Por Rosendo Fraga.

La crisis de Haití, si bien es un caso extremo, muestra lo que implica un estado fallido en el cual las bandas criminales ya buscan directamente derrocar al gobierno. Es un país en el cual la población afro es casi el total y tiene una historia compleja. Fue el primero en independizarse de Europa en América Latina. Era colonia francesa y las guerras napoleónicas crearon una situación en la cual las unidades organizadas con la población afro local terminaron independizando a la colonia de su metrópoli. Desde entonces no ha logrado estabilizarse. En el siglo XIX sufrió diversas intervenciones francesas para cobrar reparaciones económicas, siempre con fuerte inestabilidad política interna. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ocupó el país durante dos décadas. Después tuvo lugar la prolongada dictadura de Duvalier. En lo que va del siglo XXI, la crisis y el desorden que crearon hambrunas generalizadas llevaron a una intervención internacional en el marco de la ONU, con una misión militar latinoamericana -denominada “Minustah”- que permaneció casi una década y media, de 2004 a 2017. Al retirarse ésta, la crisis de seguridad se agudizó. Tiene una población de once millones y medio de habitantes y una de las posiciones más bajas en el Índice de Desarrollo Humano (163°). Al desorden político y de seguridad y al alto nivel de pobreza se suman catástrofes climáticas y terremotos que agudizan la situación. 

El presidente Jovenel Moïse, que accedió al poder en 2017, fue asesinado por sicarios colombianos en 7 de julio de 2021, sin haberse aclarado todavía la autoría intelectual del hecho. Fue el tercer magnicidio en la historia del país. Desde entonces, la inestabilidad ha ido en aumento. Haití tiene algo más de seis mil policías. Para su población es una cantidad totalmente insuficiente. Los grupos armados ajenos al Estado se fueron desarrollando durante la dictadura de Duvalier y estaban bajo su control. Pero cuando él y su hijo, que lo sucedió, quedaron fuera del poder, dejaron de estar bajo control estatal. A principios del siglo, las “Quimeras”, partidarios armados del entonces presidente Jean Bertrand Aristide, sembraron el terror. En una evaluación que realizó la ONU, presentada en septiembre de 2023, se estimó que pese a las sanciones aplicadas contra los líderes de las bandas de crimen organizado, su vinculación con actores financieros y actores políticos tiene carácter sistémico. Indicó además que en Haití operan doscientas pandillas que usan armas sofisticadas y se dedican al tráfico de armas y drogas, extorsión, secuestros, asesinatos, violencia sexual y desvío de camiones. Reclutan ex soldados y policías y utilizan drones para identificar potenciales víctimas de secuestros o controlar el territorio. 

Aproximadamente veintitrés bandas operan en la capital, Puerto Príncipe, y controlan el 80% de su territorio. Están agrupadas en dos coaliciones principales, involucradas en guerras territoriales: la Familia G9, liderada por Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, y el G-Pép. Los delincuentes atacaron dos cárceles y liberaron a casi cuatro mil reclusos, en una demostración de poder importante. También intentaron incendiar el Ministerio del Interior, sin lograrlo, y lo mismo sucedió con el Palacio Presidencial. La ola de violencia actual se inició el 28 de febrero, cuando se informó que el actual primer ministro, Ariel Henry, se había comprometido a realizar elecciones antes de fines de agosto de 2025. “Barbecue” es el líder más importante de las bandas que actúan en la capital del país. Se trata de un ex policía que en los últimos días ha asumido un sesgo más político. Públicamente ha exigido la renuncia del primer ministro, amenazando con desatar una guerra civil si no lo hace. Ha exigido la caída del gobierno y el castigo a los políticos corruptos. Henry hace semanas que se encuentra fuera de Haití. Imposibilitado de llegar por vía aérea a su país, intentó hacerlo vía Santo Domingo, país que comparte frontera en la misma isla con Haití. Pero fue rechazado por el gobierno de este país, que no quiere involucrarse en la crisis haitiana. Se ha trasladado a Puerto Rico, donde se encuentra sin que pueda precisarse su domicilio. El Secretario de Estado, Antony Blinken, mantuvo una conversación telefónica con él. El Departamento de Estado dijo que “Blinken expresó su apoyo a una propuesta desarrollada en asociación con la Comunidad del Caribe (Caricom) y las partes interesadas haitianas, para acelerar una transición política mediante la creación de un colegio presidencial independiente y de base amplia”.

