Por Rosendo Fraga.

La crisis que ha generado la denuncia contra Alberto Fernández por maltrato y golpes a su ex pareja ha desatado una crisis que tiene efectos institucionales, políticos, partidarios e ideológicos. Se trata de un ex presidente electo con el 49% de los votos y eso lo hace un tema institucional sin precedentes en la historia argentina. El hecho no solamente ha tenido impacto en la Argentina, sino que también el periodismo en el mundo occidental se ha ocupado, pese a una agenda internacional intensa, integrada por el cambio de tendencia en la elección estadounidense, la ofensiva ucraniana en Kursk, la que realiza Israel en múltiples frentes y el conflicto de la ultraderecha británica, entre otras cuestiones. En lo político, el impacto es más grande y en alguna medida ratifica la idea de Milei de la existencia de una “casta política” con privilegios, aunque el caso de Fernández no puede generalizarse a toda la clase política ni mucho menos. Hechos recientes, como la condena al ex gobernador de Tucumán, José Alperovich (un radical que por conveniencia se hizo peronista), y la acusación por acoso sexual contra el intendente de La Matanza -el municipio más poblado del país-, Fernando Espinoza, vienen afectando desde hace meses la imagen de los políticos. Pero este daño se especifica más en el peronismo, y en particular en el kirchnerismo, que ha sido dominante en la política argentina durante los últimos veinte años. Afecta en especial a una fuerza que ha hecho de las políticas de género una de sus banderas principales. En lo ideológico, el hecho daña a la causa verde o feminista, que representa a los sectores que luchan por la erradicación del “patriarcado” y chocan con la ideología asumida por los libertarios, en contra de estas políticas y valores. 

Pero la política interna aparece como un campo difícil y complejo para el Gobierno y ello se acentúa en el Congreso. La Administración Milei acaba de cumplir ocho meses en el poder y ha logrado la aprobación de una sola ley, aunque relevante (Bases). El 15 de septiembre -casi dentro de un mes- deberá presentar el proyecto de presupuesto que lo obligará a concentrar todas sus energías en el Congreso, pero también existe incapacidad de gestión. La Ley Bases fue sancionada más de cuarenta días atrás y todavía está pendiente la reglamentación de más de la mitad de sus capítulos. Reglamentar una ley es una acción simple, porque se trata sólo de un decreto, potestad total del Ejecutivo. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, está a cargo de esta tarea. Ha comenzado por los capítulos referentes al RIGI, la obra pública y el ámbito laboral, pero los restantes están pendientes, y en consecuencia la agenda de reformas se demora. En Diputados la oposición, incluida una parte del radicalismo, ha obtenido el dictamen de Comisión que le permite tratar en el plenario de la Cámara el proyecto de cambio en la fórmula de ajuste jubilatorio. En la Comisión Bicameral que debe convalidar los DNU se encuentra frenado el decreto que otorga cien mil millones de pesos a los gastos reservados del servicio de inteligencia (SIDE). En este ámbito, el bloque de la oposición dialoguista que lidera Miguel Ángel Pichetto, coincide con la oposición. En la Cámara Alta, el 21 y 28 de agosto está previsto el tratamiento en Comisión de las propuestas del Ejecutivo para cubrir dos vacantes de la Suprema Corte. La aprobación se ha tornado incierta. Por un lado, hay legisladores del oficialismo que no votarán a favor. Dentro del peronismo K -cuyo voto favorable es imprescindible porque se requieren dos tercios de los senadores presentes-, plantean ahora que debe incorporarse una mujer, avanzar en el proyecto de ampliación de la cantidad de miembros de la Corte y negociar el nombre del Procurador General de la Nación.

Los conflictos políticos dentro del Gobierno constituyen otro frente, cuya evolución es incierta. La hermana del presidente y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, sigue sumando áreas de poder. La Secretaría de Cultura, hoy bajo el ámbito del Ministerio de Capital Humano, pasaría a depender de esta funcionaria. Ello implicará que pasará a controlar directamente el llamado “relato libertario”, que incluye la reinterpretación de la Historia y la “batalla cultural” para confrontar con las políticas de género. El otro funcionario que acumula poder es el asesor informal del presidente, Santiago Caputo, que se consolida en el control de los servicios de inteligencia y amplía su poder a diversas áreas, como es el control de YPF. En los últimos días han surgido roces entre ambos. En el Gabinete existe incertidumbre porque nadie puede descartar, salvo los dos mencionados, un cambio sorpresivo. Pero el conflicto político central sigue siendo el que afecta a la relación entre el presidente y la vicepresidente. Ella mantiene una posición independiente que se pone en evidencia en diversas actitudes y manifestaciones. La visita que tuvo lugar el jueves 8 de agosto del embajador estadounidense Mark Stanley a Villarruel, no cayó bien en la Casa Rosada, porque refuerza su protagonismo. A su vez, la vicepresidente mantiene una posición crítica a la convalidación de la candidatura del juez Ariel Lijo para la Corte. El conflicto interno que afecta al bloque de Diputados de La Libertad avanza por la visita de seis de ellos a militares condenados por violaciones a los derechos humanos en los años setenta no se ha superado, y no sólo afecta al bloque libertario, sino también al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. 

Mientras tanto, el frente social muestra tensiones pero sin que afecten el predominio del oficialismo, y la política exterior como ámbito de desarrollo personal del presidente encontró ciertos límites. El sindicato aceitero continúa con un paro con epicentro en Rosario que viene afectando desde hace semanas la exportación de cereales, un tema clave para que el Gobierno logre más reservas. Esta semana tendrá lugar un paro universitario. El salario mínimo de sus docentes ha quedado por debajo del nivel de pobreza. Los contactos de Santiago Caputo con el sector del radicalismo que encabeza Enrique Nosiglia no han sido suficientes para impedirlo. Pero hasta ahora son sólo manifestaciones aisladas, sin posibilidad de extenderse más allá de ellas. Cabe agregar que el diario Clarín publicó el fin de semana el balance de siete encuestas que sigue mostrando que Milei y su proyecto mantienen el apoyo de aproximadamente la mitad de la opinión pública, y que si la elección del año próximo fuera hoy, ganaría ampliamente como primera minoría. En política exterior, la negativa del presidente chileno, Gabriel Boric, a recibirlo, es un golpe para Milei, pero que se explica en el marcado aislamiento que ha tenido frente a los presidentes de Brasil, México, Colombia y en menor medida el chileno. En la oposición al régimen venezolano ha perdido protagonismo, en momentos en que Maduro ratifica que seguirá en el poder y el gobierno estadounidense se muestra proclive a encontrar una salida negociada. Pero el problema central para el presidente argentino es que al disminuir la posibilidad de triunfo de Trump, su proyección internacional disminuye, dado el firme alineamiento que tiene con el candidato republicano.

En conclusión: el escándalo que afecta al ex presidente Alberto Fernández tiene consecuencias en lo institucional, político, partidario e ideológico, y el Gobierno se ve beneficiado por esta situación; en lo político, el oficialismo sigue enfrentando una situación difícil y compleja, teniendo por delante la posibilidad de derrotas en el Senado y en la Comisión Bicameral que debe convalidar los DNU; las luchas y problemas internos dentro del oficialismo se profundizan al iniciarse el noveno mes de gobierno y se dan en el Congreso y en el control del poder dentro del Gobierno; por último, hay conflictos sociales relevantes pero que no se generalizan o amplían, mientras que en la política regional Milei comienza a sufrir las consecuencias de su aislamiento.