Por Rosendo Fraga.

El Presidente Gustavo Petro intenta llevar adelante una reestructuración de la política de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Cabe señalar que las colombianas tienen 228.000 hombres y son, por sus efectivos, las segundas de América del Sur después de las de Brasil. La violencia política y social que ha vivido el país desde los años sesenta del siglo XX ha dado a los militares un peso político muy importante. Guerrillas, narcotráfico y paramilitares han sido protagonistas en este escenario, al que se sumó el conflicto con Venezuela originado en la proximidad geográfica y las diferencias ideológicas desde fines de los años noventa, cuando Hugo Chávez llegó al poder. Petro -el primer Presidente de izquierda de Colombia y quien fue guerrillero hasta 1990- asumió el 7 de agosto y 5 días después hizo una remoción drástica de los mandos militares, pasando a retiro 30 generales de las Fuerzas Armadas y la policía, que tiene 172.000 efectivos y que hasta ahora estaba bajo la órbita del Ministerio de Defensa. El nuevo Presidente colombiano planteó que el Ejército del futuro debe ser “un Ejército de paz”, que tendrá por objetivo “la función esencial de defender la soberanía nacional”. Agregó que “se trata de cambiar la concepción misma, lo que se le demanda por parte del pueblo colombiano, es un Ejército que empiece a prepararse para la paz, que termine, ojalá si lo logramos, como un Ejército de paz”. Pero el Presidente colombiano se refirió también a la represión de las protestas sociales violentas que tuvieron lugar en la segunda parte del mandato de su predecesor, Iván Duque. Dijo que “lo que vivimos hace unos meses, que marcó este país política y socialmente, no se debe repetir”, añadiendo que “la policía deberá cuidar a los opositores políticos”. 

Petro anunció también su intención de despenalizar la lucha contra la droga, lo que ha generado preocupación en los Estados Unidos, que tienen en Colombia a su principal aliado estratégico y militar en América del Sur. Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo y el origen del 90% de la droga incautada en Estados Unidos. Además tiene la oficina de la DEA más grande fuera del territorio estadounidense. Los sucesivos gobiernos norteamericanos durante las últimas tres décadas, han hablado de “guerra contra la droga” en el marco de las relaciones bilaterales entre Washington y Bogotá. Dos semanas antes de asumir, el nuevo Presidente dijo que tenía la intención de terminar con la “prohibición” y lanzar un mercado de cocaína regulado por el Estado y, a través de nuevas leyes y de alianzas con otros gobiernos sudamericanos de centroizquierda, convertir al país en un laboratorio para la despenalización de la droga. En su discurso de investidura sostuvo que “es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado”. La Administración Biden no apoya la despenalización, como lo dijo públicamente Jonathan Finer, asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que se reunió con Petro antes de que asumiera. Cabe señalar que en 2021 la droga causó la muerte por sobredosis de 25.000 personas en Estados Unidos. Finer dijo que la política de la administración estadounidense es coincidente con la de Petro, pero “no en lo relativo a la despenalización”.

Con una intención innovadora, el Presidente colombiano anunció que ordenará a las Fuerzas Armadas y de la Policía que protejan la Selva Amazónica, porque se trata de un asunto de “seguridad nacional”. Dijo que había que capturar a los grandes depredadores y que era además una amenaza para la “seguridad humana”. Sostuvo que la fuerza pública debe detener los grandes capitales que se están moviendo para quemar la Selva Amazónica. Agregó “no quiero que se golpeé al campesino” y detalló en qué regiones del Amazonas se mueven individuos con dinero que reclutan campesinos y les pagan por quemar la selva. Petro sostuvo que “si se acaba la Selva Amazónica, la humanidad llegará a un punto sin retorno” y que toda el agua de Colombia hasta la que llega al Océano Caribe, tiene origen en esas selvas. Agregó que si no se adoptan medidas rápido, se dañará de forma permanente “una de las más grandes esponjas del gas CO2 que está calentando el planeta y cambiando el clima”. Planteó también que esta política -similar a la que está planteando Lula en su campaña electoral en Brasil- es una forma de dar respuesta a los reclamos del indigenismo y propuso utilizar los planes internacionales protagonizados por empresas privadas de los países desarrollados, para aprovechar mecanismos de financiación internacional y “recuperar el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza”. Propuso que estos recursos vayan directamente a las comunidades indígenas. Es una política que está impulsada por países de la Unión Europea.

Pero el desafío más concreto de la nueva administración colombiana es alcanzar un acuerdo con los sectores de la guerrilla que no entraron en el plan de paz del ex Presidente Santos, quien gobernó entre 2010 y 2018. La mayor parte de las FARC se desarmó, aunque no lo hicieron disidencias que se mueven en la frontera colombiano-venezolana, política que Petro ha reabierto. El Ejército de Liberación Nacional, que era la segunda organización guerrillera, no aceptó el acuerdo de paz y ha mantenido hasta ahora la lucha armada. El nuevo Presidente dispuso reabrir la negociación con este grupo en La Habana, lo que ya ha comenzado con el auspicio del gobierno cubano. Lograr este acuerdo daría un argumento a la política de pacificación que intenta Petro. Para esto contará con el apoyo de Nicolás Maduro, quien ve con agrado la normalización de la relación bilateral entre los dos países. Pero no será un proceso fácil, porque los grupos violentos armados tienen una larga tradición en Colombia, con intereses entrelazados. El Cartel del Golfo es la expresión del crimen organizado más importante que actúa en el país. Tiene un rol relevante en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y su origen en grupos paramilitares que se negaron a desarmarse en el marco de los acuerdos de paz. Hasta ahora no ha sido mencionado como un problema concreto por parte de Petro. Como primera acción, el Presidente colombiano dispuso que la Policía, que hasta ahora integraba el Ministerio de Defensa y era en los hechos una cuarta Fuerza Armada junto con el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, salga de la órbita militar. No le será fácil a Petro tener éxito en su política de defensa, que toma como referencia la implementada en los últimos años del siglo XX en países como Argentina. Cabe recordar que el Presidente Manuel López Obrador basó su campaña electoral diciendo que iba a sacar la Seguridad Pública del ámbito militar, pero ahora acaba de hacer exactamente lo contrario frente a la amenaza creciente del narcotráfico.

En conclusión: el nuevo Presidente colombiano ha planteado una nueva política de Defensa que saque a las Fuerzas Armadas de la Seguridad Interior; anunció su intención de despenalizar la droga, algo que no es bien visto por la Administración Biden; dispuso también que los militares tengan un nuevo rol en la custodia y protección de la Selva Amazónica, tanto en función del medio ambiente como de la soberanía nacional; por último, la negociación de paz con el ELN es una parte crucial de su política y para justificar la desmilitarización de la Seguridad Interior.