Por Rosendo Fraga.

La Argentina no vive una crisis como la de 1989 o la de 2001, pero va en esa dirección si no se reacciona a tiempo, para contener la incertidumbre económica y la tensa situación social. Revisando las dos que han tenido lugar, surgen cuatro situaciones en común: la suspensión del apoyo financiero externo, la renuncia del Presidente, el descontrol de los mercados y la crisis social. La primera, ahora, se materializa en la compleja relación con el Fondo Monetario Internacional. Si cesara la entrega de dólares por esta vía, ello podría actuar como un precipitante de la crisis; la renuncia anticipada del Presidente, ante los rumores y las desmentidas del propio oficialismo, aparece como posibilidad; la inflación que sufren los sectores populares en el precio de los alimentos, el valor del dólar informal que siguen los sectores de clase media baja y el riesgo país, que está constantemente en los medios y es punto de referencia para las clases medias, hacen llegar el descontrol de los mercados a toda la sociedad; y las tensiones sociales, con la amenaza de saqueos que provienen desde sectores del oficialismo, como es el caso de Juan Grabois, muestran el retorno de escenarios que caracterizaron las dos crisis anteriores. En cuanto al viaje de la ministra de Economía a Estados Unidos, podría servir por ahora para prorrogar el status quo. En lo que hace al plano político, no aparece a la vista la posibilidad de una recomposición de la unidad del oficialismo en términos de acción de gobierno, mucho menos algún tipo de acuerdo con la oposición para reconstruir credibilidad. Los mercados ven un gobierno asediado por el reclamo social por un lado y las presiones del campo por el otro, y las movilizaciones de los sindicatos y los movimientos sociales, que van en aumento, son indicadores de la creciente tensión social.

En el corto plazo, la clave política será la actitud que mantenga la Vicepresidenta. Alberto Fernández descarta romper con ella. A partir de esta premisa, no puede intentar encauzar la crisis política sin un acuerdo explícito de Cristina Kirchner. En lo inmediato, ella elude cualquier palabra de apoyo a la ministra de Economía, Silvina Batakis. Ya tres semanas atrás, los economistas que fueron sondeados para reemplazar a Martín Guzmán, plantearon que sin el respaldo abierto de la Vicepresidenta no era posible obtener credibilidad, y ello le está sucediendo a Batakis ahora. Pero un acuerdo explícito con la Vicepresidenta en realidad no asegura un respaldo de los mercados, dado sus antecedentes y sus señales en temas como el acuerdo con el Fondo Monetario. Cristina hizo pública, mediante una carta difundida por medios electrónicos, su cuestionamiento a la Suprema Corte, acusándola de ser un instrumento para sacarla del juego político. Figuras del kirchnerismo como el senador Oscar Parrilli, el jurista Eugenio Zaffaroni y el diputado Rodolfo Tahilade, dijeron que estaba en marcha una maniobra para proscribir la candidatura de Cristina Kirchner para 2023. Asimilaron la situación a la sufrida por Lula en Brasil. El tema judicial es un punto de unidad para el oficialismo. En este cuestionamiento coinciden el Presidente y la Vicepresidenta, la CGT, los movimientos sociales y los gobernadores oficialistas que apoyan el proyecto para ampliar la Corte a 25 miembros. La semana pasada, militantes de los movimientos sociales opositores y oficialistas manifestaron frente a la Corte, mostrando una coincidencia de la izquierda y el kirchnerismo en cuanto a la protesta social en la calle. Cabe señalar que los dos sectores de los movimientos sociales han sido acusados judicialmente de irregularidades en el manejo de los subsidios. Por su parte, Sergio Massa continúa con sus gestiones para ocupar la Jefatura de Gabinete y transformarse en el hombre clave del poder. Por ahora ni el Presidente ni la Vicepresidenta parecen decididos a aceptarlo.

En lo político crece la desarticulación y en lo social, la tensión y la protesta. El lunes 18 de julio, la ministra de Economía y el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, convocaron a los 24 gobernadores para mostrar el respaldo político a la gestión económica antes del viaje de Batakis a Estados Unidos. Concurrieron sólo 5. Fue un fracaso. Estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Su provincia está recibiendo el 99% de los fondos discrecionales que la Casa Rosada entrega a los mandatarios provinciales. Durante la semana, la ministra se entrevistó con otros 5, pero en dos tandas. Los gobernadores se reúnen a mediados de esta semana en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI, el mismo ámbito donde lo hacían en 2001 los meses previos al estallido de la crisis), para definir una actitud de conjunto frente a la situación. La CGT, por su parte, ha convocado una marcha de protesta para el 17 de agosto. En una situación tan fluida, los motivos serán definidos más cerca de la fecha. Pero el sector más combativo, representado por Pablo Moyano de Camioneros y Hugo Yasky de docentes, marchará el 26 de julio con motivo del 70° aniversario de la muerte de Eva Perón, desde una actitud de reclamo frente al Gobierno. Los movimientos sociales oficialistas están divididos políticamente, pero estarán en la calle con protestas durante la semana que se inicia, y otro tanto harán los opositores, organizado en el Bloque Piquetero, cuyo eje es el Partido Obrero (PO) de ideología trotskista. La declaración de los diputados oficialistas denunciando que está en marcha una gran operación de desestabilización del Gobierno, agrega más incertidumbre.

En cuanto a la oposición, sigue enfrascada en la lucha de candidaturas y evita compartir el costo político de acercarse al Gobierno, que parece encaminarse a una crisis. En realidad, no ha habido ninguna convocatoria formal del Gobierno a la oposición. Sí la hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero al día siguiente se desdijo. El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ha tomado distancia del gobierno nacional y junto al gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, ha manifestado que cualquier propuesta de diálogo de la Casa Rosada debe canalizarse a través del Congreso. A su vez, Patricia Bullrich ha rechazado cualquier posibilidad de diálogo y ha endurecido su discurso frente al oficialismo. Al mismo tiempo, Mauricio Macri se mantiene en silencio, pero da señales de precandidato, como la visita que realizó al Gran Buenos Aires. La situación es muy diferente a la que se vivió en marzo de este año, cuando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue aprobado en ambas Cámaras con tres cuartas partes de los votos: la casi totalidad de la oposición con más de la mitad del oficialismo, y quedando en franca minoría y aislado el kirchnerismo. Esa convergencia entre la Casa Rosada, la CGT, los gobernadores, la mayor parte de los bloques oficialistas en ambas Cámaras y los de Juntos por el Cambio, hoy parece lejana e inviable. Por su parte, Javier Milei parece reconstituirse tras sus desafortunadas declaraciones de semanas atrás. 

En conclusión: la Argentina no vive una crisis como las de 1989 y 2001, pero va en esa dirección si no se reacciona a tiempo; en el corto plazo, la actitud que asuma la Vicepresidenta es decisiva, sin la cual no hay posibilidad de unificar el oficialismo; en el plano político domina la desarticulación y en cambio, en el social, se está gestando una convergencia de sindicatos y movimientos sociales oficialistas y opositores dentro de los mismos; por último, la oposición sigue pendiente de sus candidaturas y elude los contactos con el oficialismo para no compartir el costo político que genera el deterioro de la situación económica y social.