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Negociando las reformas PDF Imprimir E-Mail
Nov-14-17 - por Rosendo Fraga

El gobierno busca avanzar con sus reformas y los gobernadores son el primer actor de la política con el cual debe acordar para alcanzarlas. El primer encuentro del Presidente con ellos tuvo lugar el jueves 9 de noviembre. Fue cordial, los mandatarios provinciales escucharon propuestas y quedaron en responder a ellas. El gobierno dio el primer paso hacia el acuerdo al anunciar que se haría cargo de la suma requerida por la provincia de Buenos Aires, para compensar el congelamiento del fondo de reparación histórica del conurbano, en 650 millones por año, desde hace más de una década. Primero el Ejecutivo dijo que se haría cargo de transferir a la provincia gobernada por María Eugenia Vidal, 20.000 millones de pesos y luego elevó la cifra a 40.000. Por su parte la gobernadora retirará el planteo judicial presentado ante la Suprema Corte, para lograr que la justicia resuelva el conflicto a su favor. Pero ella sabe que el anuncio es sólo un primer paso, que requeriría la aprobación del Congreso y de las legislaturas provinciales, proceso que llevará tiempo y algunas negaciones más. Los gobernadores se reunirán el miércoles 15 para unificar criterios, con vistas a la nueva reunión con el Presidente que tendrá lugar al día siguiente. El llamado “Pacto Fiscal” para limitar el gasto provincial todavía está lejos de acordarse. En cuanto a reclamos específicos, el Ejecutivo ha retrocedido con el incremento de impuestos al vino y otras producciones de las economías regionales, que afectaban incluso a dos de las provincias gobernadas por Cambiemos (Mendoza y Jujuy). 

La CGT es el segundo protagonista de la política con el cual el gobierno debe negociar. Sus dirigentes volverán a reunirse con el Ministro de Trabajo (Triaca) en la semana que comienza. La posición sindical es clara: rechazan la reforma de la ley de contrato de trabajo que contempla, entre otras reformas, la reducción del monto de la indemnización por despido. Los dirigentes sindicales ya habían acordado con el gobierno una reforma que no pasaba por el Congreso, porque no incluía la reforma de esta ley. La situación no sólo ha generado una diferencia entre el gobierno y la CGT, sino también entre ella y la UIA. Hasta hace dos semanas, el gobierno, dirigentes empresarios y sindicalitas afirmaban públicamente que la reforma laboral sería consensuada entre los tres y que no sería impuesta como la brasileña. Conciente de la importancia que tendrá el Congreso para dirimir este conflicto, dirigentes de la central obrera se reunieron la semana pasada con gobernadores y senadores del PJ, buscando una alianza con ellos. La estrategia del oficialismo es aceptar concesiones en materia tributaria y laboral, pero mantener sin tocar una coma la reforma previsional. Para negociar desde una posición de fuerza, el sindicalismo saldrá contra ella y en defensa de los jubilados. Los movimientos sociales moderados (CTEP, CCC y Barrios en Pie) salen a la calle el miércoles 15, organizando cortes y 1.000 ollas populares, reclamando por un bono de fin de año y contra la aplicación a la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH), del mismo coeficiente de actualización de la reforma previsional.   

Si bien el Presidente ha dicho que espera tener resueltas las reformas planteadas antes de finalizar 2017, la realidad es que su discusión se prolongará durante el verano. A menos de un mes de que asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre, se va alejando la posibilidad de lograr la aprobación de las reformas por parte del Congreso en su actual composición. La semana pasada, Diputados dio sanción definitiva a dos leyes que no presentan conflicto: la prórroga de la suspensión del desalojo de las ocupaciones indígenas y la ley de responsabilidad penal empresaria. Esta última se logró con el apoyo de Massa, sin el cual no se hubiera alcanzado el quórum para tratarla. Pero fracasó el tratamiento en el Senado del proyecto de ley de reforma del Ministerio Público (Procuración) al señalar el PJ errores en su redacción. La reforma tributaria entraría esta semana al Congreso y estaba previsto que el 16 lo hiciera el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, lo que hoy es incierto. En Diputados será tratado en comisión el proyecto de ley de alquileres y se dilata el tratamiento del presupuesto. Cabe señalar que el lunes 20 vence el plazo del Congreso para dictaminar sobre proyectos, para que sean tratados antes del 10 de diciembre. Sin dictamen, hace falta quórum de dos tercios para tratarlos. En los legisladores justicialistas de ambas cámaras, se plantea claramente la divergencia entre kirchneristas y peronistas. Lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires, donde Vidal vuelve a recurrir a Massa para la aprobación del presupuesto. El 16 de noviembre vence el plazo para presentar las listas para la interna del PJ Buenos Aires, cuya elección es a mediados de diciembre, donde se plantea la misma divergencia.  

La justicia es un campo de batalla central de la política, con manifestaciones de diverso tipo. Los jueces federales siguen avanzando sobre la corrupción del Kirchnerismo, tanto por impulso del gobierno como también por propia iniciativa. A los casos de De Vido y Boudou, se suma el de Echegaray, a quien se ha prohibido salir del país. De esta forma, varios jueces federales frenan el avance de las denuncias contra ellos por inacción durante el gobierno de Cristina. La causa Nisman también avanza y el mismo Presidente desde New York dijo que el fiscal había sido muerto. La causa en manos del Juez Bonadío, anticipa que Cristina será tratada severamente, aunque ello no implica sea detenida en el corto plazo. Pero es la causa Odebrecht, la que puede generar impacto político, como lo ha hecho en todos los países de la región en los cuales ha sido investigada (Brasil, México, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Republica Dominicana, etc.) En octubre, el fiscal de Manhattan intimó a la Argentina a que avanzara en la investigación como lo ha hecho Brasil y el resultado de investigaciones realizadas en Andorra, confirman la denuncia realizada por la constructora brasileña en EE.UU. de que pagó 35 millones de dólares de sobornos en Argentina. El 4 de diciembre comienzan las indagatorias  por esta causa en la justicia argentina. 

En conclusión: Macri ha iniciado la negociación con los gobernadores con buena disposición de ambas partes, pero siendo difícil que se llegue a un acuerdo definitivo antes de finalizar 2017; en cambio la relación es tensa con el sindicalismo, que rechaza la modificación de la ley de contrato de trabajo. Para fortalecer su posición, cuestionan la reforma previsional, que es prioritaria para Macri; el Congreso es una instancia necesaria para la mayoría de las reformas y el gobierno deberá esperar a la incorporación de los nuevos legisladores el 10 de diciembre, para avanzar en ellas y en la justicia federal seguirán tratando las causas contra el Kirchnerismo, entre ellas la investigación sobre la muerte y denuncia de Nisman y el caso Odebrecht comenzará en diciembre.

 
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