Por Rosendo Fraga.

El impacto del conflicto de las criptomonedas explica exactamente lo que es un imponderable en un escenario político. Son situaciones imposibles de prever y de anticipar su surgimiento, y eso ha sucedido ahora en Argentina. El presidente Javier Milei no entendió de qué se trataba la operación de la que estaba participando. Tampoco tuvo una visión cronológica de la política, al producir este hecho pocos días antes de emprender su octavo viaje a Estados Unidos. El episodio que se ha generado posiblemente sea el más grave que políticamente el presidente ha tenido que enfrentar desde que asumiera el 10 de diciembre de 2023. Se trata de una crisis en desarrollo cuyo final surge como imprevisible. En consecuencia, anticipar cuánto de ello se reflejará en las encuestas de imagen presidencial hoy no resulta posible. Hasta ahora, el oficialismo se ha limitado a disponer que el caso pase a la Oficina Anticorrupción, un organismo del Ejecutivo que nunca produjo ningún dictamen adverso al presidente de turno durante los sucesivos gobiernos. El episodio tiene implicancias externas, fuera del dominio argentino. Ya hay centenares de casos judiciales abiertos en los Estados Unidos contra el presidente Milei por supuesta estafa, y el riesgo es cómo puede potenciarse esta situación con su presencia en Estados Unidos el próximo jueves 20 de febrero. Al comenzar la semana el Gobierno aparece sin una estrategia definida para enfrentar el problema. 

En cuanto al viaje a los Estados Unidos, ya era de por sí una instancia difícil. En primer lugar, porque el presidente Donald Trump se negó a dar excepciones a la Argentina en el aumento de las tarifas aduaneras globales del 25% que realizó al acero y el aluminio. La Argentina lo solicitó, pero le fue denegado. El argumento fue contundente: las excepciones no la da la administración Trump, y mucho menos a países que tengan superávit comercial con los Estados Unidos. Después de China y México, Argentina es el país con mayor superávit con Washington en términos porcentuales. En segundo término, Milei buscará -ante el fracaso en obtener financiamiento privado de la banca internacional- apoyo político de Trump ante el Fondo Monetario Internacional para que el país reciba “fondos frescos”, es decir, dinero que pueda usar. La resistencia de la burocracia del FMI es lógica: Argentina sigue siendo el deudor más importante del Fondo y sin perspectiva de devolver los créditos por ahora. El organismo tiene la convicción de que sin devaluar, la situación del país empeorará en el campo financiero internacional. Trump tiene el poder suficiente para lograr algún gesto financiero, pero no para satisfacer el monto solicitado por Argentina. A ello se agregan las dificultades del presidente argentino para lograr un encuentro con su colega estadounidense el 20 de febrero. Milei tiene un rol asegurado en la importancia del lugar asignado para dar su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se reunirá ese día en Estados Unidos, pero no ha logrado la deseada entrevista con Trump y se negocia transformarla en un encuentro en un pasillo o a lo sumo en un breve saludo en una habitación contigua a la Conferencia.

Mientras tanto, en el ámbito interno, la prioridad sigue estando en el Congreso, donde todavía es difícil anticipar o prever cómo repercutirán en él los acontecimientos recientes. El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados ya ha hecho público el pedido de juicio político al presidente. De acuerdo a la Constitución, una acusación de este tipo debe ser analizada primero por la Comisión de Juicio Político de dicha Cámara -en este caso presidida por la diputada Marcela Pagano, enfrentada con la conducción del bloque oficialista y la Cámara-, donde el oficialismo nacional tendría cierto margen de maniobra en virtud de su “alianza fáctica” con el PRO. Para que pueda aprobarse la acusación en el plenario, hacen falta los diputados del quórum simple, ciento veintinueve. Parece difícil que la oposición pueda llegar a este número. Se optaría entonces por crear una comisión investigadora, cuyo informe sería elevado a la Cámara. No será un proceso fácil para el Ejecutivo. Si la oposición lograra los ciento veintinueve votos necesarios para aprobar el juicio político, entonces pasaría al Senado, donde para destituir al presidente hacen falta dos tercios de los miembros de la Cámara. Hoy resulta improbable que ello pueda tener lugar, pero la Casa Rosada enfrentará un escenario político de desgaste al tratarse las instancias iniciales. Todo este proceso da roles relevantes al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la vicepresidente Victoria Villarruel, quien preside la Cámara Alta.

En este contexto, no está claro qué proyectos podrá tratar y eventualmente sancionar el Congreso. La Casa Rosada tuvo una semana muy exitosa en la Cámara de Diputados: logró la sanción de la suspensión de las PASO nacionales para este año y la media sanción de la llamada “ficha limpia” que podría impedir que la ex presidente Cristina Kirchner se presente como candidata este año. También pudo aprobar el proyecto de “ley anti-mafia” que endurece la legislación para reprimirla con más eficacia. El Gobierno pretendía la aprobación definitiva de estos proyectos en el Senado y hoy ello es incierto. En caso de que se apruebe alguno de ellos, los senadores están esperando para generar una nueva instancia de negociación que le den un rol en ella. Pero también ha entrado en duda la designación del juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte. Para designar un miembro del Máximo Tribunal hacen falta dos tercios de los senadores presentes. El oficialismo ha conseguido la aprobación de la nominación de Lijo en la comisión respectiva. Hoy la designación no parece fácil y el kirchnerismo, cuyo concurso no sólo es necesario sino imprescindible para hacerlo, no parece dispuesto a darlo. Las negociaciones encubiertas que se realizan entre oficialismo y oposición respecto a este tema estarían interrumpidas. En cuanto al tratamiento del otro candidato, Manuel García-Mansilla, está en una situación incierta y más difícil. La discutida opción de nombrarlo por decreto ya se torna inviable el 1° de marzo, al iniciarse las sesiones ordinarias del Congreso.

En conclusión: el episodio de las criptomonedas es el conflicto político más importante que ha tenido que asumir Milei desde que llegó al poder el 10 de diciembre de 2023; el viaje a EEUU que realizará esta semana no presenta perspectivas favorables en cuanto a obtener resultados de Trump, y respecto al FMI Argentina sólo recibiría un gesto; la situación del Congreso, donde el Ejecutivo había tenido mucho éxito la semana pasada, se ha tornado incierta con el caso de las criptomonedas y hoy no es claro qué sucederá en él; por último, si bien el oficialismo no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras, estaría en condiciones de impedir un pedido de juicio político en Diputados, aunque optaría por abrir una comisión investigadora.