Por Rosendo Fraga.

El conflicto institucional entre la Corte y el Ejecutivo es el tema central en la política argentina en estos días. El proyecto para aumentar los miembros de la Suprema Corte de cinco a nueve, es una herramienta más que utiliza la Vicepresidenta en este conflicto. Para concretarlo sólo es necesaria la mayoría simple en ambas Cámaras. En el Senado es probable que se apruebe, pero en Diputados es difícil. Si el oficialismo logra transformarlo en ley, serían cinco las vacantes a cubrir, ya que hay un lugar vacante. Pero hacen falta dos tercios de la Cámara Alta para poder designar los nuevos miembros, lo que es imposible si no hay un acuerdo político, algo difícil en estos momentos. Las maniobras de Cristina Kirchner para ganar representantes en el Consejo de la Magistratura por el sector político, han tenido éxito en el Senado, al lograr ella, mediante la división del bloque oficialista de senadores, nombrar al senador camporista Claudio Doñate. De esta manera suma un representante más a costa de la oposición. En Diputados, el bloque oficialista ha cuestionado en la Justicia la elección de la diputada radical Roxana Reyes, argumentando que el lugar debe ser cubierto por el tercer bloque, integrado en su mayoría por peronistas disidentes. Esta situación está demorando la incorporación de la representación política en el Consejo. Desde este tercer bloque de la Cámara Baja, la diputada Graciela Camaño quiere incorporar en el proyecto de la nueva ley del Consejo de la Magistratura -que ya tiene media sanción del Senado- que la Presidencia no sea para el Presidente de la Suprema Corte -que es Horacio Rosatti, fuertemente cuestionado por la Vicepresidenta-, como establece la ley de 1997, restablecida por el fallo de la Corte, sino que el lugar lo ocupe cualquier otro miembro del Máximo Tribunal. Este conflicto interno en el oficialismo es causa central del empate que paralizará el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante los próximos meses. Para que éste funcione y se puedan tomar decisiones, como propuestas de designación y remoción de funcionarios judiciales, hacen falta dos tercios, algo que hoy ni oficialismo ni oposición tienen.

El conflicto entre el Presidente y la Vicepresidenta se mantiene y el primero ha decidido evitar confrontar. Hay quienes dicen que está adoptando la estrategia de eludir cualquier tipo de enfrentamiento como hizo Daniel Scioli como Vicepresidente con la entonces senadora de Santa Cruz, durante la Presidencia de Néstor Kirchner, y luego en los ocho años que convivieron ella como Presidenta y él como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que culminaron con su candidatura presidencial. Por eso Alberto Fernández ha decidido postergar los cambios que su equipo consideraba inminentes tras Semana Santa. A ello se agrega que el Presidente ha dado señales de acercamiento, apareciendo públicamente con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con los funcionarios del área energética que responden al kirchnerismo y que cuestionan al ministro Martín Guzmán. En lo económico, el kirchnerismo sigue criticando el acuerdo con el Fondo, al que adjudica las medidas de ajuste. En la política exterior se acercan posiciones con la negativa del gobierno argentino a hacer el boicot a Rusia en el seno del G20 y la abstención en la OEA contra la suspensión de dicho país como observador del organismo internacional. Pero es la inflación -que en alimentos llegaría al 8% en abril- el tema crítico para el Gobierno, que no tiene solución a la vista.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro -precandidato a Presidente o gobernador bonaerense de La Cámpora-, visita Israel al frente de una delegación integrada por dos ministros más y siete gobernadores. Es un viaje que parece el de un candidato en campaña. Por su parte, el Presidente ha replegado por ahora su proyecto explícito de reelección. Los sondeos muestran que sería derrotado por la Vicepresidenta en las PASO de agosto de 2023. De los sectores ultrakirchneristas, al mismo tiempo se inician movimientos tendientes a impulsar su candidatura. Falta poco más de un año para la definición de candidaturas y estos gestos son más manifestaciones de lucha de poder, que estrategias claras y definidas. El kirchnerismo sigue teniendo como objetivo adelantar la elección bonaerense -el Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, sería el candidato a gobernador- y analiza adelantar también la elección de legisladores nacionales de la provincia, de forma tal que Cristina Kirchner encabece la candidatura a senadora nacional. Cabe recordar que aun quedando en segundo lugar, tendría una banca en la Cámara Alta hasta 2029. 

La movilización del campo permitió a la oposición retomar la calle y en los próximos días las distintas vertientes de los movimientos sociales harán lo mismo. Desde los “banderazos” de 2020, la oposición se había replegado de las manifestaciones en la vía pública. Con eje en los productores nucleados en las entidades intermedias -la Comisión de Enlace, integrada por las cuatro entidades que condujeron las protestas de 2008, no adhirió para mantener abierto el canal de negociación con el Gobierno- tuvieron la adhesión de la militancia de Juntos por el Cambio. Entre los dirigentes se hicieron presentes Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy y José Luis Espert, entre otros. Al mismo tiempo, la lucha por las candidaturas tiene al ex Presidente Mauricio Macri como un protagonista más, el radicalismo comienza a plantear una estrategia para competir con el PRO en las PASO, incluyendo Presidencia y Jefatura de Gobierno porteña, y Javier Milei -que sigue creciendo en las encuestas- insiste en negar la posibilidad de converger electoralmente con Juntos por el Cambio. El 1° de mayo los movimientos sociales oficialistas marcharán hacia la Plaza de Mayo en apoyo del Gobierno, reclamando la sanción de las leyes referidas a la “ganancia inesperada” y a las fortunas no declaradas en el exterior, pero también exigirán un urgente incremento de las partidas para asistencia social. Por su parte, los movimientos sociales opositores alineados con la izquierda, también marcharán a Plaza de Mayo, cuestionando el acuerdo con el FMI, las políticas de ajuste y reclamando la ampliación del monto y la cantidad de los planes sociales.

En conclusión: el conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y la Corte derivará, por uno u otro camino, en la paralización del Consejo de la Magistratura que lo ha originado; el Presidente ha decidido optar por la estrategia de no confrontar con la Vicepresidenta, para evitar la ruptura de la coalición y convivir, como supo hace Daniel Scioli durante doce años; el viaje de Wado de Pedro a Israel al frente de siete gobernadores lo muestra en una actitud de candidato presidencial en campaña, ocupando un espacio internacional propio del Presidente; por último, la marcha de los productores rurales permitió a la oposición retomar la presencia en las calles, pero el 1° de mayo los movimientos sociales oficialistas y opositores realizarán respectivas movilizaciones.