Por Rosendo Fraga.

La acusación del fiscal Diego Luciani contra la Vicepresidenta precipitó un conflicto político en varias dimensiones. Primero, en lo jurídico, fue una acusación contundente, pero que no implica ninguna decisión por sí misma. La sentencia de primera instancia podría estar entre finales del corriente año y los primeros meses del próximo. A su vez, la sentencia de segunda instancia podría estar en 2024, ya en el próximo periodo presidencial. Luego viene una tercera instancia, que es la de la Cámara de Casación, y después la de la Corte, que sería la decisión final, en el periodo presidencial siguiente (2027-2031). Es un largo periodo en el cual muchas cosas pueden pasar y que plantea un panorama incierto. Lo que sí parece claro es que de la acusación de Luciani no puede salir para Cristina Kirchner una situación que le impida ser candidata en 2023. Más allá de la contundencia de la acusación, se abren debates jurídicos como el que planteó el ex senador Miguel Pichetto, líder del sector justicialista que integra Juntos por el Cambio, quien planteó sus dudas de que pueda probarse el rol de Cristina como “jefa de una asociación ilícita”. Las comparaciones del juicio contra Cristina con el de las Juntas Militares de 1985 apuntan a argumentar que el máximo nivel de la administración no puede desconocer lo que hacen sus dependientes. Distintas son las causas por supuestas irregularidades y evasión fiscal, donde una demostración de culpabilidad es más simple, ya que Cristina mantiene abiertas casi una decena de causas, y respecto a alguna de ellas habrá de acá a fin de año resoluciones, aunque no sobre el fondo del asunto.

Se generó así, a partir del lunes 22 de agosto, una acelerada reactivación de la “polarización” política entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Durante casi dos décadas este ha sido el eje de la política argentina, el que visto en perspectiva, se ha ido incrementado y no disminuyendo. La reacción frente a la acusación del fiscal Luciani lo acaba de confirmar. El kirchnerismo no se identifica con el peronismo en términos históricos. El General Juan Domingo Perón nunca fue una referencia para Cristina Kirchner y su marido. Ellos prefirieron la identificación política con la continuidad del breve gobierno de Héctor J. Cámpora y el accionar de la organización Montoneros, es decir, identificarse con la insurgencia de izquierda peronista de los años setenta, que se enfrentó en forma violenta con los sindicatos y otras estructuras tradicionales del Justicialismo. Frente a la acusación, la Vicepresidenta buscó y logró la identificación peronismo-kirchnerismo. Los kirchneristas se movilizaron con rapidez y fervor, mientras que los peronistas “puros” optaron por el silencio. En la oposición se generó una reacción contra la Vicepresidenta y un respaldo generalizado al pedido de condena del fiscal. Las diferencias en la apreciación judicial fueron mínimas, como la de Pichetto. 

Antes de cumplirse una semana de la acusación, los incidentes que tuvieron lugar frente al domicilio de Cristina Kirchner precipitaron la división dentro de la oposición. La más relevante fue entre la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que fue pública y fuerte. La primera cuestionó el repliegue de la policía porteña del domicilio de la Vicepresidenta, dispuesto por el Gobierno porteño tras un acuerdo con el kirchnerismo. El segundo la refutó en duros términos, acusándola de ser “funcional” a Cristina Kirchner. El ex Presidente Macri, a su vez, optó por el silencio, eludiendo un respaldo público a Rodríguez Larreta. Dentro del oficialismo porteño también se produjeron divisiones respecto al manejo de la policía, pero que no fueron abiertas. En el radicalismo, el senador Alfredo Cornejo, jefe del interbloque opositor, condenó la movilización kirchnerista en términos similares a los de Patricia Bullrich, mientras que otros sectores del radicalismo optaron por el silencio. Cabe señalar que el interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio pidió el juicio político del Presidente Alberto Fernández por sus amenazantes declaraciones respecto a la muerte del fiscal Nisman. Lo hizo con una sola excepción, la del radical Facundo Manes, demostrando así una unidad casi total. En cuanto a Javier Milei, ratificó su estrategia, optando por atacar a ambas partes del conflicto, y en particular al Jefe de Gobierno porteño.

