Por Rosendo Fraga.

Los viajes del ministro de Economía y del Presidente a Estados Unidos en septiembre son la iniciativa política más importante en la cual trabaja el oficialismo. El 5 de septiembre se iniciaría el viaje de Sergio Massa a Estados Unidos. Intentará presentarse como una suerte de “primer ministro”. Buscará contactos con inversores, funcionarios del Tesoro, la conducción del FMI y con dirigentes políticos de los dos partidos y funcionarios del Departamento de Estado. Esto se produce después de que el 18 de agosto, el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Mark Stanley, exhortara públicamente a que la Argentina constituya inmediatamente un gobierno de coalición, excluyendo sólo a sectores extremos como Cristina Fernández de Kirchner por un lado y Javier Milei por el otro, para comenzar ya con la explotación del gas, el litio y los alimentos que el mundo necesita en este momento. En el mismo evento -realizado por el Council de las Américas-, el ministro de Economía dio el mismo mensaje: organizar ya un gobierno de coalición para obtener gobernabilidad. En forma coincidente, el Jefe de Gobierno porteño hizo también mención a la necesidad de un gobierno de coalición. La respuesta del kirchnerismo fue clara. Andrés Larroque, como vocero de La Cámpora, criticó al embajador estadounidense por su abierta intervención en la política interna del país. En septiembre Alberto Fernández también visita los Estados Unidos para reunirse con el Presidente Joe Biden. Se trata de la reunión que debía realizarse semanas atrás y que fue postergada por el contagio por Covid del Presidente estadounidense. No está precisada ni la fecha ni la agenda en Washington de Alberto Fernández. Pero posiblemente muestre una amplitud de contactos menor que la de su ministro de Economía, pese a la menor jerarquía de este en la estructura gubernamental.

Los juicios por corrupción contra Cristina Kirchner avanzan, y frente a ellos, ella prepara una estrategia a partir del eventual triunfo de Lula. El fiscal Diego Luciani presentó el pedido de condena de Cristina, a la que acusa de ser jefa de una asociación ilícita, para la que pidió una pena de 12 años. La condena de primera instancia no tendrá lugar antes de fines de 2022 y no hay tiempo para que esté firme en todas las instancias antes de las PASO o la elección presidencial de 2023. En las próximas semanas, la Cámara de Casación decidirá si abre nuevamente la Causa Hotesur que involucra a los hijos de la Vicepresidenta. El ultra kirchnerismo ya convocó marchas en apoyo de Cristina frente a las causas judiciales que la afectan y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha dicho que éstas forman parte de la campaña electoral de la oposición. La primera vuelta de la elección presidencial brasileña tendrá lugar el primer domingo de octubre y la segunda el último del mismo mes. En cuanto Lula sea reelecto -que gane es probable, aunque no inexorable, dado el achicamiento de su ventaja sobre Jair Bolsonaro-, Cristina confirmará su candidatura para 2023. En su equipo se analiza si esta candidatura será para la Presidencia, la senaduría bonaerense o se la planteará aunque sin definir para qué cargo. La idea de la Vicepresidenta es presentarse como la versión en Argentina de los triunfos de Boric en Chile, Petro en Colombia y Lula en Brasil. En este último caso, sostendrá que los juicios que la afectan buscan impedir su candidatura, como le sucedió a Lula cuatro años atrás, situación que lo llevó a estar preso más de 500 días. Mientras tanto, Sergio Massa tratará de tomar distancia de las causas de Cristina.

El ministro de Economía enfrenta, dentro del oficialismo, los límites al poder que pretende para dominar la economía. Las marchas de sindicatos y movimientos sociales que tuvieron lugar el 17 de agosto fueron importantes y con mensajes directos e indirectos contra el ajuste. La CGT, dominada por el peronismo tradicional, acusó a los empresarios por la inflación. El sector de la central sindical que lidera la familia Moyano, exigió al Presidente una actitud firme frente al empresariado. La CTA -alineada con el kirchnerismo- fue el sector más enfático contra el ajuste. Las tres expresiones coincidieron en rechazar la sustitución de las paritarias por un bono de suma fija. Los movimientos sociales oficialistas, ya sean los próximos a la Casa Rosada, como el Movimiento Evita, o los más duros dentro del kirchnerismo, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, también exigieron medidas más duras frente al empresariado. Mientras estos sectores marcharon desde la Avenida 9 de Julio al Congreso, la izquierda lo hizo en la dirección contraria, hacia la Plaza de Mayo, donde se ubicaron frente al Ministerio de Economía, coreando consignas en contra de Sergio Massa. Pero la reunión del Presidente con los trece gobernadores oficialistas del viernes 19 de agosto, mostró otro límite: el de los mandatarios provinciales, que han expresado su rechazo a cualquier ajuste sobre la obra pública y han obtenido la ley que les permite aumentar impuestos provinciales pese al ajuste. El mantenimiento de subsidios a los comedores populares, clubes de barrios y otro tipo de entidades, también muestra los límites que enfrenta el ministro de Economía. La asunción de Rubenstein como viceministro de Economía destraba un tema que debilitaba al titular de la cartera. Pero la presentación del nuevo cuadro tarifario no generó cuestionamientos públicos del kirchnerismo.

La pugna en la oposición por las candidaturas se agudiza por conflictos internos, como el que ha precipitado la denuncia de Carrió contra los vínculos con Massa dentro de Juntos por el Cambio. El ex Presidente Mauricio Macri ha sido el menos afectado por esta denuncia y sigue su avance en pos de la candidatura presidencial, caminando el Gran Buenos Aires y confirmando el lanzamiento de un nuevo libro para el segundo trimestre de 2023, cuando se definan las candidaturas para las PASO. Su equipo piensa que si formaliza el año próximo su candidatura, no habrá quien lo desafíe dentro del PRO. Consciente de ello, Horacio Rodríguez Larreta despliega contactos en el interior y se muestra como el candidato que mejor podría garantizar la gobernabilidad. Patricia Bullrich avanza hacia su candidatura, pero en una opción Macri-Larreta, jugará por el primero. En el radicalismo, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Facundo Manes aparecen como precandidatos para enfrentar al PRO, pero los dos primeros no esconden su disposición a negociar con este espacio. El último se ha acercado al “tercer espacio” que pareciera impulsar el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Respecto al partido de Carrió, no tiene una estrategia electoral todavía. En cuanto a Javier Milei, continúa recuperándose en las encuestas mientras suspende eventuales negociaciones con sectores “duros” del PRO. 

En conclusión: tanto el Presidente como el ministro de Economía ponen especial prioridad en los viajes que realizarán sucesivamente a EEUU, donde buscarán obtener respaldo político y económico; las causas de corrupción que afectan a la Vicepresidenta avanzan sobre ella, que intentará responder políticamente presentándolas como una acción similar a la que impidió a Lula su candidatura 4 años atrás; Sergio Massa encuentra crecientes límites a su política de ajuste en sindicatos, movimientos sociales, gobernadores y el mismo Gobierno; por último, en la oposición, la pugna por las candidaturas sigue siendo dominante y se ve agudizada por las denuncias de Carrió, cuyos efectos todavía no se han disipado.