Por Rosendo Fraga.

Como parece estar sucediendo en Venezuela, las Fuerzas Armadas en Occidente se están transformando en árbitros de las crisis políticas. La venezolana va confirmando el rol decisivo del factor militar en la definición de las crisis político-institucionales. Mientras Maduro mantenga el apoyo militar y policial, es muy difícil que pierda el poder. Como antecedente, cinco años atrás, Juan Guaidó fracasó en ello pese a contar con un apoyo internacional más fuerte que el que hoy tiene Corina Machado y su candidato, Edmundo González Urrutia. Como caso particular, las Fuerzas Armadas venezolanas desde 2002 han sido adoctrinadas con el modelo cubano de lealtad al partido antes que al Estado. Es el mismo camino que ha tomado Daniel Ortega en Nicaragua. Se trata de un sistema que a través de la contrainteligencia, previene la defección antes de que se produzca. Se sancionan con energía estos indicios, como lecturas, películas, etc. Prisión, torturas y persecución de la familia es el sistema represivo que aplica el régimen sobre los militares, centenares de los cuales, en las jerarquías subalternas han sufrido este tratamiento. Esto hace que los militares desafectos al régimen deserten, abandonen las filas y marchen hacia el exilio, pero no se sublevan. El intento de la oposición y la Administración Biden de promover una negociación con los mandos militares venezolanos hasta ahora tiene una perspectiva incierta. Pero es claro que los militares tendrán un rol protagónico en la resolución de la crisis, ya sea a favor o en contra de Maduro.

Sin duda, el caso más relevante es Estados Unidos, por tratarse de la democracia contemporánea más antigua, que en 2026 cumplirá dos siglos y medio. Trump venía anticipando su intención de desconocer los resultados si no ganaba, alegando fraude tanto en el voto por correo como en los sistemas informáticos, y así lo hizo. La toma del Capitolio por sus partidarios ya había sido adelantada públicamente por Steve Bannon, un agitador de la ultraderecha tanto en Estados Unidos como en Europa y América Latina. Fue notable la inacción de los militantes y dirigentes del partido demócrata, que no atinaron a movilizarse en las calles. Pese a las manifestaciones públicas previas, la rudeza de la ocupación del Congreso puso en riesgo la vida de los legisladores -fueron muertos varios policías que custodiaban el edificio-. Las formas de la operación mostraban la “contracultura” que subyace en la ultraderecha estadounidense. El plan de Trump se desmoronó cuando los ocho jefes de las Fuerzas Armadas, encabezados por el general Milley, emitieron un documento público afirmando que iban a defender la constitución. Un mensaje claro que implicaba no respaldar el desconocimiento del resultado electoral. Junto a la de Milley estaban las firmas de los jefes del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina y la Fuerza Aeroespacial, y también los de las Reservas y la Guardia Nacional. Un hecho sin precedentes en la historia institucional estadounidense. Trump ha dicho que de llegar al poder, enjuiciará a Milley por traición a la patria. Sostiene que el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto, cuando la crisis se desarrollaba, se comunicó por iniciativa propia y sin conocimiento del presidente, con su par chino para asegurarse que la crisis no tenía relación con la seguridad internacional. 

