millones de dólares durante 20 años. Sostuvo que si se acaba la selva amazónica, la humedad llegaría a un punto sin retorno, ya que toda el agua de Colombia, hasta la que llega al Océano Caribe, tiene origen en estas selvas. Para Petro, si se acaba la selva amazónica, una de las más grandes esponjas del gas CO2 que está calentando el planeta y cambiando el clima, “haría que la humanidad llegara a un punto de no retorno, donde ya no sería posible salvarnos”.

En conclusión: la selva amazónica ocupa el 40% del territorio de América del Sur y comprende zonas de Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Guyana Francesa, Surinam y Venezuela; en esta región convergen la lucha por la defensa del medio ambiente -que afecta la extensión de la frontera agropecuaria- con el desarrollo de redes criminales que articulan la minería ilegal y el tráfico de drogas y madera; en la campaña electoral para la elección presidencial brasileña, la oposición cuestiona la política del Presidente Bolsonaro, que va por su reelección, de fomentar los agronegocios en la Amazonia; por último, en Colombia, el Presidente Petro asumió impartiendo órdenes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad para que ejerzan el “control ambiental” en la Amazonia y que repriman las actividades del crimen en ella.

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