Por Rosendo Fraga.

El ex presidente Lula da Silva, en un acto de precampaña electoral realizado en el nordeste de Brasil, exhortó a la izquierda latinoamericana a no abandonar el sistema democrático. Frente al autoritarismo que ha asumido el presidente nicaragüense Daniel Ortega, que se presenta a su quinto periodo presidencial habiendo detenido a 7 candidatos opositores y más de 30 dirigentes, tanto Lula como el ex presidente uruguayo, José Mugica, exhortaron -sin demasiado éxito- al presidente de Nicaragua a mantener la vía democrática. Lula percibe la necesidad de evitar la radicalización de la izquierda latinoamericana por dos razones: por un lado la estabilidad regional, y por el otro el costo electoral que pueden implicar, en la elección presidencial de octubre de 2022, estas posiciones extremas del “progresismo” para su propia candidatura. Los sondeos siguen dando a Lula ganador en primera vuelta frente al presidente Jair Bolsonaro. Este ha tenido una derrota importante en el Parlamento, al no lograr la mayoría calificada necesaria para aprobar su proyecto de reforma electoral, que vuelve a introducir el papel como verificación del voto electrónico. El presidente obtuvo más votos que la oposición en la Cámara de Diputados, pero no los suficientes para alcanzar la mayoría necesaria. La votación tuvo lugar días después de que el presidente desviara una columna militar que se dirigía a un ejercicio de rutina, para hacerla desfilar por Brasilia, frente al Palacio Presidencial. Tanto en el Congreso como en el Poder Judicial, se interpretó el hecho como una suerte de “presión y amenaza” sobre el sistema institucional para que  fuera aprobado el proyecto de Bolsonaro, y ello jugó en contra de él.

Comenzaron las negociaciones entre el oficialismo y la oposición venezolana que se realizan en México, con importante participación extrarregional. El 13 de agosto, los representantes de Nicolás Maduro y de la oposición -entre ellos Juan Guaidó-, firmaron un acuerdo para discutir la transparencia electoral y el levantamiento de las sanciones económicas que Estados Unidos, y en menor medida la Unión Europea, han impuesto al régimen venezolano, como respuesta a las violaciones de los derechos humanos. Se acordó así una hoja de ruta de los temas a discutir con vistas a la elección legislativa que se realiza el 21 de noviembre. El diálogo fue auspiciado por Noruega. Cada uno de los sectores enfrentados eligió un “país facilitador” para la gestión. El chavismo se inclinó por Rusia, en la que juega un papel fundamental en el proyecto de privatización petrolera que requiere la aceptación de las potencias occidentales, que deberían levantar las sanciones. La oposición, por su parte, eligió a Holanda. El acuerdo firmado prevé la incorporación de “países acompañantes” que serían observadores privilegiados e informados sobre las discusiones, aunque sin voz ni voto en la negociación. En este “grupo de países amigos del proceso” estarían Estados Unidos, México y Argentina. No es fácil que se llegue finalmente a un acuerdo. Cabe recordar que las negociaciones gobierno-oposición de 2018 en República Dominicana y de 2019 en Barbados, fracasaron.

Mientras tanto, la crisis política peruana se agudiza a menos de un mes de la asunción del nuevo gobierno. Pedro Castillo es, al iniciar su mandato, el presidente peruano con el apoyo de opinión pública más bajo de los últimos 20 años: lo acepta sólo el 38%, casi la mitad que lo que tenían al mismo momento algunos de sus predecesores. Cabe señalar que el Congreso todavía no ha aprobado la designación del Jefe de Gabinete, Guido Bellido, quien enfrenta una denuncia judicial por financiamiento ilegal de la campaña electoral, en la cual también están involucrados dirigentes del partido oficialista Perú Libre. El líder de este partido, Vladimir Cerrón, el “hombre fuerte” detrás de Castillo, también está involucrado. Las denuncias de corrupción impidieron al líder del partido poder presentarse como candidato presidencial, y de allí surgió su decisión de elegir a Castillo, un dirigente sindical docente y apolítico, para ocupar su lugar. La oposición controla el Congreso, donde el oficialismo tiene sólo 37 de los 130 legisladores. Si el Congreso rechaza dos veces al Gabinete, se deben convocar nuevas elecciones para elegir un nuevo Parlamento, algo que en principio no le conviene a la oposición. Es que con este Congreso, no es posible para Castillo avanzar hacia la reforma constitucional como su estrategia política central, y sólo una nueva elección parlamentaria podría darle la oportunidad de hacerlo. Por su parte, el oficialismo denuncia una conspiración de la oposición para promover un juicio político por falta de idoneidad contra el presidente.

A pocos meses de haber asumido el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, se ha precipitado una crisis política en el país por la alcaldía de Quito, la capital. El 3 de junio, el alcalde elegido en las urnas en 2019, Jorge Yunda, fue destituido por los dos tercios del Concejo Municipal. Tras la pertinente apelación y sentencia judicial del 20 de junio, asumió su segundo, Santiago Guarderas, quien estuvo en funciones hasta que el 30 del mismo mes, otro fallo judicial anuló la remoción de su predecesor. Desde entonces, se han producido fallos contradictorios de distintas instancias judiciales. Ahora, la Corte Constitucional debe pronunciarse acerca de qué Tribunal tiene potestad para definir el tema. Yunda llegó al poder con apenas el 20% de los votos y sin un proyecto político claro. Rápidamente, tuvieron lugar diversas denuncias de corrupción, incluidas la referente a la compra de medicamentos e insumos contra el Covid-19 que afectó fuertemente al país. Yunda lleva pulsera electrónica desde febrero como medida cautelar, mientras sostiene que se trata de una “persecución política”. El hecho es una manifestación más de la crisis política que afecta a la región, a sus partidos e instituciones. 

En conclusión: Lula ha advertido a la izquierda regional que está retornando al poder en varios países, que no abandone la vía democrática, pensando en la estabilidad regional, pero también en su propia campaña electoral; el diálogo entre oficialismo y oposición de Venezuela se ha puesto en marcha en México, con la participación de países extracontinentales y para acordar la transparencia de las legislativas de noviembre; antes de cumplir un mes en el gobierno, el nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, tiene un nivel de aprobación menor que sus cinco predecesores y vive ya una crisis política importante; por último, la capital ecuatoriana atraviesa una crisis política de gobierno entre el alcalde, acusado de corrupción, y su segundo, en la cual se cruzan denuncias y fallos judiciales contradictorios.