Por Rosendo Fraga.

El control de la calle ha sido en la Argentina de las últimas décadas un factor de peso político y ahora parece volver a serlo. Por este término se entiende cuando disturbios violentos afectan el orden político, sin por eso necesariamente el institucional. La administración de Javier Milei había logrado durante quince meses mantener la situación bajo control, pese a llevar adelante al mismo tiempo el ajuste más grande de la historia, según palabras del propio presidente. En los meses pasados el movimiento estudiantil y los docentes se movilizaron, pero fue en forma pacífica. Los piqueteros, que otrora dominaban las calles, ahora se encuentran debilitados y de hecho desarticulados. La CGT, después de un par de paros generales con poca adhesión, se replegó. Los jubilados fueron el sector más castigado por el ajuste, pero históricamente han tenido muy poca capacidad de protesta y reacción. En el pasado, el símbolo de la caída de un gobierno por perder el control de la calle fue De la Rúa en diciembre de 2001. Por esta razón, lo que sucedió el 12 de marzo en las calles de Buenos Aires constituyó un desafío político de envergadura para el Gobierno de Milei. Los hechos fueron claros: se reprimió con eficacia -con un sólo herido de gravedad- a centenares de manifestantes que actuaban en forma violenta. Políticamente, el ataque al Congreso que tuvo lugar durante el gobierno de Macri, hace nueve años, cuando se trataba también un cambio en la fórmula jubilatoria, fue un ejemplo elocuente de lo que implica la “pérdida del control de la calle”. Después de lo sucedido, y de la liberación de ciento catorce detenidos por una jueza vinculada al kirchnerismo, la convocatoria a una nueva protesta el 19 de marzo adquiere significación política. Los opositores más duros a Milei sienten que por primera vez han ganado una batalla e intentarán repetirla. A su vez, el Gobierno percibe que no puede poner en riesgo el control de la calle sin afectar su gobernabilidad, y eso se dirimirá en las calles esta semana.

Mientras tanto, el Congreso es el ámbito político principal en el que se desarrolla el conflicto entre oficialismo y oposición. La designación de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como miembros de la Corte se ha transformado en una prueba de poder para el oficialismo. Son dos situaciones distintas, pero que convergen en el Senado. García-Mansilla debe reunir los senadores necesarios para que aprueben su designación y eso no parece fácil, dada la relación de fuerzas en la Cámara Alta. A su vez, Lijo se encuentra en una situación aún más difícil, sin acuerdo del Senado aunque con más miembros que lo apoyan. No parece fácil que la Casa Rosada logre imponerse. El intento de que el kirchnerismo en la Cámara Alta acepte dar los senadores necesarios para la convalidación de la designación de García-Mansilla, a cambio de dejar en suspenso el proyecto de “ficha limpia”, tampoco parece de fácil resolución. La fecha límite para la presentación de candidaturas a senadores y diputados a nivel nacional es el 17 de agosto. Es decir, queda mucho tiempo para negociaciones sobre el tema. Pero el clima político quizás hoy no lo permite. No parece claro el interés del Ejecutivo en ganar la “pulseada” por los miembros de la Corte. Es que ha quedado demostrado que un Tribunal integrado por Carlos Rosenkratz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no es un obstáculo a las decisiones del Gobierno. Así lo mostraron claramente cuando aprobaron la designación de García-Mancilla y cerraron el paso a la de Lijo. 

Pero el cronograma electoral ya ha empezado a desarrollarse con rapidez. El 13 de abril -el próximo mes- tendrá lugar la elección de constituyentes de Santa Fe. Las encuestas, en forma coincidente, muestran que ganaría la lista del actual gobernador, Maximiliano Pullaro, quien la encabeza. Lo que queda en discusión es si tendrá mayoría propia para alcanzar más de la mitad de los constituyentes y entonces no tener que negociar la reforma constitucional provincial. A su vez, para Karina Milei es su primera prueba electoral. Desechó cualquier alianza con Pullaro y optó por una estrategia propia. En el mejor de los casos, obtendría el segundo lugar. Es discutible si esto es un éxito o no para el gobierno nacional. Al mismo tiempo, avanza el cronograma en la Ciudad de Buenos Aires. La elección local tendrá lugar el 3 de mayo, pero el cierre de alianzas es el 19 de marzo. De no sellarse acuerdos, quedará un electorado dividido en tres: el peronismo, con una facción del radicalismo, será la expresión política más importante de la oposición; el oficialismo local, representado por el PRO (que ha gobernado el distrito desde 2007), que busca ampliar sus alianzas; y La Libertad Avanza, que haría su elección más importante hasta ahora en el distrito. Es claro que los electorados del PRO y La Libertad Avanza se superponen. No hay al momento tendencias definidas entre esta puja en tercios.

También se ha conocido el cronograma electoral nacional que define la elección de diputados y senadores nacionales. La elección será el 26 de octubre. Es decir, dentro de siete meses. Es un tiempo largo en términos electorales y muchas cosas pueden pasar. El cronograma electoral nacional comienza el 19 de abril, con el cierre del padrón provisorio y la fecha límite para la inclusión de novedades registrales (190 días antes de la elección). Diez días después, el 29 de abril, se publica el padrón provisorio. Políticamente, es relevante el 7 de agosto, que es el fin del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas. Ello definirá por un lado la asociación de las distintas fuerzas y por el otro el grado de amplitud de las mismas. Diez días después, el 17, vence el plazo para la registración de candidatos. El 27 de agosto culmina el plazo para la conformación de listas de candidatos e inicio de la campaña electoral (60 días antes de la elección). Cabe señalar que la suspensión de las PASO nacionales da a este momento mayor gravitación política que en los últimos años. El 17 de septiembre se designan autoridades de mesa, el 1 de octubre se difunden los lugares y mesas de votación y el 24 de octubre termina la campaña electoral (dos días antes de la elección). Pero hay dos provincias que eligen gobernador: Santiago del Estero (el mismo día de la elección nacional) y Corrientes (que todavía debe definir). En cuanto al resto de las provincias, hasta ahora se estableció un cronograma de elecciones adelantadas que va de abril a junio. Se trata de Río Negro (27 de abril), Salta, Jujuy, Chaco y San Luis (11 de mayo), Ciudad de Buenos Aires (18 de mayo), Misiones (8 de junio) y Santa Fe (29 de junio). En lo que hace a la política exterior, el presidente ha suspendido el viaje que iba a realizar a España el 17 de marzo. Lo ha hecho por cierta hostilidad que se percibe por parte de la socialdemocracia europea por el problema de las criptomonedas. Pero mantiene el viaje que realizará el 23 de marzo a Israel. 

En conclusión: el 19 de marzo el Gobierno vuelve a enfrentar el desafío de mantener el control de la calle, dado que los sectores opositores más radicalizados consideran un éxito la combinación de jubilados y barras bravas; la situación creada por la designación de Lijo y García-Mansilla como nuevos miembros de la Corte, se ha transformado en un problema político-institucional difícil de resolver para el oficialismo; paralelamente, avanza el proceso electoral con la elección de constituyentes de Santa Fe y el cierre de alianzas en la Ciudad de Buenos Aires, que definirá la relación final entre el PRO y La Libertad Avanza; por último, el cronograma electoral nacional muestra que faltan siete meses para el comicio: se trata de un plazo muy largo en política, durante el cual muchas cosas pueden pasar.