Entre las Extraordinarias y el conflicto Kiev-Moscú

Por Rosendo Fraga.

La estrategia del oficialismo para lograr la aprobación del acuerdo con el FMI encuentra más dificultades que las previstas inicialmente. A comienzos de diciembre el gobierno argentino anunció que a mediados de ese mismo mes, iba a enviar tres proyectos: presupuesto 2022, el plan plurianual y el acuerdo con el Fondo. Han pasado más de dos meses y medio, los últimos dos nunca llegaron al Congreso y el primero fue rechazado en la cámara baja. En la negociación con el Fondo, el ajuste de tarifas se ha transformado en un escollo concreto. Mientras los técnicos del organismo internacional reclaman un ajuste levemente por encima de la inflación, el gobierno argentino sometido a la presión del kirchnerismo plantea un tercio de dicho porcentaje. Las consecuencias energéticas del conflicto de Ucrania, complican este problema. Este tema tiene en Argentina un valor político. El AMBA (la ciudad de Buenos Aires que es el 8% del electorado y el conurbano que es el 25%) constituyen un tercio de los votos y, por ende, suelen definir la elección. Este tercio del país está pagando tarifas más bajas que el resto. El congelamiento fue una política inicial del kirchnerismo, que impuso para evitar protestas en la población urbana. No es la única diferencia en la negociación que habría finalizado el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los técnicos del Fondo. A eso se agrega que los representantes de Estados Unidos, Alemania y Japón han planteado algunos reparos a las posiciones de Argentina respecto a su deuda. Pero las diferencias dentro del propio oficialismo, que se hicieron públicas con la renuncia de Máximo Kirchner -y su ausencia en inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso- a la presidencia del bloque de diputados FdT, se mantienen. Se suma el silencio que mantiene la Vicepresidenta sobre el tema. En la última semana de febrero, el kirchnerismo trajo al país al ex ministro de Economía de Grecia, Yanis Varoufakis, caracterizado por su posición contra los acuerdos con el Fondo. Sostuvo que Argentina debía rechazar el acuerdo con el organismo internacional.

En este contexto, el proyecto de Elisa Carrió que propone derogar la ley por la cual el acuerdo con el FMI debe ser aprobada por el Congreso, es una iniciativa que lo facilitaría, pero improbable. El Presidente tiene atribuciones constitucionales para firmar por sí mismo los acuerdos con el FMI. No necesita la aprobación del Congreso. Es más, todos los firmados por Argentina desde mediados del siglo XX, lo fueron sin aprobación del Congreso. Ahora, fue el mismo Presidente argentino el que envió al poder legislativo el proyecto que establece la necesidad de la aprobación parlamentaria. Lo hizo por dos razones: compartir el costo político del acuerdo y darle certidumbre en el cumplimiento por el compromiso con el Congreso que implica una ley. No fue una exigencia del FMI, sino una iniciativa del poder ejecutivo argentino. El proyecto inicialmente fue planteado en Juntos por el Cambio, por Patricia Bullrich. Pero no tuvo consenso. Ahora lo retoma Carrió que tiene el dominio de su partido, la Coalición Cívica. El problema de esta iniciativa es que requiere la derogación de la ley vigente que obliga a la aprobación parlamentaria. Ello implica que las dos cámaras deberían derogarla. A ello se agrega la restricción cronológica: el 22 de marzo, Argentina tiene un nuevo vencimiento con el FMI por 2800 millones de dólares. Cabe señalar que Alberto Fernández, el 11 de marzo, estará en Chile para la asunción del nuevo presidente Gabriel Boric, y que el 14 inicia una gira que lo lleva a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Estará, ausente del país en el momento clave para la aprobación del acuerdo con el FMI en el parlamento y dejará esos días la presidencia a cargo de Cristina Kirchner.

El discurso que pronunció el Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, se enmarcó en la estrategia para lograr el acuerdo con el Fondo. Simultáneamente, sectores del oficialismo realizaron una movilización en apoyo del Presidente. Participó la CGT, que a fines de febrero sostuvo que sin recursos adicionales el sistema de las obras sociales se encaminaba al colapso. También estuvieron los movimientos sociales afines al kirchnerismo que hoy critican el límite a la cantidad de planes sociales impuesto por el gobierno. La Cámpora estuvo ausente, ratificando su postura crítica hacia el acuerdo con el FMI. El Presidente sostuvo que el acuerdo no implicaba ningún ajuste. Respecto a las tarifas, dijo que la segmentación era la solución para evitarlo. Criticó a la oposición por el rol de Macri en el acuerdo con el organismo internacional; criticó el supuesto uso de los servicios de inteligencia para perseguir opositores en el gobierno anterior y reiteró críticas a la justicia. Los proyectos de futuro como los vinculados al medio ambiente, parecieron un tanto distantes de la realidad. La tensión oficialismo-oposición fue inocultable. El radical Mario Negri, pidió la palabra -fuera de orden- y no se la dieron. Los diputados del PRO se retiraron del recinto cuando el Presidente criticó a Macri. Los radicales y Carrió permanecieron, mostrando las diferencias dentro de la oposición.

La política estuvo presente en el discurso de Alberto Fernández y ha sido central a lo largo del mes de febrero, tanto por la negociación con el FMI, como por la invasión de Ucrania. El apoyo de la Administración Biden es decisivo para que el organismo internacional apruebe la propuesta argentina. El Presidente visitó Moscú -ya desplegadas las tropas rusas- solicitando apoyo para “independizarse” de EE.UU. y el FMI, ofreciéndose como “puerta de entrada” de Moscú en la región y seguidamente se reunió con Xi en Beijing. La reacción del Departamento de Estado fue enérgica pero a la vez discreta. Recompuesta parcialmente la relación, la invasión a Ucrania la volvió a poner en tensión. Hasta el 27 de febrero, tanto el Presidente como el Canciller eludieron hablar de “invasión” y eludieron acompañar dos pronunciamientos mayoritarios en la región críticos de la ofensiva militar rusa. Ello volvió a complicar la relación con Washington poniendo nuevamente en riesgo el apoyo para el FMI. En el Concejo de Derechos Humanos de la UN el Canciller Cafiero habló de invasión y el Presidente hizo lo mismo en su discurso ante el Congreso. Para no salir de la confusión, el Canciller esa misma mañana dijo que Argentina “no se había alineado con la OTAN” y que era “neutral” en la guerra entre Rusia y Ucrania. Tanto el FMI como la invasión rusa, enfrentaron a la Casa Rosada con el Kirchnerismo.

En conclusión: la estrategia política para lograr la aprobación del acuerdo por el Congreso encuentra más dificultades que pocos días atrás, tanto en el oficialismo como en la oposición; el proyecto de Elisa Carrió para facilitar el acuerdo, podría ser eficaz, pero el mismo Presidente lo rechaza para no concentrar el costo político en él mismo; el discurso del Presidente ante el Congreso, quiso ser una herramienta en la búsqueda de la aprobación del acuerdo con el FMI; por último, frente a la invasión de Ucrania, el gobierno argentino asumió una postura inicialmente ambigua favorable a Rusia, para cambiarla después para alinearse con occidente, aunque siempre dejando un margen de confusión.

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