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Tormentas post-electorales en México PDF Imprimir E-Mail

Jul-30-12 - por Lisandro Devoto

La definición del proceso electoral se extiende en México. Veinticinco días después de la elección el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no ha dado su veredicto final respecto de quién será el próximo presidente de los mexicanos, que deberá asumir su mandato en diciembre próximo. El TEPJF tendrá hasta el 31 de agosto para resolver. Para explicar esta situación podemos repasar lo ocurrido en este tiempo postelectoral, que no ha transcurrido precisamente en calma.

Cómo se venía previendo en la recta final de las campañas, y más allá del Pacto de Civilidad firmado por los candidatos ante el Instituto Federal Electoral (IFE), el candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, no aceptó el resultado de los comicios y fue condicionando su posición a las distintas instancias que la legislación establece, aunque siempre desconociendo el resultado que lo dejaba en segundo lugar por casi 7 puntos. En primer lugar solicitó el recuento de prácticamente todas las casillas del país por supuestas irregularidades, lo que derivó en la apertura y recuento voto por voto del poco menos de la mitad de las mismas. Sin embargo el recuento confirmó el resultado del PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares), lo que implicaba la ratificación del triunfo del candidato de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), Enrique Peña Nieto, con más del 38% de los votos contra el 31.5% de López Obrador.

Pero una vez realizado el recuento, el Movimiento Progresista continuó con su estrategia de desconocer los resultados, siempre por la vía pacífica y haciendo uso de los derechos que la legislación le otorga. Acompañado del Partido Acción Nacional (PAN), tercero en la elección y cuya candidata sí reconoció el triunfo de Peña Nieto, presentaron quejas para que se investigara un supuesto uso irregular de recursos, presumiblemente ilícitos, para la compra y coacción del voto por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El Movimiento Progresista fue incluso más allá, solicitando la anulación de la elección presidencial del pasado 1 de julio. A su vez, también ha presentado quejas en distintas elecciones a nivel estatal y local.

A esta estrategia de desconocimiento de los resultados electorales, y uso de todos los carriles legales para lograr la anulación de los mismos, se sumó la de propiciar manifestaciones callejeras en contra del candidato virtualmente ganador, Peña Nieto. Algunas de estas protestas se dicen “apolíticas” aunque ante los hechos resulta muy difícil no vincularlas a la coalición de las izquierdas y al Partido de la Revolución Democrática (PRD). El repertorio ha incluido marchas fuera del IFE y del TEPJF, que podrían interpretarse como un mecanismo de presión ante las instituciones intervinientes en el proceso de validación de la elección.

En los últimos días, y ante las continuas y diversas quejas y recursos impuestos en su contra, el PRI parece haber cambiado su estrategia de defensa por una de contraataque. La primera, utilizada hasta hace pocos días, consistía en defenderse de los dichos de las izquierdas negando cualquier acto ilícito que se le imputara haber realizado durante la campaña; en tanto que la segunda va más allá y busca poner los ojos sobre posibles irregularidades en la campaña de sus adversarios y denunciantes. El PRI, a través de sus dirigentes, ha presentado denuncias contra el Movimiento Progresista y el PRD por supuesto financiamiento ilegal de su campaña canalizando recursos a través de diversas asociaciones civiles, que habrían celebrado convenios con gobiernos perredistas y cuyos fondos supuestamente se habrían desviado hacia la campaña de López Obrador.

La escalada de acusaciones mutuas parece intensificarse en la recta final de este controvertido proceso postelectoral. Ante esta situación algunos de los magistrados del TEPJF ya se han manifestado en el sentido de no sentirse presionados por manifestaciones y marchas, ya que sólo se limitarán a resolver las impugnaciones y denuncias presentadas conforme a derecho con miras a presentar su veredicto a más tardar los primeros días de septiembre (aunque podría resolverse antes). Por estos días el TEPJF ha comenzado a descartar algunas de las impugnaciones presentadas por las izquierdas, pero queda mucha tela por cortar.

Todo parece indicar que en poco más de un mes el TEPJF ratificará el triunfo de Enrique Peña Nieto, a quien se entregaría la correspondiente constancia de mayoría que lo acreditaría como el próximo presidente de México. Sin embargo, y a pesar de los marcados avances que la democracia mexicana ha mostrado, principalmente en materia electoral, en los últimos quince años, nuevas tormentas se presentan en el horizonte. En el futuro cercano las discusiones girarán en torno a la eficiencia del IFE, sobre todo para investigar irregularidades, al rol de los grandes medios de comunicación y su incidencia en las campañas, y a las prácticas vinculadas a la compra y coacción del voto y cómo limitarlas y, de ser posible, erradicarlas.

Aquí parece estar en juego un principio básico de la democracia, aunque más no sea en su vertiente puramente instrumental, como es la posibilidad de elegir libremente a los representantes a través del voto secreto. Además, también parecen jugarse su reputación y confiabilidad instituciones como el IFE y el TEPJF, que habían dado continuos pasos adelante desde la reforma de 1996. Hoy una buena parte de la ciudadanía duda de la legitimidad de los resultados de los comicios, lo que responde tanto a factores históricos y de cultura política vinculadas a experiencias pasadas, como a la fuerte campaña de descrédito emprendida por las izquierdas.

Seguramente deberán darse pasos firmes en las reformas necesarias para consolidar el sistema político. Sin embargo detrás de todo esto aparecen los mismos actores: los partidos políticos y sus dirigencias. Ellos son responsables tanto de la conformación del IFE como del margen de maniobra que dicho Instituto pueda tener para actuar y sancionar las prácticas de los mismos partidos. De ellos dependen los avances que puedan presentarse tanto en la legislación como en las prácticas políticas, y deberán mostrarse a la altura de una democracia que, aunque basada en la desconfianza, busca mayor estabilidad y certidumbre en las instituciones que la rigen.

 
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