Pero el conflicto también escaló al plano institucional, enfrentándose los poderes Ejecutivo y Judicial. Ello fue consecuencia directa de la escalada de la polarización política. El Presidente Alberto Fernández se alineó automáticamente con el cuestionamiento a la Justicia realizado por la Vicepresidenta a través de las redes sociales. En la misma línea se manifestaron diversos funcionarios del Ejecutivo, como el canciller y los ministros de Interior y Justicia. Los sectores más radicalizados del kirchnerismo, como el que lidera Luis D’Elía, convocaron a cortar las rutas de todo el país hasta que renuncie la Suprema Corte. Cabe recordar que este dirigente, antes del lunes 22 de agosto, se había transformado en un duro crítico contra la Vicepresidenta. No fue el único cambio en esta dirección en el ámbito del Frente de Todos. El Presidente asumió una crítica a la parcialidad de la Justicia, tomando como manifestación la acusación de Luciani. A ello agregó la comparación de este funcionario con lo sucedido con el fiscal Nisman, de quien dijo que se había suicidado, contrariando lo que manifestó públicamente en 2015, cuando afirmó que había sido asesinado. Tanto la Asociación de Magistrados como la de Fiscales, defendieron en forma contundente al fiscal, cuestionando duramente las afirmaciones del Presidente. La oposición en su conjunto acompañó la postura de estas asociaciones y condenó la comparación de los fiscales Luciani y Nisman realizada por el Presidente.

Pero la dinámica del conflicto político e institucional ha bajado al espacio público, evidenciando una escalada peligrosa. Los episodios que tuvieron lugar el sábado 27 de agosto frente al domicilio de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires lo pusieron en evidencia. En la mañana de ese día comenzaron movilizaciones de adhesión a Cristina Kirchner con distinto grado de organización y espontaneidad. Ninguna de ellas fue masiva o multitudinaria. Otro tanto sucedió en otras partes de la Ciudad de Buenos Aires, donde los hechos tuvieron alto impacto político por el lugar donde fueron y el rol de los protagonistas políticos. Una marcha hacia el domicilio de la Vicepresidenta, cuyos alrededores vienen ocupando sus militantes desde el lunes 22, generó fuertes conflictos. Se dio la paradoja de que el propio ministro del Interior encabezaba la marcha que chocó con la policía porteña. Los incidentes no fueron menores: fueron heridos doce policías y las vallas puestas en torno al domicilio de la Vicepresidenta fueron volteadas. La represión con carros hidrantes no dejó heridos y fueron detenidos cuatro manifestantes, que fueron liberados ese mismo día. Un acuerdo entre el Gobierno porteño y el kirchnerismo llevó a que se retirara la policía y que horas después la Vicepresidenta hablara desde un escenario improvisado a sus militantes, agradeciendo el apoyo y exhortándolos a que regresen a sus casas, lo que hicieron. Pero el domingo volvieron al lugar, lo que llevó al Gobierno porteño a denunciar un incumplimiento del acuerdo. Mientras tanto, en lo político, Cristina Kirchner reagrupó a todo el oficialismo detrás de su centralidad política y el ajuste económico del ministro Sergio Massa pasó a un segundo plano, aunque seguramente por poco tiempo.

En conclusión: la dura acusación del fiscal Luciani contra la Vicepresidenta llevará años hasta su resolución definitiva y no puede impedir que ella sea candidata en 2023; Cristina Kirchner logró un rápido e inmediato alineamiento del oficialismo con ella, en el contexto de una revitalización de la polarización; la oposición, a su vez, se mostró unida en respaldo de la acusación, pero dividida respecto a los incidentes que tuvieron lugar frente al domicilio de la Vicepresidenta; el conflicto también escaló al plano institucional con el enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial, y la comparación del Presidente entre los fiscales Luciani y Nisman; por último, la polarización política bajó al espacio público con los incidentes violentos que tuvieron lugar el sábado 27, los que pueden volver a repetirse.