Por Rosendo Fraga.

La sanción por parte del Congreso del cambio para la actualización jubilatoria ha derivado, como era previsible, en una crisis política. La Cámara de Diputados, semanas atrás la había aprobado por ciento sesenta votos a favor y setenta y dos en contra y ocho abstenciones. Quienes votaron favorablemente pertenecieron a los bloques de la UCR y Hacemos Coalición Federal, liderado por el diputado Miguel Ángel Pichetto. Quienes lo hicieron en contra fueron los pertenecientes a La Libertad Avanza y la mayoría de los del PRO. Semanas después, el Senado trató el  mismo proyecto para darle o no sanción definitiva. Durante esos días el Gobierno intentó, sin éxito, algún tipo de acuerdo para postergar el tratamiento o cambiar el voto de algunos legisladores. En esta Cámara la ratificación fue abrumadora: sesenta legisladores votaron a favor y sólo nueve en contra. Se ratificó así la mayoría evidenciada en Diputados, que muestra una oposición integrada por el PJ K, la UCR y el bloque que lidera Pichetto. Pero en el Senado votaron a favor del proyecto la mayoría de los senadores del PRO, limitando el voto negativo al bloque de La Libertad Avanza y un par de senadores más. Pero el problema central es que en ambas Cámaras el proyecto fue aprobado por más de dos tercios de los legisladores. El presidente Milei ha ratificado que vetará el proyecto, como ya había adelantado en varias oportunidades. De repetirse esta votación el veto sería rechazado, generando para el Gobierno la derrota política más grave desde el 10 de diciembre.

Pero el problema más relevante es que la mayoría calificada para anular el veto es la misma requerida para avanzar y resolver el juicio político. Para presentarlo se requiere mayoría simple en la Cámara de Diputados, tras el dictamen acusatorio que también requiere mayoría simple. Pero en el Senado, que es la Cámara q ue juzga, la resolución requiere la mayoría de dos tercios de los presentes, algo que holgadamente se dio en la Cámara Alta el pasado 21 de agosto. Hasta ahora el presidente Milei ha demorado el veto e insiste en que este será total. Pero si toma este camino, la probabilidad de que el veto sea rechazado aumenta significativamente. La otra alternativa sería un veto parcial, lo que ampliaría el margen de negociación con los sectores de la oposición para dejar firme el veto. Aunque el presidente lo haya negado, dentro de su equipo se analiza la posibilidad del veto parcial. Uno u otro camino crean una situación política diferente. El veto parcial mostraría que la posibilidad de negociar políticamente está abierta; el veto total confirmaría que la política argentina se encamina a profundizar la confrontación. Pero lo más grave es que un rechazo del veto en las dos Cámaras plantea que políticamente el juicio político pasa a ser posible. Es un cuadro en el cual la gobernabilidad se hace más difícil y la institucionalidad se complica. Cabe la posibilidad de que el tema se termine judicializando si es que el Congreso y el Ejecutivo tienen interpretaciones contrarias respecto al veto parcial.

