Por Rosendo Fraga.

La semana que se inicia es importante para Sergio Massa en cuanto a pasar de las exitosas operaciones de marketing a la acción concreta. Como prioridad debe resolver la designación de su número dos en el Ministerio de Economía. Es que mantener este cargo sin definir resquebraja la idea del apoyo político que ha logrado imponer. En segundo lugar debe presentar el nuevo cuadro tarifario con reducción de los subsidios, que es muy importante para su gestión. Tiene que movilizar al Congreso, que se encuentra inactivo. Quiere la sanción de la Ley de Agroindustria que se encuentra frenada en la misma Cámara de Diputados que el ministro presidía hasta hace dos semanas. Promueve esta iniciativa para contribuir a las negociaciones con el campo, que se dilatan tras el fracaso del “dólar diferencial” de la gestión Batakis. La gira internacional de Massa -hoy está reducida sólo a Estados Unidos- se realizaría recién en septiembre. Respecto a los mercados, Massa puede decir que él ha impedido su descontrol, pero no que ha logrado dar certezas. Pero el tiempo es su problema principal. Falta todavía un tercio (dieciséis meses) del mandato del Presidente Alberto Fernández. Políticamente, esto implica que las PASO se realizarán dentro de un año y la elección presidencial en catorce meses y medio. Ya en el segundo trimestre de 2023 la Argentina se encontrará en clima electoral. Es un tiempo político manejable. Pero el tiempo económico requiere de decisiones en semanas y dieciséis meses es un plazo muy largo, sobre todo para procesos electorales en condiciones de fragilidad económica. El proceso político no presenta urgencias, pero el económico sí, y ese es el problema central de Massa.

En cuanto al oficialismo, representado por el Frente de Todos, se encuentra expectante frente a la nueva etapa, aunque las diferencias subsisten. Al iniciarse la semana, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se reúne con el ministro de Economía. Es el mandatario provincial más próximo a la Vicepresidenta hoy. El viernes 19 se reunirán los gobernadores oficialistas en La Plata, con Axel Kicillof como anfitrión. Los gobernadores buscarán afianzar y potenciar su rol para la “gobernabilidad” del nuevo ministro de Economía. Al mismo tiempo buscarán que en la Cámara de Diputados se dé sanción definitiva a la Ley de Consenso Fiscal que permite a las provincias incrementar los impuestos locales y eludir por esta vía la política de ajuste que impulsa Massa. En cuanto a la Vicepresidenta, sigue en silencio y sin interferir ni apoyar públicamente la gestión de Massa. Su frase “no me pidan que milite el ajuste” describe su estrategia política frente a la nueva situación. La idea de que ella ha dado un plazo de cien días a Massa para mostrar resultados en su gestión gana credibilidad dentro del oficialismo. Ello implica que tras la probable -no inexorable- reelección de Lula en la segunda vuelta de la elección presidencial brasileña que se realiza el último domingo de octubre, Cristina Kirchner tendrá despejado el horizonte para avanzar con su candidatura. Una eventual reelección de Lula le permite argumentar que ella sufre una “persecución judicial” similar a la que le impidió a Lula ser candidato cuatro años atrás, buscando asemejar su propia situación frente a las causas por corrupción que la amenazan. Mientras tanto, la relación de la Vicepresidenta con el Presidente se encuentra fuertemente deteriorada y se ha interrumpido.

Pero es en la protesta callejera donde las contradicciones del oficialismo se hacen más evidentes. El 17 de agosto tendrán lugar dos movilizaciones simultáneas. Por un lado, la de los sindicatos y movimientos sociales oficialistas, que marcharán desde la 9 de Julio hacia el Congreso. Participarán todos los sectores sindicales enrolados en el Frente de Todos. La CGT, expresión dominada por los sectores dialoguistas, marcará sus diferencias con el Gobierno. Rechazan el proyecto de Massa de otorgar un aumento para todos los trabajadores formales por decreto y quieren que cada gremio por separado siga negociando las paritarias, con actualización periódica dada la alta tasa de inflación. El sector liderado por Hugo Moyano marchará con consignas más críticas, reclamando contra los “formadores de precios”, responsabilizándolos por la inflación y cuestionando a funcionarios de Massa, como el Secretario de Comercio, Matías Tombolini. El sindicalismo combativo, representado por dos de las tres facciones de la CTA, también marchará con las consignas del kirchnerismo. Cabe señalar que La Cámpora se movilizará con consignas críticas contra el ajuste. Los movimientos sociales oficialistas, reunidos en la UTEP, marcharán, pero con consignas diferentes. El Movimiento Evita -el más próximo al Gobierno- cuestionará al empresariado, responsabilizándolo por la inflación. En el otro extremo Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, criticará el ajuste de Massa. Las tensiones y diferencias serán difíciles de ocultar. En cuanto a los movimientos sociales opositores, marcharán el mismo día, encuadrados en el “Bloque Piquetero”, que en los últimos meses ha ido ganando disciplina y organización en sus marchas. También lo hará el Partido Obrero -trotskista-, eje político de estos movimientos. 

En la oposición, las denuncias de Elisa Carrió acusando de prácticas corruptas a dirigentes de Juntos por el Cambio, ha precipitado una crisis que no será fácil contener. Su denuncia política apuntó a los sectores del PRO que han tenido una actitud dialoguista con Massa en los últimos años. Este ha sido su eje, argumentando que el peronismo se está “infiltrando” dentro del PRO. Tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich han sido blanco de sus críticas, junto con dirigentes como Rogelio Frigerio y Cristian Ritondo. La exclusión de Mauricio Macri de estas críticas, quien ostensiblemente negoció con el peronismo durante su gobierno, generó suspicacias y sospechas dentro de Juntos por el Cambio. También Carrió atacó a los sectores del radicalismo que han estado vinculados a Massa, como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. La líder de la Coalición Cívica reiteró sus denuncias y críticas tres veces en cinco días. Macri intentó diluir el problema, pero varios dirigentes del PRO dicen estar dispuestos a denunciar a Carrió ante la Justicia. En momentos en que el oficialismo enfrenta fuertes problemas internos, las denuncias de Carrió dividen inoportunamente a la principal fuerza opositora. La situación creada también favorece a Javier Milei, líder de Libertad Avanza, quien busca mostrarse como la “anti política”, rechazando tanto al Frente de Todos como a Juntos por el Cambio. A ello se suman problemas menores, como la carta de dos senadores nacionales del PRO renunciando a cobrar el aumento en sus dietas, situación que descoloca a la mayoría de sus colegas.

En conclusión: Massa, tras haber obtenido éxitos iniciales en cuanto al marketing político, debe resolver esta semana problemas que han pasado a ser urgentes, como la designación de su viceministro y las tarifas; en el oficialismo, los gobernadores buscan ganar espacio mientras la Vicepresidenta evita identificarse con el ajuste y el Presidente se ve fuera de las decisiones; las marchas de protesta de sindicatos y movimientos sociales tanto oficialistas como opositores, con sus diferentes matices internos, ponen un límite al ajuste de Massa; por último, las declaraciones de Carrió cuestionando las relaciones de dirigentes del PRO y la UCR con Massa, han precipitado una crisis en Juntos por el Cambio que no será fácil resolver.