Por Rosendo Fraga.

El “Pacto de Mayo” dio sus primeros pasos, pero en un contexto de incertidumbre. Que haya tenido lugar un encuentro entre el gobierno, los veintitrés gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño es un hecho positivo en sí mismo, dadas las tensiones existentes entre el Ejecutivo nacional y los jefes provinciales desde el inicio de la gestión de Javier Milei, que llegaron a su punto máximo con el conflicto chubutense. Los gobernadores reclamaron por la ausencia del presidente y la del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes tienen la decisión final en cualquier negociación. El Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, tienen como función acercar posiciones, lo que todavía no han logrado pese al buen clima de la gestión. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se destacó al rechazar la propuesta oficial de utilizar el impuesto a las ganancias para aumentar los recursos de las provincias. Esta alternativa en algún sentido traslada el costo político de la medida a un sector de la clase media, que volvería a pagar si la disminución establecida durante el gobierno anterior se eliminara. Por su parte, el diputado Miguel Ángel Pichetto -figura preponderante de la posición dialoguista- sostuvo que la Ley Ómnibus, que ahora se presentará en forma fragmentada, debía estar aprobada antes de mediados de abril, para llegar al 25 de mayo en condiciones de firmar el pacto.

Pero paralelamente, las tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo van en aumento. La decisión del gobierno de dejar sin efecto el aumento salarial del 30% para los legisladores, dispuesto por la vicepresidente Victoria Villarruel, que preside el Senado, y Martín Menem, que lo hace en Diputados, generó un fuerte impacto negativo en ambas Cámaras. Pero éste fue aún mayor cuando un decreto firmado por el presidente aumentó 48% los salarios del titular del Ejecutivo y de sus ministros. Parece un error generado por las reglas burocráticas que los nuevos funcionarios todavía desconocen. El impacto negativo trascendió en la opinión pública, en momentos en que tiene lugar un fuerte ajuste en salarios y jubilaciones, y que los ingresos de los informales han caído significativamente. El presidente, al advertir este error, ordenó anular el aumento. Pero la relación entre las Cámaras del Congreso y la Casa Rosada se ha deteriorado significativamente, y ellas son claves para hacer realidad el eventual acuerdo previo al pacto. En el Senado, Victoria Villarruel ya no podrá eludir el tratamiento del DNU con las primeras reformas de Milei. La Cámara se reunirá el jueves 14 y cuarenta y dos senadores han firmado para habilitar la sesión. Es posible, pero no inexorable, que el decreto sea rechazado. En Diputados se ha establecido el diálogo entre la oposición del PJ K y la dialoguista en torno al tratamiento de la nueva fórmula de actualización jubilatoria, propuesta por Coalición Federal, el bloque que preside Pichetto. Para tratar el proyecto hace falta el quórum de ciento veintisiete diputados. Unión por la Patria tiene noventa y nueve y la oposición dialoguista aproximadamente veinte. Le faltarían nueve. Si bien el quórum no es inalcanzable, no será fácil reunirlo. 

El domingo 10 de marzo la Administración Milei ha cumplido tres meses, con un balance de claroscuros. En lo positivo está su nivel de popularidad. Si bien es aproximadamente el mismo que tenían al cumplir tres meses Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, mantener dicho nivel de consenso es un éxito para Milei por el ajuste que está teniendo lugar. Eso explica que mantenga un discurso agresivo hacia los políticos que denomina “la casta”, aunque ello no crea el clima adecuado para negociar el Pacto de Mayo. En una reunión con un centenar de productores en Expoagro y sin presencia periodística, pero que lógicamente trascendió, el presidente dijo que si los gobernadores no firman el Pacto, les va a cerrar el Congreso, y se expresó en durísimos términos respecto a los legisladores. La oposición activa, que motoriza sindicatos y movimientos sociales, se demora por la lenta movilización de los sectores sociales opositores. Donde ésta parece más fuerte es en los sectores que se ven y sienten afectados por la posición adoptada por el gobierno contra la llamada “política de género”. La anulación de la obligatoriedad del uso del llamado “lenguaje inclusivo” en el ámbito público y las Fuerzas Armadas, y el cambio del nombre del Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno por el de los Próceres el 8 de marzo, día que se conmemora el Día de la Mujer, presenta otro frente de conflicto que crece. Pero fueron las declaraciones de la canciller Diana Mondino realizadas en el programa de Mirtha Legrand las que afectaron a un sector muy sensible hoy, como son los jubilados. Ella dijo que no tenía sentido dar créditos a la clase pasiva porque por razones de edad no iban a poder pagarlo, ya que van a morir en el corto plazo. Ello generó una lógica réplica de la veterana conductora. 

Pero la urgencia más crítica al cumplir los tres meses de gobierno es la seguridad pública, y en particular la dramática situación que se vive al respecto en la ciudad de Rosario, que es la segunda más grande del país. Frente a la decisión del gobierno provincial, avalada por el nacional, de adoptar en las cárceles el llamado “Modelo Bukele” y difundir fotos al respecto, la reacción del narcotráfico no se hizo esperar. Las tres bandas más importantes que actúan en la ciudad y que han llevado a una situación crítica la seguridad, se unieron frente a la amenaza y comenzaron una ejecución indiscriminada de trabajadores, sobre todo en el transporte público. Aunque han sido cuatro asesinatos, han tenido gran impacto en la población porque son indiscriminados y no vinculados a la lucha interna entre los grupos que manejan el narcotráfico y que pugnan por el control del territorio. El Ministerio de Seguridad de la Nación había difundido la semana anterior un informe dando cuenta de una fuerte disminución en los asesinatos producidos por las bandas que dominan el narcotráfico. Percibiendo el riesgo político de la situación, el gobierno nacional dispuso el envío de refuerzos de las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeronáutica) y el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. El narcotráfico parece querer paralizar la actividad en la ciudad de Rosario. No será fácil para el gobierno nacional controlar el problema y es un desafío para una administración que ha defendido la “mano dura” como la política de seguridad elegida.

En conclusión: la primera reunión entre los gobernadores y funcionarios del gobierno nacional, en el marco del Pacto de Mayo, es positiva por sí misma dados los conflictos recientes, aunque no se hayan registrado avances; pero la relación entre el Ejecutivo y el Congreso se complica, porque en el Senado podría tratarse el DNU firmado en diciembre, y en Diputados un proyecto opositor para actualizar la fórmula jubilatoria; el balance al cumplir Milei tres meses en el poder, muestra que mantiene un nivel de apoyo singular en la opinión pública, dada la profundidad del ajuste que están sufriendo jubilados y trabajadores formales e informales; por último, la crisis de seguridad que se ha desatado en la provincia de Santa Fe es el desafío más importante y difícil que enfrenta el gobierno al cumplir los tres meses, y no será fácil resolverlo.