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El debate sobre la “reconversión militar” PDF Imprimir E-Mail
Ago-06-2018, Por Rosendo Fraga
   

La llamada "Reconversión Militar" tiene dos aspectos. La reforma del decreto 727 de Nestor Kirchner por un lado y el despliegue del Ejército en la frontera norte por el otro. La primera era necesaria, tanto por razones conceptuales,- el conflicto moderno es la "guerra hibrida" que no la libran los estados nacionales como tales sino a través de otros instrumento (Fuerzas irregulares, fuerzas regulares encubiertas, ciberataques, etc.). Sin la modificación, podía ser cuestionado el despliegue de fuerzas militares que se hará para contribuir a la seguridad del G20. En cuanto al despliegue del Ejército en la frontera norte, ya se realizó durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, con dos operativos para apoyar la lucha contra el narcotráfico, (Escudo Norte y Fortín) con efectivos del Ejército Argentino y Fuerza Aérea. 

En cuanto al rol logístico y de apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, implica transporte, sanidad, construcciones, etc., pero no combatir ni detener, lo que exige operaciones de combate. Esta función es la que realizan las Fuerzas de Seguridad Federales (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeronáutica). 

En el caso del despliegue que se ha iniciado en la frontera norte, tiene como objetivo central, la presencia estatal a través del despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas de frontera en las cuales esta presencia es débil. Un ejemplo de esta actividad, es el ejercicio del Regimiento 30 de Infantería de Monte en Garupá, en el cual se simuló el ataque a una base logística enemiga. 

No es cierto que la modificación del decreto 727, vulnere los consensos de la democracia sobre el tema militar, por dos razones. La primera es que ya en el segundo mandato de Cristina Kirchner, se realizaron operaciones con Fuerzas Armadas en zona de frontera para apoyar la lucha contra el narcotráfico. La segunda, es que la ley de defensa nacional de 1988, sostiene que para las amenazas internas están las Fuerzas de Seguridad y para las externas las Fuerzas Armadas, pero no especifica que debían ser de fuerzas armadas nacionales, como establece el decreto que ha sido modificado. Es decir que el decreto había avanzado sobre el texto, 18 años después, en 2006. 

En las críticas de varios dirigentes y legisladores de la oposición, hay una clara contradicción con lo planteado durante la campaña presidencial de 2015 y en menor medida en 2017. Cabe señalar que la mayoría de la opinión pública está a favor de este despliegue militar, por la simple razón de que piensan que más uniformes en las calles contribuyen a más seguridad. 

No hay posibilidad de que la Administración Macri emplee las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta o el conflicto social, siempre que estos problemas no pongan en riego la gobernabilidad. Sólo si las Fuerzas de Seguridad y las Policías fueran superadas, puede tener sentido la intervención militar,  que por otro lado está contemplada en la ley de defensa nacional de 1988, que la establece para casos de "conmoción interior" y exige como requisito que se establezca previamente el estado de sitio.

 En materia de radarización, Argentina se encuentra muy retrasada en la materia respecto a otros países de la región, como Brasil. El contrato del estado nacional con INVAP, para construir radares se ha demorado y debería acelerarse, para asegurar el control del espacio aéreo. En cuanto a quien los opera, el gobierno ha optado por concentrar más efectivos de la Gendarmería en los grandes centros urbanos y esta es una de las razones por las cuales se hace el despliegue militar en el norte del país. 

Las centrales nucleares han sido excluidas de los centros estratégicos que pueden pasar de la custodia de Gendarmería a las Fuerzas Armadas, porque requiere un adiestramiento previo especializado por parte de los efectivos. Aparte de ello, usinas, centrales energéticas, represas hidroeléctricas, etc. podrían ser objetivos a cubrir sustituyendo a la Gendarmería. 

El despliegue militar en las provincias no afecta su autonomía,  como no la afecta que la droga sea delito federal, que debe ser juzgado por la justicia nacional  y con intervención de las Fuerzas de Seguridad federales. 

 
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