En el caso brasileño, que tuvo lugar exactamente un año después del estadounidense, se repitió este formato. El propio Steve Bannon había convocado a través de redes sociales desde Europa a tomar el Congreso si Bolsonaro perdía la elección, porque ello iba a ser mediante fraude. Partidarios del entonces presidente de Brasil reforzaron y extendieron esta posibilidad, usando sobre todo las redes sociales. Ya el día de la elección, a fines de octubre, hubo un sondeo a los jefes militares para ver si iban a apoyar el desconocimiento de la elección, que se había definido por menos de dos puntos de diferencia a favor de Lula. La respuesta fue negativa, pero no homogénea. A diferencia de lo que sucedió con Trump, los partidarios de Bolsonaro ocuparon las sedes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en Brasilia, la capital del país. Llamativamente, lo hicieron a la semana de la asunción del poder del ex presidente del PT. Los civiles partidarios de Bolsonaro que protagonizaron el hecho lo hicieron asumiendo la premisa de que las Fuerzas Armadas iban a apoyar, aunque más no fuera pasivamente, este intento de golpe similar al que había fracasado en Estados Unidos. Los mandos militares deliberaron y decidieron no respaldar el intento sedicioso. Argumentaron también -como lo habían hecho a fin de octubre- que iban a respetar la constitución, siguiendo el modelo estadounidense aunque con menos énfasis. Cabe señalar que Estados Unidos y Brasil son los dos primeros electorados de Occidente por cantidad de votantes. La paradoja es que casi cuatro años después, Trump es candidato y tiene posibilidades de ganar, mientras que la fuerza que lidera Bolsonaro también puede hacerlo en la próxima elección presidencial.

En América Latina también se están dando casos en los cuales las Fuerzas Armadas terminan siendo árbitros de la resolución de las crisis político-institucionales que ponen en riesgo la estabilidad constitucional. En el caso de Bolivia, el resultado electoral que formalmente favorecía a Evo Morales fue cuestionado en cuanto a su transparencia por la oposición. La denuncia tuvo el apoyo de la OEA y de países occidentales. El presidente Evo Morales había sido reelecto una vez más, proyectando un gobierno populista con nexos con Rusia e Irán, adverso a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Las movilizaciones contra el resultado se extendieron, lideradas por los jefes políticos de Santa Cruz de la Sierra, hasta el punto en que la policía se negó a reprimir. El mismo personal subalterno de la custodia presidencial se retiró del lugar. En esta situación crítica, Morales convocó a los Jefes de las Fuerzas Armadas, encabezados por el titular del Ejército, el general Kandelán, indagando si estaban dispuestos a defender el gobierno. Le aconsejaron renunciar. El episodio dejó una situación inestable que se ha manifestado en los años siguientes, con una fuerte división en el oficialismo, que ganó una nueva elección que fue convocada. Los jefes militares que decidieron no reprimir fueron después encarcelados y parte de la nueva cúpula militar que designó el presidente Luis Arce intentó un golpe de estado en junio de 2024. En el caso de Perú, el 7 de diciembre de 2022 tuvo lugar un autogolpe del presidente de izquierda Pedro Castillo. Fracasó en menos de dos horas porque los mandos de las Fuerzas Armadas, sin ninguna defección, rechazaron la decisión del presidente, dando sustento a la decisión de los poderes Legislativo y Judicial de rechazar su cierre. Se sucedieron meses de alta inestabilidad política. Los partidarios de Castillo -que quedó detenido- tomaron las calles, generando hechos violentos. La represión policial llegó a producir sesenta muertos, sin intervención directa de las Fuerzas Armadas. Emergió de la crisis como presidente Dina Boluarte, quien ha logrado mantenerse en un marco de fuerte inestabilidad. Con estos antecedentes puede conjeturarse que las Fuerzas Armadas seguirán teniendo, como ha sido hasta ahora, un rol decisivo en la resolución de la crisis política venezolana. 

En conclusión: en Occidente se evidencia un rol creciente de los militares como factor de decisión en las crisis político-institucionales; ello ha pasado en los dos electorados más grandes de Occidente, EEUU y Brasil, donde decidieron respaldar el sistema constitucional frente a las amenazas que implicó el desconocimiento del resultado electoral; en América Latina, tanto Bolivia como Perú muestran casos de destitución de presidentes; en el caso boliviano por la convocatoria a los militares a la represión, y en el de Perú por un autogolpe; por último, con estos antecedentes, y más allá de sus diferencias ideológicas, la crisis venezolana está confirmando el rol militar en su definición, el que hasta ahora ha jugado a favor de la permanencia de Maduro en el poder.