Por Rosendo Fraga.

El gobierno nacional está terminando de ordenar la estrategia política en torno al acuerdo con el FMI. La intención es enviar el proyecto de ley que lo contiene el 1 de marzo, cuando se inician las reuniones ordinarias del Congreso. De acuerdo a lo pedido por la Vicepresidenta, el proyecto entra por Diputados. En esta Cámara, el Gobierno ha avanzado en las conversaciones para lograr consenso respecto a la aprobación. En cambio, en el Senado, Cristina Kirchner mantiene cierta incertidumbre. Tras un intento de enviar al Congreso una versión reducida del acuerdo, el Gobierno decidió hacerlo en su versión completa. Es que una versión corta generaría fuertes conflictos políticos, los debates parlamentarios se harían más difíciles y la precaria coalición del oficialismo se complicaría. El ministro de Economía, Martín Guzmán, estará en el recinto, y de acuerdo a las circunstancias podría intervenir. Históricamente ha sido un mensaje muy importante, donde el Presidente hace un balance de lo realizado y sus intenciones para el futuro. En años recientes, se convirtió más en una pieza de coyuntura. En este contexto, la posición de Alberto Fernández respecto al acuerdo con el Fondo, será una parte central del mensaje. Más allá del acuerdo con el FMI, el discurso expresaría el pensamiento del Presidente en un tono ideológico “progresista”.

En Diputados, la mayoría del oficialismo votará el proyecto del Gobierno, y al mismo tiempo la oposición, en su totalidad, daría quórum. En estas condiciones, el escenario probable es la aprobación. El sucesor de Máximo en la Presidencia del bloque oficialista, el santafesino Germán Martínez, ha cumplido en pocas semanas una gestión exitosa. En una primera etapa, evitó que la renuncia del hijo de la Vicepresidenta se transformara en la división del bloque, que se insinuaba, con gestos como mantener las mismas autoridades que habían acompañado a Máximo y enviar gestos conciliadores hacia él, logró impedir la división. En una segunda etapa, está terminando de acordar el quórum de los disidentes -que seguirían siendo entre 25 y 30- para la sesión. Ahora quiere lograr que ellos se abstengan en la votación y que eludan su discurso, para evitar diferencias públicas dentro del oficialismo. El paso siguiente es persuadir a legisladores disidentes a que voten a favor. Este éxito ha sido capitalizado por el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, a quien se adjudica un próximo retorno al Gabinete nacional. En la oposición, definido que se dará quórum, se mantiene la división entre quienes quieren votar con el Gobierno (la mayoría del radicalismo y la Coalición Cívica) y los que proponen abstenerse. Cabe señalar que los acuerdos dentro del interbloque son difíciles en la oposición. Por eso se piensa en una conducción tripartita, con un legislador del radicalismo, otro del PRO y un tercero de la Coalición Cívica. A su vez, el bloque radical, buscando cerrar su división, se reunió en Santa Fe con las autoridades del Comité Nacional, sin lograr superar la división.

En el Senado, la información sobre qué sucederá es más hermética. El silencio de la Vicepresidenta y de la mayoría de sus legisladores oficialistas genera incertidumbre sobre su actitud. Que el bloque de Juntos por el Cambio dé quórum hace probable la aprobación. Pero si éstos se abstuvieran, la aprobación pasaría a complicarse si los oficialistas votaran divididos aproximadamente en partes iguales. Sólo un senador del bloque del Frente de Todos de Entre Ríos, que responde al gobernador Gustavo Bordet, se ha pronunciado públicamente a favor del acuerdo, liderando a otros tres senadores que asumirían también esta posición, pero sin llegar a formalizar un sub-bloque. El Gobierno sigue apostando a que la presión de los gobernadores -interesados en la estabilidad económica- volcará finalmente el voto de sus senadores. Pero hasta ahora son pocos los gobernadores que se han pronunciado públicamente sobre el acuerdo. El punto quizás más importante es que Cristina Kirchner, como Presidenta del Senado, es quien lo convoca y decide cuándo. El Presidente del bloque oficialista de la Cámara Alta, el formoseño José Mayans, continúa con el diálogo, reservado y en forma individual, con cada uno de sus senadores. Busca conocer sus opiniones pero sin decir cuál es la de la Vicepresidenta.

En términos políticos, el Presidente busca cerrar las diferencias con el kirchnerismo, especialmente con La Cámpora, y coincidir con la Vicepresidenta en el tema judicial. Alberto Fernández no ha generado ninguna actitud política ni reemplazo de sus funcionarios que lo alejen del kirchnerismo, desde la renuncia de Máximo. Las propuestas de su círculo de quitar a dicha agrupación el control de las cajas que manejan recursos en la Administración (Anses, PAMI, etc.) no fueron atendidas. El hijo de la Vicepresidenta, en su condición de titular del peronismo bonaerense, está organizando las internas del peronismo provincial en el ámbito municipal que se realizarán el 27 de marzo. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y el propio Presidente, han participado en actos de Máximo, mostrando respaldo. La presencia del

Presidente con la titular del PAMI, Luana Volnovich, en un acto de los jubilados, mostró la buena relación que existe en este momento entre la Casa Rosada y La Cámpora. En cuanto a la Justicia, el Presidente, en forma presencial, declaró como testigo -a pedido de Cristina Kirchner- en una causa por manejo arbitrario de fondos públicos para la obra pública, cuando él era Jefe de Gabinete. Su defensa de la entonces Presidenta fue enfática y tuvo que asumir las contradicciones con sus declaraciones periodísticas sobre la corrupción existente en el oficialismo, después de que él dejara el Gobierno. Al mismo tiempo, el ministro de Justicia, Martín Soria, presidió un congreso internacional sobre el lawfare, la doctrina que defiende el kirchnerismo sobre la supuesta manipulación de la Justicia en causas para destituir a los gobiernos “progresistas” de la región. En los movimientos sociales, los opositores (como el Polo Obrero) intensifican las protestas callejeras contra el acuerdo con el FMI. En cambio, los oficialistas, como el Movimiento Evita, apoyan el acuerdo. Pero se está dando una coincidencia contra el congelamiento de la cantidad de planes Potenciar Trabajo que ha dispuesto el Gobierno.

En conclusión: la Casa Rosada está terminando su estrategia para lograr la aprobación del acuerdo con el FMI en el Congreso y el discurso del Presidente de apertura de las sesiones ordinarias tendrá un rol importante; en diputados las conversaciones en el oficialismo avanzan bien, así como con la oposición, pero sigue sin resolverse la integración de las comisiones; en el Senado la situación es más compleja por el sugestivo silencio de Cristina, quien más allá de su influencia en el bloque, es quien convoca las sesiones; por último, el Presidente por su parte da crecientes señales de proximidad con la Cámpora y de alineamiento en el tema judicial con la Vicepresidenta, buscando evitar conflictos que compliquen la aprobación del acuerdo.