Por Rosendo Fraga.

Al cumplir el primer mes de gobierno, Javier Milei ha puesto en marcha el plan reformista más ambicioso de los últimos cuarenta años. Comenzó con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con más de seiscientos artículos, dirigidos a avanzar en una reforma laboral que restringe el poder de los sindicatos en lo económico y social. También contiene disposiciones dirigidas a liberalizar la economía y hasta para simplificar el trámite jurídico para el divorcio consensuado. Después, presentó en el Congreso la llamada “ley ómnibus”, que sustituye y modifica decenas de leyes, incluye acuerdos internacionales y otorga una delegación de facultades por parte del Congreso sin precedentes. En este caso va en la misma dirección: reducir las atribuciones del Estado en distintos campos y liberalizar la economía para permitir el desarrollo de las fuerzas productivas. Para esta semana estaba prevista la derogación de ciento sesenta leyes, la mayoría de ellas en desuso, pero dejaban abierta la posibilidad de ser reactualizadas. El ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, aparece como la figura central de la desregulación que ha orientado esta reforma, sin haber sido designado hasta ahora funcionario del Estado. También contiene un capítulo de privatizaciones, que puede llegar a ser más amplio que el llevado adelante por Carlos Menem y Domingo Cavallo en los noventa. Llegaría incluso al Banco Nación, creado en 1891 por Carlos Pellegrini. En el preámbulo de la llamada “ley ómnibus”, Milei insiste con su narrativa de una Argentina exitosa de orientación ideológica liberal, elogiando a Juan Bautista Alberdi, ideólogo de la Constitución de 1853. Durante su escala en Río Gallegos, previa a su visita a la Antártida, realizó un homenaje frente al monumento a Alberdi en la capital santacruceña. 

Pero como era previsible, la aprobación de estas iniciativas por el Congreso no resulta fácil. En la Cámara de Diputados, en la cual ha sido presentado el proyecto de “ley ómnibus”, el presidente de ella, Martín Menem, no termina de integrar las comisiones requeridas para el tratamiento de esta ley. Lo mismo sucede con la elección de los ocho diputados que integran la comisión bicameral que tiene que autorizar los DNU. En lo político tampoco está claro que tenga hoy el proyecto oficialista los ciento veintinueve diputados necesarios para aprobar las leyes por mayoría simple. En el Senado, donde el oficialismo parecía haber logrado una mayoría de treinta y nueve legisladores, el tratamiento del primer proyecto, la disposición de la reforma electoral que impone el sistema de boleta única para votar en sustitución de la llamada “lista sábana», no se logró. En el Senado se encuentra el DNU presentado por Milei como “primera fase” de su plan reformista. En este caso, ya se han elegido los ocho senadores que integrarán esta comisión bicameral. A casi un mes en el gobierno, el presidente todavía no ha logrado la aprobación de sus dos iniciativas (DNU y “ley ómnibus”). La convocatoria a sesiones extraordinarias del Parlamento para tratar estos temas finaliza el 31 de enero y el gobierno ha dicho que no prorrogará el plazo y que para ese día debe estar aprobada la reforma en el Congreso, algo que hoy parece casi imposible en las tres semanas que restan entre el 10 y el 31 de enero. Cabe señalar que en el Congreso se han definido tres actitudes: los que rechazan la reforma, articulados alrededor del PJ-K; los que la aprueban, donde se ubica La Libertad Avanza y sectores de lo que ha sido Juntos por el Cambio, pero con cierto debilitamiento en sus posiciones; y los que sostienen una posición intermedia, articulados alrededor del bloque Causa Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, que busca negociar con el Gobierno.