El futuro de Haití es incierto y las fuerzas de paz que va a liderar Kenia se van demorando en cuanto a su organización e implementación. Los países latinoamericanos, tras la experiencia de la Minustah, que estuvo integrada principalmente por Brasil, Argentina y Chile, no quieren reiterar su participación. Pareciera que la región considerara a Haití como ajena a la misma y con una entidad étnica más parecida a la de África. En este contexto, Kenia decidió hacerse cargo de la misión. Pero diversas causas, entre ellas la ausencia del primer ministro, lo hacen difícil. Éste estuvo en Kenia a finales de 2023 para organizar la fuerza, que tendrá características policiales, pero después no tuvo más contacto. A su vez, en enero de 2024 un tribunal haitiano declaró inconstitucional esta intervención. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sostuvo que podía resolverse la crisis ofreciendo su concurso, pero no obtuvo respuesta de Estados Unidos ni de la ONU. Dirigentes haitianos consideran que de desatarse la guerra civil con la que amenaza “Barbecue”, puede producirse un “genocidio” con matanzas de civiles fuera de control. Haití es hoy un verdadero “Estado fallido”: el gobierno no tiene el control de la seguridad, el hambre avanza y la situación parece encaminarse a una anarquía armada, en la cual los bandos pueden ser más que dos. Nadie quiere hacerse cargo de esta crisis, por la magnitud que representa y el costo que puede tener intervenir. Si bien se está incrementando el flujo migratorio de haitianos hacia los Estados Unidos, su número no representa hasta ahora un problema de magnitud que origine su intervención. Hasta ahora anunció el envío de tropas sólo para reforzar la seguridad de la embajada estadounidense en Puerto Príncipe y proteger la salida del personal no esencial de su sede diplomática. El operativo, realizado por el Comando Sur, implicó la participación de helicópteros. Haití es una alerta para el resto de los países de una región que tiene uno de los niveles de delincuencia organizada más altos del mundo.

Pero las iniciativas internacionales para encauzar la crisis de Haití, que habían sido elaboradas en la Cumbre de los países del Caricom a la que asistió Blinken, fracasaron. Éstas establecían la creación de un Consejo de Gobierno que se encargaría de elegir un Consejo de Ministros y un nuevo primer ministro interino, las cuales se volvieron inviables por la renuncia del primer ministro Ariel Henry el 13 de marzo, que sigue sin poder regresar al país. Este Consejo iba a estar integrado por siete miembros que iban a ser adjudicados a los distintos protagonistas de la crisis que vive el país. Pero el ex senador y candidato presidencial Moïse Jean-Charles, que se asoció con el ex líder rebelde Guy Philippe, ya adelantó que no participará del Consejo. Por su parte Philippe, que dirigió una revuelta que depuso al presidente Jean Bertrand Aritstide en 2004 y hace poco quedó en libertad de una cárcel estadounidense tras declararse culpable de lavado de dinero, dijo que ningún haitiano debería aceptar esta propuesta de la comunidad internacional. En un video publicado anteayer en redes sociales, Philippe acusó a la Caricom y al resto de los países de “complicidad con la elite y los políticos corruptos”, y exhortó a la población a tomar las calles. “La decisión de la Caricom no es nuestra decisión. Serán los haitianos quienes decidirán quién gobernará Haití”, concluyó. Otros políticos prominentes se negaron también a participar  en el consejo propuesto, entre ellos el ex coronel Himmler-Rébu, presidente de la Gran Reunión para la Evolución de Haití, un partido de que forma parte de una coalición a la que se ofreció un puesto en el consejo. Su partido prefiere que sea un juez de la Corte Suprema quien asuma el poder, dijo en un comunicado. En la capital del país, negocios y escuelas están cerrados por temor a la acción de las pandillas que dominan la ciudad. La vida diaria está en suspenso. Una grave crisis de resultado incierto y con mal pronóstico, a la cual Latinoamérica no está prestando la debida atención.

En conclusión: Haití sufre una anarquía armada protagonizada por bandas criminales que amenazan con desatar una guerra civil si no renuncia el primer ministro; la situación ha hecho crisis con la liberación de casi cuatro mil presos de dos cárceles del país; Haití tiene sólo cerca de seis mil policías para una población de once millones de habitantes, una cantidad claramente insuficiente; por último, la crisis tiene lugar en uno de los países más pobres de la región, sin que ella tome conciencia sobre los alcances que puede tener un Estado fallido, aunque este sea en el Caribe.