Por Rosendo Fraga.

La pugna entre Estados Unidos y China por la hegemonía global se intensifica en América Latina, pese a no ser una región prioritaria para ninguna de las dos potencias. Washington plantea como prioridad impedir el avance de China, sobre todo en el campo de las tecnologías sensibles y las relaciones militares. Impulsa un proyecto alternativo al capítulo latinoamericano de “La Nueva Ruta de la Seda” -el proyecto geopolítico más importante de China-, a través de créditos del BID para financiar inversiones de empresas estadounidenses en la región, que no parece ser suficiente para enfrentar las propuestas chinas en materia de inversiones en infraestructura. La mayoría de los países sudamericanos están incrementando su comercio con China y también los acuerdos en materia de inversiones. Quizás Argentina sea el ejemplo más acabado de ello. El gobierno del Presidente Alberto Fernández firmó a comienzos de febrero un acuerdo bilateral con China para construir la cuarta central nuclear del país con tecnología de la potencia asiática. Es una obra por valor de 8.300 millones de dólares. Argentina tiene también desde hace casi una década una base de observación satelital que juega un rol clave en el monitoreo de los lanzamientos espaciales de China. También empresas de dicho país pugnan en licitaciones claves de infraestructura, como el nuevo puerto de Ushuaia (la ciudad más austral del mundo) y la hidrovía que permite la salida al Atlántico de la producción de granos de Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Frente a ello, Argentina requiere el apoyo político de Washington para refinanciar su deuda externa y lograr para ello la decisión favorable del FMI, el Banco Mundial, el BID y el Club de París. Pero México se mantiene en la órbita de Estados Unidos y percibe a China como un competidor en el mercado estadounidense al que dirige más del 80% de sus exportaciones. Cabe señalar que el Presidente Andrés López Obrador acaba de poner las Fuerzas de Seguridad bajo control militar, frente a la creciente violencia del crimen organizado, que arroja en el último lustro un promedio de 30.000 muertos por año.

América Latina y el Caribe es una subregión en la cual la influencia norteamericana parece disminuir. Si bien ello puede ser consecuencia de una agenda global centrada en la guerra de Ucrania y las tensiones militares en torno a Taiwán que tienen lugar simultáneamente, el problema de la inmigración ilegal -relevante en las elecciones como la que tendrá lugar en noviembre- es la cuestión central. Los “balseros” que llegan a los Estados Unidos desde Cuba y Haití van en aumento. En el primer caso, por la crisis económica y el incremento de la represión a la disidencia política. En el segundo, por la anarquía, el caos existente y el creciente dominio del crimen organizado sobre la estructura del Estado. Los tres países del Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador) son importantes tanto como origen de la inmigración ilegal, como lugar de tránsito hacia Estados Unidos atravezando México. Los tres gobiernos tienen hoy malas relaciones políticas con Washington. Los de El Salvador y Guatemala por las denuncias de corrupción provenientes del Departamento de Estado, y el de Honduras por sus simpatías hacia el régimen de Maduro. Nicaragua se acerca cada vez más a Rusia e Irán, al mismo tiempo que endurece su política represiva centrada, en las últimas semanas, en la Iglesia Católica. Panamá, país clave por el Canal y su rol en el comercio mundial, enfrenta fuertes protestas en los últimos meses que ponen en riesgo la gobernabilidad de un sistema político acusado de corrupción por la población. En Costa Rica, el sistema político bipartidista que dio estabilidad durante décadas, hoy está en crisis y el gobierno se acerca al venezolano.

En la Región Andina crecen las tensiones políticas y los problemas de gobernabilidad. El régimen venezolano parece haber logrado salir de la hiperinflación que sufrió en los años recientes. Al mismo tiempo, incrementa su relación con Rusia e Irán, mientras se beneficia de la flexibilidad en las sanciones económicas impuestas por Washington y sus aliados por la necesidad de que el petróleo venezolano retorne al mercado internacional, derivada de la guerra de Ucrania. La oposición, dividida, se encuentra debilitada. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha adoptado medidas que han reducido la incertidumbre de los mercados, pero ha reanudado las relaciones con Venezuela y ha otorgado a Cuba el rol de sede para las conversaciones de paz con la guerrilla del ELN. Está revisando también la política antidroga acordada por sus predecesores con Estados Unidos. En Ecuador, tras las protestas indígenas -que continúan latentes-, la violencia adjudicada al narcotráfico ha llevado al gobierno de Guillermo Lasso a declarar el “estado de emergencia” y convocar a las Fuerzas Armadas. En Perú, el Presidente Pedro Castillo enfrenta su tercer intento de destitución por el Congreso en poco más de un año, en una situación de creciente debilidad política. El primer domingo de septiembre tiene lugar el referéndum sobre la nueva constitución chilena, la que sería rechazada pese al apoyo del Presidente Gabriel Boric y la ex mandataria Michelle Bachelet. El gobierno enfrentaría así una situación política compleja, mientras crece la insurgencia de la minoría mapuche en el sur del país.

En los países del Mercosur, el tema central es la elección presidencial brasileña, las presiones de Estados Unidos sobre el gobierno de Paraguay y la reunión de coordinadores de la Celac en Argentina. Las encuestas muestran que la diferencia de Lula sobre Bolsonaro se va achicando. Hace dos meses era de 20 puntos y ahora se ha reducido a 7. La baja de la inflación -hubo deflación en julio- ha beneficiado al gobierno, que intensifica los subsidios sociales para los sectores de menores ingresos. Sigue siendo probable el triunfo de Lula, pero no es imposible el de Bolsonaro. El candidato del PT, tras reunirse con el embajador de Rusia en Brasil, anunció que el Grupo BRICS debería jugar un rol en intentar negociar un cese del fuego en la guerra de Ucrania. No es una posición muy diferente a la del Presidente brasileño, quien mantiene abierto el diálogo con Moscú. El cuestionamiento público de la Administración Biden al Vicepresidente paraguayo, acusándolo de corrupción, precipitó su renuncia. Paraguay es el único de los doce países sudamericanos que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Hoy Washington quiere que las mantenga, como una forma de frenar el avance de China en un área estratégica como es la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. En este país se realiza la reunión de coordinadores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), cuyo presidente pro témpore es Alberto Fernández. Se trata de una entidad para “concertar políticas” integrada por los 34 países de la región, con la sola exclusión de Estados Unidos y Canadá, que es considerada por la diplomacia china como un ámbito para la relación de la potencia asiática con la región. Por último, el Presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, es el que tiene hoy mejor imagen de la región en su respectivo país.

En conclusión: para Washington, su prioridad regional es neutralizar la creciente influencia económica de China y mantener a México como un interlocutor confiable en temas como la inmigración ilegal; en Centroamérica y el Caribe, región clave por proximidad geográfica y la inmigración ilegal, la influencia de EEUU está decreciendo, quizás por la falta de prioridad que deriva de la situación internacional; en los países de la región andina de América del Sur, la inestabilidad es creciente, combinándose los problemas de gobernabilidad con la violencia del crimen organizado y las protestas sociales; por último, en el Mercosur, el tema clave es la elección presidencial brasileña, cuando se hace evidente la presión estadounidense sobre Paraguay, y en Argentina se reúnen los coordinadores de la Celac.