En la Justicia los tiempos de Milei no parecen coincidir con los de los jueces. La estrategia inicial del oficialismo, definida por el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, era la de lograr casi un hecho consumado con la convalidación del DNU y la presión sobre el Congreso para obligarlo a aprobar la “ley ómnibus”. Pero como era previsible, el fuero laboral en segunda instancia ha permitido dos cautelares que dejan en suspenso la reforma laboral. Al mismo tiempo, en el fuero contencioso administrativo otro fallo que establece que cada disposición del DNU debe ser analizada judicialmente por jueces diferentes, ha significado un segundo escollo. Por su parte, la Suprema Corte ha resuelto tratar el tema recién en el mes de febrero. La reacción inicial del presidente fue pedir juicio político a los integrantes de la Justicia que cuestionen la constitucionalidad de algunas de estas reformas. Es una iniciativa impracticable dada la actual relación de fuerzas en el Congreso. La Asociación de Magistrados (una entidad no kirchnerista) cuestionó la crítica del Ejecutivo a las decisiones judiciales adversas al Gobierno. Cabe señalar además que son cerca de cuarenta las cautelares para impedir la vigencia de las iniciativas del Gobierno en torno a las reformas en diversos tribunales del país. Aparece así una cierta convergencia entre el Poder Legislativo y el Judicial en limitar la amplitud de las reformas impulsadas por Milei. Hasta ahora su respuesta ha sido negarse a negociar e insinuar que tendría como “plan b” la convocatoria de un plebiscito no vinculante sobre su reforma. 

Pero la tasa de inflación que se conocerá esta semana es un dato que marcará los tiempos de la política en el plano social. Tanto el presidente como su ministro de Economía han dicho que estaría rondando el 30% mensual. Cabe señalar que las mediciones privadas consignan que en los comercios de proximidad de villas y asentamientos del conurbano bonaerense, el incremento en alimentos estaría llegando al 48%. Es por esta situación que la CGT -sin canales efectivos de negociación al día de hoy- decidió convocar a un paro general con movilización para el 24 de enero. La decisión presupone que hacia fin de este mes habrán condiciones sociales para que el paro sea exitoso. Además de los sindicatos peronistas, participarán los combativos, nucleados en las tres vertientes de la CTA y la izquierda. También lo harían los intendentes del peronismo K del Gran Buenos Aires. Para ese entonces estará claro si el Gobierno logró o no la improbable aprobación de las reformas en el Congreso y si no serán prorrogadas las sesiones extraordinarias. Si la respuesta de Milei es redoblar la apuesta con una consulta no vinculante (para que lo fuera y tuviese voto obligatorio sería menester la aprobación del Congreso), para tener éxito debería realizarse rápidamente, es decir, a fines de febrero. Es que el descontento que produce la tasa de inflación puede llevar al Gobierno a un desgaste prematuro. En la Casa Rosada perciben como una amenaza la supuesta alianza de la vicepresidente Victoria Villarruel y el ex presidente Macri, encaminada a controlar o incluso destituir al presidente. Dentro de la misma coalición de gobierno hay dos líneas entre quienes quieren negociar para aprobar las leyes y los que postulan continuar con el “todo o nada”. En el mismo círculo del presidente hay una pugna con enfrentamientos entre distintos grupos juveniles que quieren controlar su comunicación y redes sociales. Pero será la tasa de inflación la variable socioeconómica más importante que marcará los tiempos de la política.

En conclusión: en su primer mes de gobierno, Milei ha planteado con su DNU y el proyecto de “ley ómnibus” la iniciativa reformista más ambiciosa de los últimos cuarenta años; el 31 de enero finalizan las sesiones extraordinarias del Congreso y parece difícil que Milei logre para entonces la aprobación parlamentaria que requieren sus reformas; al mismo tiempo, diversos fallos judiciales han aceptado el tratamiento de las objeciones tanto al DNU como a la “ley ómnibus”, y la Corte recién se pronunciará sobre el tema a partir de febrero; por último, el oficialismo tendría un “plan b” convocando un plebiscito no vinculante, pero las luchas internas y la evolución de la tasa de inflación no harán fácil su puesta en marcha.