En el oficialismo el tema central es sin duda la relación entre el presidente Javier Milei y el ex presidente Mauricio Macri, mientras se mantiene vigente el conflicto entre el presidente y su vice. Macri se muestra contradictorio, rechazando su partido en la Cámara de Diputados el DNU que establece un incremento de cien mil millones de pesos para los fondos reservados de la SIDE. Esto es considerado por la Casa Rosada una defección grave, a la cual acusa de producir el fracaso en la aprobación del DNU, que ahora deberá tratarse en el Senado, donde es previsible la confirmación del rechazo. Macri intenta establecer una alianza formal con Milei que se traduzca ahora en el armado de un interbloque en el Congreso que aumente la gobernabilidad y la entrada de figuras de su entorno en el Gabinete nacional para converger en una alianza electoral en octubre del año que viene. Esta alternativa es rechazada por el entorno de Milei, donde se destacan su hermana Karina y su asesor Santiago Caputo. A ello se sumó la derrota oficialista en la conformación de la Comisión Bicameral que supervisa los servicios de inteligencia, que quedó a cargo de la oposición “más rancia”: Martín Lousteau, representante del ala radical más próxima a los K, como presidente; Leopoldo Moreau, uno de los kirchneristas más radicalizados, como vicepresidente; y Oscar Parrilli, como secretario. En cuanto a la vicepresidente, ratificó su política de diferenciación respecto a Javier Milei el viernes 23 de agosto, cuando presidió en Jujuy el desfile militar en el acto por el aniversario del Éxodo Jujeño. Al mismo tiempo el presidente, desde la Bolsa de Comercio de Rosario, intentaba mejorar su tensa relación con los sectores del campo. El conflicto generado por la visita a militares condenados por violaciones a los derechos humanos de los setenta por parte de seis diputados libertarios, profundiza el conflicto. Mientras una diputada libertaria próxima al presidente, como Lilia Lemoine, acusaba a Victoria Villarruel de haber estado detrás de la visita, y varios de los visitantes acusaban de lo mismo a Patricia Bullrich, Milei manifestó que el tema no estaba en su agenda y que debía investigarse.

A su vez, en la oposición se evidencia una mayor articulación en el Congreso, aunque ésta no sea muy firme ni tenga liderazgos relevantes. El PJ K mantiene una mayoría sólida hasta ahora en las dos Cámaras. Pero los gobernadores se muestran divididos y la interna se agudiza en la provincia de Buenos Aires, con divergencias entre el gobernador Áxel Kicillof, Máximo Kirchner y los intendentes del Conurbano, que fluctúan entre una estrategia de unidad y la temprana división por las candidaturas de octubre del año próximo. El radicalismo, que votó homogéneamente el cambio jubilatorio, se encuentra dividido en otros temas. El oficialismo se ve obligado a negociar caso por caso el voto de cada proyecto en el Congreso. En cuanto al PRO, muestra una división entre los legisladores que responden a Macri, que son los más, y los que orienta Patricia Bullrich, que son los menos, como lo mostró la votación en Diputados respecto al DNU que aumenta los fondos de la SIDE. La Libertad Avanza ha empezado a tener divisiones y la conducción nacional se encamina a expulsar a un senador nacional (Paoltroni) y tres diputadas (Pagano, Arrieta y Bonacci). El complejo bloque que preside Pichetto, integrado por dieciséis legisladores de diversa procedencia, se mantiene hasta ahora unido. En cuanto a la votación respecto a la candidatura del juez Ariel Lijo para cubrir una de las vacantes de la Corte, el oficialismo tuvo mayoría por un voto en la Comisión de Acuerdos que debe dar el dictámen por mayoría simple, para que el plenario trate la candidatura, que requiere dos tercios de los senadores presentes. En dicha Comisión se puso en evidencia una coalición del PJ K, el radicalismo y La Libertad Avanza, por la cual el dictámen se aprobó por un voto de diferencia. A su vez, el PJ K exige para seguir adelante con la negociación que se plantee el proyecto para aumentar los miembros de la Corte.

En conclusión: la ratificación de la actualización jubilatoria que ha tenido lugar con el voto de ambas Cámaras por mayorías superiores a los dos tercios, es la derrota política más importante del Gobierno desde el 10 de diciembre; ello se da tras otras dos derrotas: el rechazo al DNU que aumenta los fondos de las SIDE y la designación de las autoridades de la Comisión Bicameral que controla los servicios de inteligencia; en el oficialismo, la compleja relación entre Milei y Macri es el tema central, con el ex presidente fluctuando entre la confrontación y el acuerdo, y el presidente tratando de evitar compromisos formales; por último, la oposición ha logrado cierto grado de articulación que le permitió derrotar al Gobierno en estas tres derrotas parlamentarias, pero la articulación es frágil y no hay un liderazgo unificado.