Por Rosendo Fraga.
La crisis ecuatoriana pone en evidencia claves de proyección regional, comenzando por el protagonismo indígena. Se trata de un factor que viene teniendo creciente protagonismo político desde la última década del siglo XX. Entre 1997 y 2005, tres presidentes cayeron en Ecuador por las protestas violentas lideradas por los movimientos indígenas en las calles. Uno de ellos fue un populista locuaz, Abdala Bucaram, y el otro un coronel, Lucio Guitérrez, que había sido electo con apoyo de las organizaciones indígenas. Durante los gobiernos de Rafael Correa -alineado con el eje bolivariano articulado por Chávez, Castro y Morales-, los movimientos indigenistas se mantuvieron en apoyo -pero no sin tensiones- del gobierno. En cambio, durante la gestión de Lenín Moreno (que había sido el último Vicepresidente de Correa) y en el primer año de Guillermo Lasso, las protestas violentas lideradas por el indigenismo pusieron a ambos Presidentes muy cerca de caer por un “golpe de la calle”. En los dos casos, se convocó a las Fuerzas Armadas para controlar la situación. Moreno tuvo su momento más difícil en 2019, cuando las protestas generaron muertos y heridos, y Lasso -un Presidente de centroderecha que es economista y empresario- lo tiene ahora, al cumplir sólo un año en el poder. Ecuador es el país de América del Sur que muestra mayor protagonismo político del fenómeno indigenista, después de Bolivia. Pero hoy en Chile, la minoría mapuche impulsa un proyecto secesionista en el sur del país, que tiene ramificaciones en la Argentina. En Perú, estos sectores fueron un componente importante de la coalición político-social que llevó a Pedro Castillo al poder. En Bolivia, el propio Evo Morales -quien sancionó una constitución estableciendo la plurinacionalidad, que también contiene la nueva constitución chilena- es de la etnia aymará, que es central en su proyecto de reelección presidencial. En Colombia, los movimientos indigenistas integran la coalición política del nuevo Presidente Gustavo Petro.
La crisis de las estructuras políticas tradicionales es la segunda clave de este conflicto. En Colombia, Chile y Perú, al igual que en Ecuador, el fenómeno de la “antipolítica” que caracteriza al mundo occidental, se ha manifestado plenamente. Colombia es un ejemplo claro al respecto. El bipartidismo liberal-conservador quedó enterrado en la reciente elección presidencial que llevó al poder a un candidato de centroizquierda. Pero su oponente, Rodolfo Hernández, ha sido una expresión de la antipolítica. Los partidos tradicionales quedaron fuera de la segunda vuelta. En Chile, las protestas sociales violentas precipitaron la crisis de la política tradicional representada por el socialismo y el centroderecha. La elección para la Asamblea Constituyente mostró su fuerte debilitamiento y el crecimiento de distintas expresiones de la antipolítica, desde anarquistas a secesionistas mapuches. La elección presidencial de finales de 2021 mostró que ninguna de las dos fuerzas tradicionales llegó a la segunda vuelta. Ganó un dirigente de la protesta estudiantil, Gabriel Boric, y quedó segundo José Antonio Kast, candidato de una nueva expresión de extrema derecha. En Perú, la crisis de los partidos tradicionales no es un hecho nuevo, pero se ha agudizado desde mediados de la década pasada. Ganó la segunda vuelta Pedro Castillo, candidato de un partido de izquierda de base territorial local. En frente, con menos de un punto, quedó Keiko Fujimori, expresión de una fuerza de centroderecha ajena a la tradición política peruana. En Ecuador, la elección presidencial de 2021 generó una segunda vuelta entre Guillermo Lasso, un empresario y banquero candidato de una coalición de centroderecha, donde se reordenaron sectores conservadores, y se impuso sobre Andrés Araúz, candidato apoyado por el ex Presidente Rafael Correa.
La fragilidad institucional que dificulta la gobernabilidad es otra clave del conflicto ecuatoriano con proyección regional. El sistema electoral de doble vuelta de Ecuador, por el cual los resultados de la primera determinan la cantidad de legisladores, dificulta la mayoría parlamentaria cuando un Presidente llega a la segunda con un porcentaje muy bajo. Lasso llegó con sólo una quinta parte de los votos. En consecuencia, su cantidad de legisladores está lejos de la mayoría y se ve obligado a negociar, en un escenario en el cual varias de las fuerzas opositoras están a su vez divididas. Esto hace muy difícil gobernar. Una situación semejante se da en Chile, donde el Presidente Gabriel Boric llegó a la segunda vuelta con sólo una cuarta parte de los votos. Las dificultades de gobernabilidad van a incrementarse si el 4 de septiembre, en el referéndum para validar la reforma constitucional, esta es derrotada. Es que en la elección de la constituyente realizada en 2020, la representación política ideológica fue muy diferente a la composición del Parlamento que fue electo en diciembre de 2021. En Perú, Pedro Castillo llegó a la segunda con sólo una quinta parte de los votos, semejante al caso de Lasso en Ecuador. A poco más de un año de gobierno, ya ha enfrentado varios intentos de destitución en el Parlamento, pero que no han logrado los dos tercios necesarios para destituirlo, en un contexto de fuerte dificultad para gobernar. En Colombia, el Parlamento es elegido meses antes que el Presidente. Es así como Petro no tiene mayoría parlamentaria, lo que plantea dudas respecto a su gobernabilidad futura, pese a las negociaciones para alcanzar la mayoría. En Bolivia, es la tensión y eventual división en el oficialismo por la lucha entre el ex Presidente Evo Morales y el actual Vicepresidente, David Choquehuanca, lo que divide a la fuerza oficialista y complica la gobernabilidad.
La situación económico-social, con aumento de la inflación, y de los combustibles en particular, es la cuarta clave del conflicto. Ello ya detonó en 2019 las protestas violentas en Ecuador lideradas por las organizaciones indígenas, que provocaron más de 10 muertos y cerca de 1000 heridos. Entonces, como ahora, el Presidente Lenín Moreno convocó a las Fuerzas Armadas para mantener el orden público. Salvó su gobierno a menos de dos años de la finalización del mandato. Ahora la situación en alguna medida se repite, pero con Guillermo Lasso cumpliendo recién un año en el poder. Protestas sociales violentas que pusieron en riesgo a los gobiernos tuvieron lugar en 2019 también en Chile, en Colombia en 2020, con menor intensidad en Perú, y entre fines de 2019 y comienzos de 2020 se dieron en Bolivia, originadas en el conflicto político por las denuncias de fraude. Los efectos sociales de la pandemia jugaron un rol. Los reclamos económicos y sociales fueron el centro de estas protestas. El crecimiento global favorable a los países emergentes se frenó a mediados de la década pasada y ello llevó a la interrupción de las mejoras económicas y sociales. Esta situación continúa vigente y se agrava ahora por los efectos de la guerra de Ucrania, que provocan fuerte aumentos de los precios de alimentos y combustible, las dos variables de la economía que más afectan el costo de vida de los sectores populares.
En conclusión: la fragilidad institucional caracteriza la crisis que vive Ecuador y constituye un fenómeno que se da en otros países de la región; la desarticulación del sistema político tradicional es un factor concurrente; el deterioro económico-social se agrega como causa central; por último, la violencia en las protestas lleva a veces a convocar las Fuerzas Armadas, que sirven para salvar al gobierno, pero no para resolver la crisis.