Alejándose de la «tregua frágil»

Por Rosendo Fraga.

En el Poder Ejecutivo se aleja la posibilidad de concretar una “tregua frágil” entre el Presidente y la Vicepresidenta. La imagen del primero conmemorando el 40° aniversario del desembarco en Malvinas desde un museo, y la de la Vicepresidenta haciéndolo desde el Congreso, escenificaron la división. La afirmación del diputado y ex combatiente Aldo Leiva refiriéndose a la titular del Senado como “mi Presidenta”, subrayó la situación. La presencia en los dos actos de Sergio Massa no creó una expectativa de mediación eficaz. Las declaraciones públicas de Cristina Kirchner ironizando sobre el Presidente por haberle regalado un libro que relata el fracaso de la política de Alfonsín para contener la inflación, constituyó una crítica manifiesta. Como detalle, las afirmaciones cuestionando a la vocera presidencial reforzaron la manifestación del estado de ánimo en el kirchnerismo respecto a la Casa Rosada. Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, criticó a su mismo gobierno, diciendo que no tiene un plan para controlar la inflación. El Presidente, en apariciones públicas como la del Consejo Económico y Social, se mostró confuso y dubitativo. Su figura se debilita, tanto en los sondeos de opinión, como en cuanto a su entidad política, y los esfuerzos de su entorno para mantener abierta la posibilidad de “Alberto 2023” parecen desconectados de la realidad.

En cuanto al Poder Legislativo, la Vicepresidenta concentra sus esfuerzos en la aprobación de proyectos para mostrar que no ha perdido el control del Senado, tras la votación del acuerdo con el FMI. El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que ha presentado el kirchnerismo y que anula la posibilidad de que el Presidente de la Suprema Corte lo sea al mismo tiempo del Consejo, es prioritario. La totalidad de los 35 integrantes del bloque del Frente de Todos de la Cámara Alta lo apoyan, pero se frustró la semana pasada al fracasar el acuerdo con el senador Alberto Weretilneck, el voto que le faltaba para llegar a los 37 que necesitaba (una senadora riojana escindida del PRO también vota con el oficialismo). Pero esta semana se llegaría al acuerdo necesario para avanzar con la aprobación del proyecto, que enfrentará dificultades en Diputados. La iniciativa de los K para gravar las fortunas no declaradas de argentinos en el exterior, podría ser aprobada en el Senado, pero enfrentará también una situación incierta en la Cámara Baja. Mientras tanto, en Diputados el bloque oficialista llegó a un acuerdo por consenso para las designaciones en las comisiones, mientras que en Juntos por el Cambio las negociaciones internas se dilatan. En el plano político, es claro que el kirchnerismo se repliega a la provincia de Buenos Aires, impulsando el plan de adelantar la elección provincial para no acompañar la presidencial de un gobierno que se estima fracasará electoralmente por su ineficacia para frenar la inflación.

El Poder Judicial muestra una creciente lucha por el poder entre oficialismo y oposición. Hasta ahora, el enfrentamiento entre el Presidente y la Vicepresidenta no se manifiesta en este ámbito. Alberto Fernández ha reiterado críticas al “funcionamiento” del Máximo Tribunal, que resultan coincidentes con la posición del kirchnerismo. Esas críticas las ha extendido a la Justicia en general. El control del Consejo de la Magistratura, que tiene pendiente su reforma, muestra una pugna entre oficialismo y oposición. Por una decisión de la Corte, los 13 miembros que lo integran volverán a ser 20, como eran originalmente, antes de que en la presidencia de Cristina Kirchner fueran reducidos a 13, incrementando por esta vía el poder del sector político. En los próximos días se realizan elecciones para renovar representantes de jueces, abogados y académicos en este Consejo. En los hechos, se enfrentan candidatos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Pero mientras no se designen los representantes del Ejecutivo y el Legislativo -que no son electos por el voto-, no entrará en funciones el nuevo Consejo. A ello se suma la celeridad que la Vicepresidenta por cubrir las vacantes en la Justicia nacional de primera y segunda instancia. Ello permitiría aumentar la influencia del kirchnerismo en dichos estamentos. La ofensiva judicial del oficialismo para dejar sin efecto la llamada “Causa de los cuadernos” muestra el esfuerzo por neutralizar las causas que afectan al kirchnerismo, que avanzan con distinto grado de velocidad. 

Pero la pugna entre Presidente y Vicepresidenta también se manifiesta en los conflictos sociales en las calles. Los piqueteros opositores, con el Polo Obrero (trotskista) como eje, realizaron entre el 30 de marzo y el 1° de abril, un “acampe” en la Avenida 9 de Julio de dos noches consecutivas. La policía porteña intentó impedirlo, pero luego abandonó su intención. Una protesta similar ya ha sido convocada para mediados de mes. Reclaman más planes sociales y aumento de la asistencia a los comedores populares. La visita en solidaridad que realizó el dirigente kirchnerista Juan Grabois, fue en los hechos una crítica a la política del Gobierno. La Casa Rosada, por su parte, extrecha su relación con el Movimiento Evita, el movimiento social más representativo de los aliados del gobierno. Como contraprestación, su líder, Emilio Pérsico, sería designado ministro del Poder Ejecutivo en una cartera a crearse para la “economía popular”. La inflación de la canasta básica alimentaria, que puede ser más elevada en marzo, es causa y pretexto para el reclamo de los piqueteros en las calles. Cabe señalar que la política antiinflacionaria es otro tema de división entre la Casa Rosada y el kirchnerismo. La primera apunta a los subsidios para neutralizar sus efectos y el segundo opta por mayores controles. Para los jubilados se paga este mes un bono de 6.000 pesos para paliar los efectos de la inflación. El tema de las tarifas de los servicios públicos también divide al Presidente y la Vicepresidenta. El primero apoya la política del ministro Guzmán de dar cumplimiento, aunque sea parcialmente, al aumento acordado con el FMI; la segunda, en cambio, busca no aumentarlas, dada la crítica situación social y llevar el tema a la discusión del Congreso. El acto de rechazo al último golpe militar realizado el 24 de marzo, mostró al Presidente reunido con investigadores del Conicet para recordarlo, y a La Cámpora realizando una marcha y movilización con decenas de miles de militantes.

En conclusión: en el Poder Ejecutivo, la “tregua frágil” entre la Casa Rosada y la Vicepresidenta, se ha tornado más difícil, sin que aparezca un mediador posible; respecto al Congreso, Cristina Kirchner busca mostrar que controla el Senado, impulsando la sanción de sus proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura y el impuesto a las grandes fortunas no declaradas; la puja oficialismo-oposición en el Poder Judicial se acentúa, a lo que se agrega el enfrentamiento por el control del Consejo de la Magistratura y en la designación de los nuevos jueces y camaristas nacionales; por último, la protesta política y social en las calles muestra también las diferencias entre la Casa Rosada y el kirchnerismo, tanto en el rechazo al último golpe militar como en la actitud frente a los reclamos sociales.

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